Este miércoles el gobierno firmó el decreto que oficializa el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, política nacional “permanente y sistemática”, que tiene como objetivo general esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y posterior destino de las personas víctimas de desaparición forzada.

Su ejecución se enmarca dentro de los compromisos programáticos del Presidente Gabriel Boric, en torno a las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.

La firma del decreto y el posterior lanzamiento del plan ocurre, además, en esta jornada que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas decretado por las Naciones Unidas.

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Con este hito, el gobierno da comienzo a una serie de actividades de memoria oficiales en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

En el acto participó la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera.

Ambas dirigentas destacaron la “empatía” y la “voluntad política” que ha tenido el Ejecutivo, a diferencia de otras administraciones, para abocarse a esta tarea.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, firmó el decreto junto al Presidente Gabriel Boric, antes de dirigirse hacia la nación.

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Cordero, familiar de víctimas de la dictadura, agradeció a los jueces de la Corte Suprema y de dedicación exclusiva, puesto que “no sería posible lo que hemos construido en torno al Plan Nacional de Búsqueda” si no fuera por ellos.

El Presidente Boric también destacó a quienes se han abocado a esta labor, de todas formas sentenciando, entre otras cosas, que “la justicia ha tardado demasiado”.

“Cuando pensamos que ayer, no metafóricamente, ayer, en los últimos días de agosto de 2023, emanan sentencias que condenan a autores materiales de crímenes como el de los asesores de La Moneda o el de Víctor Jara, uno se pregunta también, y es un deber del Estado preguntárselo, que nos lo enseñan en las aulas de las facultades de derecho, si la justicia es tal cuando no es oportuna”, señaló.

Políticas públicas concretas

“Es mejor que llegue a que no llegue, pero algo pasó en el camino. Que haya pasado no significa que tengamos que olvidarlo, y es por eso que estamos acá”, agregó.

Gabriel Boric también destacó que les moviliza “la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso de la vida y la dignidad humana es conocer toda la verdad”.

“Gestos y no solo gestos, políticas públicas concretas con financiamiento como la que estamos lanzando el dia de hoy, son necesarios para contar con democracias robustas que se puedan proyectar con coraje hacia el futuro”, enfatizó.

Responsabilidad colectiva e institucional

El mandatario comenzó su alocución con una serie de interrogantes: “¿cómo se enfrenta una búsqueda si te dicen que aquí no se te ha perdido nada? ¿En qué momento se asume la muerte? ¿Hay un momento en que se asume la muerte? ¿Cómo se cuenta lo que se imagina que pasó? ¿Dónde, en qué lugar físico, material, se vive el duelo?”.

“Y también, en estos días donde hay quienes se atreven a negar todo esto, ¿cómo se responde a quienes invitan a olvidar? ¿Cómo se responde a quienes niegan lo que ocurrió? ¿A quienes lo justifican y que no son capaces de decir que no lo harían de nuevo?”, agregó.

Así, fue tajante: “creemos desde el gobierno de Chile que la mejor manera de dar respuestas a algunas de estas preguntas es llevando a la práctica y asumiendo como responsabilidad colectiva e institucional la responsabilidad que asumieron en su momento de manera solitaria las víctimas”.

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“Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro, y no puede ser la una sin la otra y por eso nos reunimos hoy para firmar este decreto que consolida el Plan Nacional de Búsqueda con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, dijo.

Además, indicó que “los desaparecidos y desaparecidas nos faltan a todos, y no solo a sus familias”, por tanto “no son los familiares que tienen que andar de detectives, recorriendo pueblos perdidos, imaginando regimientos, es el Estado el que tiene que cumplir esa tarea”.

“El compromiso ético de disponer de los recursos que sean necesarios para continuar esta búsqueda es un deber del Estado chileno y no es un patrimonio de ningún lado político, porque fue el Estado el que planeó y ejecutó los crímenes y es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la búsqueda de la verdad, de toda la verdad, y eso es un cambio de paradigma”, sentenció.