Antonio Bascuñán, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), publicó una columna en el diario El Mercurio donde cuestiona con dureza la Ley Nain-Retamal, que actualmente se discute en el Senado.

El texto parte haciendo un repaso sobre la historia de la legítima defensa desde su inclusión en el Código Penal francés en 1810, y las diferencias que tuvo su aplicación en otros países como España y Bélgica, que tuvieron mayor influencia en el Código Penal chileno que se redactó en 1870.

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En el caso español, la legítima defensa era más amplia, y estaba acotada a reparos de proporcionalidad, es decir, no se justificaba en casos de desproporción extrema. Mientras que en Francia, la legítima defensa se aplicaba solo en casos puntuales: Ingreso nocturno a la morada y robo violento.

Chile fue transitando desde el modelo español hacia una fórmula más parecida a la francesa. En 1875 incluyó el escalamiento nocturno a la morada, en 1954 incorporó el robo violento y en 1992 se extendió a casos graves de agresión y el impedimento de consumación de delitos graves contra personas.

“Todos son casos obvios de proporcionalidad”, explica Bascuñán.

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Sin embargo, puntualiza que si estas ampliaciones del alcance de la legítima defensa “se entendieran como la pura obviedad que son, no habría problemas. Pero su redacción induce a hacer otra lectura, consistente en no necesitar comprobar en los hechos la ilegitimidad de la agresión, la necesidad racional del medio empleado ni la falta de provocación suficiente”.

“Tratándose de funcionarios policiales, esta lectura sería perversa, porque podría equivaler en la práctica a relajar las exigencias de control sobre la potencialidad letal de la propia actuación respecto precisamente de quienes están o deberían estar en condiciones de responder a mayores exigencias”, puntualiza.

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Carabineros, PDI y Gendarmería “necesitan leyes claras”

Bascuñán subraya que Carabineros, PDI y Gendarmería “necesitan leyes claras. La regla sobre legítima defensa privilegiada es el epítome de la confusión. Por eso, ninguno de los cinco proyectos de Código Penal de los últimos 10 años la contempla”.

“Si el legislador quiere proteger procesal o laboralmente al funcionario mientras dura la investigación y el juicio, que establezca esas reglas en las leyes que corresponda. Y si quiere explicitar que la muerte del agresor está justificada en ciertos casos de legítima defensa, que lo diga así, sin eufemismos”, dispara.

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El abogado concluye su columna planteando que “una cosa es que una muerte sea justificable, cumpliéndose ciertas condiciones, y otra muy distinta, que no haya que probar cabalmente su cumplimiento para darla por justificada”.

La columna fue ampliamente comentada en redes sociales. Aquí algunas de las reacciones:

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