Una fuerte presión sobre el gobierno puso esta semana la derecha para avanzar en una serie de medidas que complican al oficialismo y que han sido tildadas de “retrocesos democráticos” por expertos y los mismos ministros. 

El caso más sonado es la norma que logró introducir la oposición en el proyecto de ley de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) —que dice relación con reponer ciertas competencias de tribunales militares— y que luego se rechazó en la votación en general.

Pero a la vez, otros proyectos como la iniciativa que busca establecer una amnistía general para uniformados condenados o formalizados por delitos vinculados al estallido social, y el proyecto presentado por Johannes Kaiser que busca reponer la pena de muerte, causan preocupación en la izquierda y centro izquierda.

Para el oficialismo, la arremetida de la oposición significa un claro retroceso dicho sector en materia de derechos humanos y ven en estas iniciativas una “amenaza” para el estado de derecho, como lo han expresado personeros tanto en la prensa como en la interna. 

Sin embargo, las fuerzas de gobierno, ante la presión mediática y la sintonía de Demócratas y Amarillos con Chile Vamos y el Partido Republicano, poco pueden hacer además de “salvar los papeles” en el Tribunal Constitucional (TC). 

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Tribunales militares

Por apenas un voto se terminó rechazando el pasado viernes la norma que reponía las competencias de tribunales militares en casos en que se vieran involucrados miembros del Ejército y carabineros. 

La norma fue incluída en el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza por parlamentarios de Chile Vamos, Amarillos y el Partido Republicano con el fin de dar “garantías” a las Fuerzas Armadas y policías en su actuar en labores de seguridad. 

Por su parte, el oficialismo alegó que lo que en realidad se busca con esta norma es entregar “impunidad” en casos relacionados a violaciones a los derechos humanos y apuntaron a esta iniciativa como un “retroceso democrático” considerando que la justicia militar, en el periodo de la transición y la primera década de los 2000’, fue una útil herramienta para dilatar juicios contra militares implicados en delitos cometidos en dictadura y en función de sus cargos. 

Pero a pesar de que la norma no pasó en la Cámara de Diputados, la oposición buscará insistir en incluirla en las RUF en el Senado, donde con el apoyo de Demócratas, la derecha tiene mayoría. 

Amnistía 

Otra iniciativa que mira con recelo y preocupación el oficialismo es el proyecto de amnistía presentado por la UDI para beneficiar a uniformados condenados o imputados por delitos relacionados al estallido social. 

Según indica el proyecto, el beneficio estaría enfocado a miembros de Carabineros, Policía de Investigaciones y del Ejército que hayan sido condenados o imputados por delitos de homicidio, apremios ilegítimos, torturas, y otros relaciones, que hayan ocurrido en el marco de las protestas de 2019 entre el 7 de octubre de ese año hasta el 19 de diciembre del 2020. 

Aunque la derecha logró poner en tabla el proyecto de ley para la semana pasada, debido al ajetreo legislativo se pausó su discusión que comenzará en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. 

La iniciativa, de todas formas, llamó la atención por ir claramente en contra de los tratados internacionales firmados por Chile en materia de respeto a derechos fundamentales, lo que incluso motivó una mención del alto comisionado para los DD.HH. de la ONU, Volker Türk, quien abordó la propuesta en entrevista con CNN Chile. 

“Está claro para nosotros, desde la perspectiva de los DD.HH. y hablando de violaciones graves a los DD.HH., no debería haber amnistía”, aseguró el representante de la ONU. 

Pena de muerte

En medio de la conmoción por la muerte de los tres carabineros en Cañete, también apareció otra propuesta que cada cierto tiempo vuelve a plantearse como solución ante la crisis de seguridad: la pena de muerte. 

El diputado independiente (exrepublicano) Johannes Kaiser presentó un proyecto de ley para restablecer la medida señalando que “junto con la Ley de Reglas de Uso de la Fuerza y la Ley de Inteligencia, tenemos que mandar una señal potente respecto a que nosotros como Estado estamos dispuestos a responder a aquellos que han desafiado al Estado”. 

Mis declaraciones a la prensa del día de hoy por las RUF, el Partido Comunista y mi proyecto para reponer la pena de muerte para asesinos de policias y miembros de las FFAA en servicio pic.twitter.com/73cXFuGkVB

— Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) April 30, 2024

Y aunque no es posible establecer la medida en el Código Penal —ya que el artículo cuarto de la Convención Interamericana de DD.HH. asegura que los países firmantes no pueden volver a instalar la pena una vez ya suprimida— figuras de todos los sectores han planteado la necesidad de, a lo menos, dar el debate.

Ese fue el caso del gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien indicó que el debate de la pena de muerte “no estaba cerrado” y que “hay delitos que no tienen perdón”. 

Algo más duro planteó, por ejemplo, el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, quien afirmó estar de acuerdo con “la reinstauración de la pena de muerte en el caso de asesinato policial”.