El caso de Manuel Álvarez, el oncólogo formalizado por abuso sexual reiterado tras denuncias presentadas por pacientes de la Clínica Las Condes (CLC), y que desde la administración del recinto asistencial han mantenido en su cargo pese a los permanentes acusaciones, sigue generando consecuencias.

Inconvenientes derivados por su permanencia en el recinto pese a que la justicia le impidiera retomar funciones presenciales a causa de una investigación en su contra. Acción que ahora significó que la clínica perdiera una importante acreditación internacional, según informó este jueves un artículo de El Mercurio.

Email

Específicamente, el 18 de enero, asegura el medio citado, a al menos tres personas se les hizo llegar un email de la Joint Commission International (JCI) informándoles que con fecha 17 del mes en curso, Clínica Las Condes ya no estaba acreditada por esta entidad.

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La JCI es una connotada organización con presencia en Estados Unidos que tiene como objetivo mejorar de atención al público del sector médico. Para ello, establece estrictos estándares de calidad a través de evaluaciones de desempeño de entidades dedicadas al rubro de la salud y que permiten generar, a través de experiencias educativas interactivas, soluciones y recursos innovadores para apoyar la mejora continua.

En este trabajo es que el caso Álvarez terminó de pasarle la cuenta ante la entidad internacional a la Clínica Las Condes, debido a que pese a la investigación criminal, el profesional no ha sido desvinculado definitivamente.

Formalizado y reincorporado

Si bien la administración de la clínica en una primera instancia, el año 2017, prescindió de sus servicios, la decisión fue revertida en 2022 incluso pese a ser formalizado el 2019 por la Fiscalía Metropolitana Oriente por el delito de abuso sexual reiterado contra una paciente de CLC.

La reincorporación de quien fuera director del Centro Clínico del Cáncer de CLC, además de generar una seria resistencia interna entre profesionales de diversas áreas, ha trascendido al Colegio Médico, desde donde la presidenta de la entidad colegiada en Santiago, Francisca Crispi, ha cuestionado el modus operandi del centro hospitalario, asegurando que tiene “cero ética profesional”.

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