Abogados denuncian que empresas salmoneras judicializan frecuentemente solicitudes de transparencia para no develar datos sanitarios y ambientales.
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Una solicitud de información derivó esta semana en una disputa legal entre trece salmoneras y el Consejo para la Transparencia. Las empresas presentaron reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para no entregar información sobre la producción, mortalidad, uso de fármacos y carga parasitaria de distintos centros de cultivo de salmones.
La información fue solicitada por Ley de Transparencia por una persona que, según los reclamos, trabaja en una empresa que ofrece servicios de sanidad animal y vegetal en procesos productivos.
Las empresas reclaman que divulgar la información permitiría que sus empresas competidoras, instaladas en Noruega, Canadá o Escocia, reconstruyan el desempeño productivo, sanitario y farmacológico de las empresas y ajusten sus propias estrategias acorde a esto.
Además, sostienen que la solicitud proviene del empleado de una empresa que entrega servicios para el rubro, por lo que se podría usar para fines comerciales más que de control ciudadano.
Sin embargo, organizaciones y abogados ambientales han denunciado frecuentemente la opacidad en la que opera la industria salmonera en el país, incluso cuando las solicitudes de información sí tienen un fin de control ciudadano de la actividad.
Según declara la abogada de la fundación Terram, Catalina Salazar, las empresas salmoneras han judicializado solicitudes de transparencia que hace la fundación, incluso cuando el Consejo para la Transparencia las acoge. Esto ha retrasado, incluso por años, el acceso a antecedentes que incluso en varios casos la ley obliga a entregar.
“Lo preocupante es que parte de la información que hoy intentan mantener reservada ya había sido entregada anteriormente por SERNAPESCA. Fue precisamente gracias a esos datos públicos que pudimos detectar cientos de irregularidades vinculadas a la industria, principalmente casos de sobreproducción de salmones que posteriormente derivaron en procesos sancionatorios por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA)”, agrega la abogada.
También cuestiona que la información sea estrictamente comercial, ya que corresponde a antecedentes que las empresas deben reportar periódicamente a la autoridad para efectos de fiscalización ambiental y sanitaria.
“Estamos hablando de información relevante para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y el correcto funcionamiento de organismos públicos en una industria con impactos significativos sobre ecosistemas marinos”, concluye.
