En una nueva conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado por las Naciones Unidas, desde Amnistía Internacional (AI) enfatizan la necesidad de avanzar en verdad y justicia para las familias.

Según datos del Ministerio de Justicia, del total de 1.469 víctimas de desaparición forzada, sólo han sido identificadas 310 en Chile.

A 50 años del golpe de Estado, el organismo destaca el avance que implica el Plan Nacional de Búsqueda que será anunciado este miércoles. De todas formas, llaman a que las Fuerzas Armadas se hagan “parte de la solución” para esclarecer dónde se encuentran los detenidos desaparecidos.

En conversación con El Desconcierto, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos Bottai, abordó la conmemoración en el marco de los 50 años del golpe. Además, se refirió al ambiente tensionado por las declaraciones negacionistas de autoridades de derecha, señalando que se estaría viviendo un “retroceso” en materia de derechos humanos.

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-En el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, ¿qué es lo que esperan del Plan Nacional de Búsqueda que presentó el Ejecutivo, o que presentará?

Primero que nada, hay que recordar que por 50 años y también desde 1990, que fue el término de la dictadura, la búsqueda de personas detenidas desaparecidas ha estado fundamentalmente a cargo de los tribunales de Justicia, de las investigaciones de los ministros y ministras que están a cargo de las causas de violaciones de derechos humanos de la dictadura. Y también ha sido en gran parte impulsada por los propios familiares de las personas detenidas desaparecidas.

Entonces, lo primero que nos parece relevante de lo que se ha planteado del Plan de Búsqueda, es que busca ser un esfuerzo del Estado en su conjunto, permanente, no solamente radicado en los tribunales, para que el Estado de Chile haga todo lo que esté a su alcance para poder esclarecer lo que ocurrió con las personas detenidas desaparecidas.

En algunos casos esto podrá significar poder, eventualmente, dar con el paradero de personas que fueron asesinadas y después hechas desaparecer, en otros casos podrá implicar, quizás, solamente esclarecer las circunstancias en que se dieron los hechos, pero de todas formas este esfuerzo del Estado permanente y con una política que tenga los recursos suficientes para ello, nos parecería sin lugar a dudas un avance muy sustantivo.

-Desde Amnistía de todas formas enviaron una carta al Presidente respecto a ciertas peticiones o necesidades en torno al plan. ¿Habrá algún camino de acción de no cumplirse estos puntos o lo que esperan como mínimas garantías del Plan de Búsqueda?

Sí, lo que pasa es que, considerando que sin lugar a dudas es muy valioso lo que se ha anunciado como este esfuerzo integral del Estado para que haya un Plan de Búsqueda de personas detenidas desaparecidas, creemos que las Fuerzas Armadas tienen que pasar a ser parte de la solución, tienen que también contribuir con este esfuerzo del Estado en su conjunto, de poder esclarecer el paradero o qué sucedió con las personas detenidas desaparecidas.

En ese marco es que hemos planteado que creemos que sería una medida importante que el Presidente Boric instruyera a la ministra de Defensa para que se instruya, a su vez, a las Fuerzas Armadas y a Carabineros que adopten una serie de medidas que justamente lleven a, en definitiva, dejar atrás los pactos de silencio, tanto del personal en servicio activo como del personal en retiro.

Entre otras cosas, creemos que las Fuerzas Armadas deben colaborar con la investigación. Han habido casos donde no se han entregado, por ejemplo, hojas de vida de personal en retiro de las Fuerzas Armadas. Creemos que además tienen que revisarse todas las normativas y evitar todo tipo de prácticas de destrucción de documentación militar que pueda contribuir al esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.

Esperamos que esas medidas se lleven a cabo. Creemos que a los 50 años del golpe de Estado las Fuerzas Armadas tienen que pasar a ser parte de la solución respecto a lo que implica este Plan de Búsqueda de personas detenidas desaparecidas.

-A 50 años del golpe de Estado, ¿qué le parecen las declaraciones de quienes señalan que la violencia sexual sistemática son leyendas urbanas?

Nos parece grave, porque las autoridades del Estado deberían ser las primeras que tengan claro que el Estado de Chile tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para dejar atrás este pasado oscuro, condenarlo sin medias tintas, no relativizarlo, no minimizar las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo lo que hemos visto en el último tiempo es que esta parlamentaria y otros han justificado o minimizado una y otra vez graves violaciones a los derechos humanos.

Eso no es aceptable. De más está decir que es clarísimo, de acuerdo a todos los informes nacionales e internacionales, que la violencia sexual en dictadura fue generalizada, fue sistemática, institucionalizada, se aplicó de distintas maneras y con mecanismos y formas tremendamente crueles hacia las víctimas. Por lo tanto lo que hacen hoy día autoridades del Estado es volver a generar daño a víctimas de violencia sexual en dictadura.

-El clima político se ha tensionado bastante por este tipo de declaraciones, particularmente de Republicanos, o por acciones que están tomando. Por ejemplo, en el Consejo Constitucional se están presentando enmiendas que buscan liberar a los criminales de crímenes de lesa humanidad, los de Punta Peuco. ¿Qué implica el que se permitan este tipo de acciones en un espacio que está destinado a cambiar la Constitución?

Es bien llamativo porque cuando se escribió la Constitución de los 80, entre 1973 y 1979 especialmente, fueron de los peores años respecto a las violaciones de los derechos humanos en la dictadura. Sin lugar a dudas se dieron desde el 11 de septiembre de 1973 hasta marzo de 1990, pero los peores años fueron, justamente, los años en que se estaba escribiendo la Constitución de 1980.

Parece un contrasentido que hoy día se busque escribir una nueva Constitución y se busque, a través de esa nueva Constitución, asegurar la impunidad para los criminales de lesa humanidad que hicieron desaparecer, torturaron, cometieron ejecuciones y violencia sexual.

Sin lugar a dudas ensucia el proceso constituyente el que hayan algunos que estén intentando generar mecanismos de impunidad para criminales de lesa humanidad.

-En el caso de aprobarse esa enmienda, u otras en esa misma línea, o las enmiendas que buscan prohibir el aborto, ¿Ustedes se sumarían a un llamado a rechazar el texto?

Nosotros estamos vigilantes, monitoreando el proceso constituyente, y hemos planteado nuestra preocupación por algunas enmiendas que podrían significar graves retrocesos en derechos humanos. Entre ellas está sin lugar a dudas la que busca establecer una jerarquía por debajo de la Constitución de los tratados internacionales de derechos humanos, está la enmienda que busca liberar de la cárcel a criminales de lesa humanidad, y está también la que busca otorgarle el estatuto de persona o de niño al feto, a quien está por nacer, para tratar, de alguna manera, de poner en discusión derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que han costado tanto en este país y que se han logrado sin lugar a dudas gracias al trabajo y las luchas de los movimientos feministas.

Si se llegara a dar que se aprobaran todas estas enmiendas que pueden implicar un retroceso en derechos humanos, por supuesto que vamos a evaluar la posición que tomemos como Amnistía Internacional sobre el texto constituyente, y ese tipo de cuestiones van a ser relevantes en la posición que podamos adoptar.

Hemos dicho que una nueva Constitución no puede significar un retroceso en derechos humanos. Al contrario, debiera significar un avance, pero lo que no puede significar es un grave retroceso como el que se podría producir con la aprobación de algunas enmiendas.

-También quería preguntarles, por otro lado, ¿qué podrían implicar acciones como la liberación de documentos por parte de Estados Unidos donde hablan de cómo están involucrados en el golpe? A propósito de las declaraciones que han estado saliendo desde ciertas autoridades estadounidenses.

Todo lo que contribuya a esclarecer la verdad en nuestro país es algo muy valioso en esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. La desclasificación de documentos de los servicios secretos de Estados Unidos no solamente creemos que puede contribuir a poder tener mayores antecedentes respecto a los días previos del golpe de Estado o lo que sucedió antes del 11 de septiembre, sino también con posibilidad para poder esclarecer eventualmente la información que tenía Estados Unidos respecto a los distintos mecanismos represivos que tenía la dictadura y las violaciones a los derechos humanos.

Por lo tanto, todo lo que puede contribuir a poder tener mayor información y que pueda servir también para avanzar en verdad y justicia, sin lugar a dudas es muy valioso especialmente en esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

-Para concluir, en el marco del Día de los Detenidos Desaparecidos, ¿hay algún gesto que quizás estarían esperando de otras instituciones del Estado o de civiles que hayan estado involucrados? ¿Algo que esperen desde Amnistía Internacional?

En primer lugar, señalar que es importante tener claro que aquí lo que corresponde decir es que el Estado de Chile tiene una serie de obligaciones, no son favores cuando se le exige al Estado de Chile que avance en las investigaciones, que sancione a los responsables, que busque a las personas detenidas desaparecidas, que repare a las víctimas, que haga reformas a la Policía y a las Fuerzas Armadas para que nunca más en Chile haya violaciones a los derechos humanos. Son obligaciones que tiene el Estado, no son favores.

Por otra parte, sin lugar a dudas sería importante que también los civiles que fueron parte de alguna manera de la masacre que se llevó a cabo en Chile en las últimas décadas también pudieran asumir esa responsabilidad.

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Hace diez años atrás el expresidente Sebastián Piñera habló de cómplices pasivos respecto de civiles que de alguna manera miraban para el lado o no hicieron todo lo que podían hacer respecto a las violaciones a los derechos humanos. La verdad es que hay civiles que no solo fueron cómplices pasivos, sino que también dirigieron la masacre, dirigieron a los aparatos represivos.

Es muy preocupante que hoy día los partidos que son de alguna forma herederos de la dictadura reivindiquen, por ejemplo, la figura de Sergio Onofre Jarpa, quien fue embajador en Naciones Unidas, fue ministro del Interior en años en los que se ejecutó o se hizo desaparecer a más de cien personas. Eso es un retroceso respecto al tipo de discurso que se generaba hace diez años atrás.

Pareciera ser que hoy día en Chile, de alguna forma, estamos retrocediendo en relación a ciertos consensos mínimos que se pueden tener respecto a las violaciones a los derechos humanos, que deben condenarse siempre y sin medias tintas.