Quiero comenzar esta columna constatando que tener que escribirla es una necesidad de responder al negacionismo que avanza campante en nuestra sociedad. Hace unos días, la diputada Gloria Naveillán dijo en una entrevista que la violencia sexual que vivieron varias mujeres durante la dictadura militar era una “leyenda urbana”. De esa manera justificaba su voto en contra del proyecto de resolución presentado por el Frente Amplio, que buscaba condenar este tipo de violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres. Más aún, Naveillán señaló que estos hechos debían investigarse.

El 11 de noviembre de 2003, por medio del Decreto Supremo Nº 1.040, se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech. La Comisión funcionó entre los años 2003 y 2004, y su objetivo era ocuparse de los casos de tortura y prisión política ocurridas durante el periodo de la dictadura militar. Se trata de situaciones que habían quedado fuera de la investigación realizada por la Comisión Rettig (que sólo se ocupó de los casos de desaparición y ejecución cometidas por agentes del Estado).

La Comisión volvió a funcionar entre los años 2010 y 2011 para recoger más testimonios de personas víctimas de diferentes tipos de agravios y que aún en esa fecha -luego de casi cuarenta años después de ocurridos los hechos- no se sentían capaces de poder contar lo vivido. Ese es el impacto del trauma: la imposibilidad de narrarlo.

El Informe Valech expuso en una sección aparte los casos de violencia sexual cometidos contra las mujeres. Señala el Informe que, “La violencia sexual contra las mujeres durante el régimen militar constituye una de las formas más brutales de violencia” (Informe Valech 2004, p. 252). Durante el primer periodo de funcionamiento de la Comisión, 3.399 mujeres entregaron sus testimonios (el 12,5% del total de testimoniantes).

La gran mayoría de ellas señalaron haber sido víctimas de violencia sexual (torturas con carácter sexual, desnudamientos forzados, entre otros), y 316 de ellas mencionaron haber sido violadas. No obstante, el propio Informe señala que “se estima que la cantidad de mujeres violadas es muy superior a los casos en que ellas relataron haberlo sido”, debido al impacto que tiene la violación sexual en la vida de las mujeres (Informe Valech 2004, p. 252).

La Comisión Valech y su Informe son instancias y documentos de corte oficial. Lo que ellos narran ha sido investigado y acreditado. Por ello que cuando la diputada Naveillán señala que la “leyenda urbana” debía recién comenzar a ser estudiada, no es sólo una muestra de ignorancia, sino de negación de vivencias que ya han sido investigadas y reconocidas por instancias estatales. Esta es la primera fase del negacionismo: cuestionar lo que los mismos documentos oficiales, generados por instancias institucionales, señalan, para luego negar lo sucedido.

Los dichos de la diputada Naveillán son revictimizantes. Contar lo vivido, sobre todo experiencias dolorosas que dañan las subjetividades de las personas de forma tan cruda como una violación sexual, ha implicado para estas mujeres vivir una serie de procesos subjetivos, para así poder verbalizarlos y darlos a conocer al resto de la sociedad. Es por ello que, escuchar a una diputada de la República poner en duda lo vivido, es un acto de revictimización que debe ser repudiado, además de ponernos aún más en alerta por el negacionismo contenido en sus palabras.