La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó durante la madrugada del jueves el corazón tributario de la Ley Miscelánea del gobierno de José Antonio Kast, tras una sesión maratónica que se extendió hasta las cinco de la mañana. La iniciativa —conocida también como Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social— aprobó, entre otras medidas, la rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23% y la devolución de gastos a empresas cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental sean anuladas por tribunales. Cayeron, en cambio, artículos sobre inteligencia artificial y la franquicia SENCE, rechazados por votos disidentes de Chile Vamos.
Senador Ibañez (FA) por Ley Miscelánea "Es la reforma privatizadora más agresiva desde la dictadura"
Tras la aprobación en la Comisión de Hacienda del corazón tributario de la Ley Miscelánea, el senador Diego Ibáñez (FA) conversa con El Desconcierto y emplaza al PDG a no traicionar a la clase media. Además aborda la crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví y plantea una agenda alternativa basada en la industrialización del litio, el hidrógeno verde y los data centers.
El proyecto pasa ahora a la Sala de la Cámara y luego al Senado, donde la oposición espera dar una batalla más pareja. El Consejo Fiscal Autónomo ya advirtió que la reforma generará un impacto fiscal negativo hasta 2031: los costos son inmediatos y ciertos; los beneficios, inciertos y dependientes del crecimiento económico que supondría la megarreforma.
En ese escenario, El Desconcierto conversó con Diego Ibáñez, senador del Frente Amplio por Valparaíso y el parlamentario más joven en asumir ese cargo desde el retorno a la democracia. Llegó al Senado en marzo tras ocho años como diputado, período en el que presidió la Comisión Investigadora por las intoxicaciones de Quintero y Puchuncaví. Para él, no hay matices con la Ley Miscelánea: " es la reforma privatizadora más agresiva después de la dictadura".
- La Comisión de Hacienda aprobó el corazón tributario de la Ley Miscelánea. ¿Sienten que perdieron una batalla o aún hay instancias —incluyendo el Tribunal Constitucional— para revertirlo?
Vamos a ocupar todas las herramientas para hacer retroceder esta propuesta fiscal ultraconservadora y ultraderechista. Esta es la reforma privatizadora más agresiva después de la dictadura, y trae aparejados recortes de miles de millones de pesos en hospitales y en educación. Los que aprueben tendrán que responderle luego a la ciudadanía por qué no habrá insumos en los hospitales, por qué no habrá más dineros para becas deportivas, por qué va a disminuir el presupuesto de los servicios locales de educación pública. Me parece una irresponsabilidad que la mayoría de la Comisión de Hacienda, incluido el Partido de la Gente, se sume a una rebaja de impuestos a las grandes empresas sin ningún tipo de compensación que evite que se profundice el déficit fiscal. Es una locura económica.
- El Consejo Fiscal Autónomo proyecta que el crecimiento que podría generar la reforma no compensaría su costo fiscal. El gobierno, en tanto, dice que el precio a pagar son los empleos que se generarían. ¿Cómo responden a ese argumento?
Lo que el gobierno está proponiendo, bajo su propia lógica, es que si quieres empleo tienes que bajar los sueldos. Esa es la única fórmula que racionalmente se puede concluir desde sus principios económicos. Nosotros creemos que el crecimiento se logra con mayor soberanía energética, con inversión en energías verdes, implementando la industrialización del litio y del hidrógeno verde, ejecutando el plan de data centers con energías renovables, avanzando en lo que está haciendo Asmar construyendo buques para exportarlos. Chile tiene demasiadas ventajas comparativas, y centrar el desarrollo solo en bajar el impuesto a los más millonarios es falso y es un error garrafal.
Las normas medioambientales en la Ley Miscelánea
- Recientemente un documento lanzado por Rumbo Colectivo con la OPES sobre Política Industrial Verde y Popular plantea precisamente ese camino. ¿Cómo ve ese debate frente a los artículos de desregulación ambiental de la Ley Miscelánea?
El gobierno debe dejar de pelearse con las regulaciones ambientales y con el impuesto corporativo, y pensar más creativamente. Tiene a la mano las herramientas de Corfo para fomentar la industria del hidrógeno verde, la estrategia nacional del litio para duplicar la producción al año 2035 —lo que inyectaría miles de millones al PIB— y la posibilidad de que los grandes proyectos de data centers que se instalen en Chile se asocien a cadenas de valor y no solo exporten materias primas. Hay opciones respaldadas por evidencia internacional para que Chile dé un salto al futuro.
- El gobierno argumenta que la desregulación es la única forma de acelerar la inversión. ¿Qué rol puede jugar en ese debate la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que ya aprobó el gobierno anterior?
Esa ley propone bajar en un tercio los tiempos de tramitación de los proyectos. Con ello puedes acelerar la inversión en una cantidad equivalente a rebajar el impuesto corporativo en un 3,7%, sin reducir un peso al fisco. El reglamento está construyéndose y debiese aplicarse a fines de este año. Si el gobierno tuviese un genuino interés en acelerar la inversión, debiese dictar ese reglamento lo antes posible. Eso te permite avanzar en infraestructura pública, acelerar el turismo —que hoy representa entre el 3% y el 5% del PIB y debería apuntar al 6% o al 7%— y abordar el desafío tecnológico de los data centers. Centrarse solo en pelearse con las regulaciones ambientales y en bajar el impuesto corporativo es la agenda de la ultraderecha a nivel global.
- Uno de los aspectos más criticados en la Ley Miscelánea es el mecanismo de restitución de gastos cuando se anula una RCA. ¿Cómo lo evalúa?
Si esta reforma hubiera sido ley, habría que haberle reembolsado los gastos a HidroAysén y a Pascua-Lama por haber destruido glaciares o puesto en riesgo de inundación a la población. Es una locura negacionista de la crisis climática y de la ciencia. Devolver los gastos cuando se anula una RCA, al mismo tiempo que estableces invariabilidad tributaria, es vender tu soberanía a los ricos. Y eso es profundamente antipatriota.
Estamos frente a un proyecto que está vendiendo a Chile a un puñado de superricos que no tendrán ninguna responsabilidad de reinvertir sus utilidades en beneficio de la población. El subsecretario de Hacienda no tiene un cálculo de cuánto puede costar esa devolución de gastos, por tanto es un gasto contingente que va a ser pagado con el IVA que pagan todos los contribuyentes. Eso es desfalcar al Estado en beneficio de inversionistas que tendrán el riesgo asegurado en Chile.
- La Ley Miscelánea también reduce el plazo de tramitación de autorizaciones sectoriales de dos años a seis meses. ¿Qué implicancias tiene eso para la participación ciudadana?
Esa propuesta es tan radical que hasta el ex subsecretario de Medio Ambiente del gobierno de Piñera la cuestiona. Va contra la participación ciudadana, institucionaliza la desigualdad de armas entre la comunidad y los bufetes de abogados de las grandes empresas, y atenta contra una mirada democrática de lo que es el territorio.
- El senador Alfonso De Urresti (PS) ha planteado que desde el progresismo se cometió un error estratégico al ceder terreno frente al concepto de "permisología", lo que habría pavimentado la arremetida actual. ¿Comparte esa autocrítica?
La comparto, y hemos trabajado juntos estos temas. Solo el 5% de los proyectos se judicializa y solo el 5% se rechaza por parte de la institucionalidad medioambiental. La mayor parte del tiempo que pasan los proyectos en tramitación ha sido solicitada por los propios titulares, según datos del Servicio de Evaluación Ambiental. Lo que se intenta aquí es una salida por libre cuando lo que enfrentamos en realidad es una mirada negacionista de la crisis climática que no valora los ecosistemas como fuente de crecimiento.
El PDG y la clase media
-El alcalde independiente de Puente Alto, Matías Toledo, quedó fuera de la reunión de ediles opositores en La Moneda y se reunió en paralelo con Franco y Zandra Parisi. En la Cámara fue el PDG, no la oposición tradicional, quien terminó siendo el actor más incidente en esta discusión. ¿Eso no les complica el rol?
Me reuní con los gremios de las pymes el día de ayer. Mi convicción es que si el PDG se suma a esta reforma, se está jodiendo a la clase media y no está representando a quienes dice representar. Cuando le das más margen de utilidad a las grandes empresas —que son el 2% de las empresas del país—, asfixias las oportunidades de la pequeña empresa, que se ve mermada por la agresividad del retail en materia de comercio. Más del 50% del empleo lo dan las pymes, pero se quedan con solo el 18% de las ventas del comercio. Que no intenten engañar a la gente con discurso vacío. Si estamos con la clase media, hay que rechazar rotundamente esta reforma.
- Por su parte, la bancada del FA presentó sus propias indicaciones: impuesto patrimonial, subsidio al empleo, Sala Cuna para Chile. ¿Cuál es la lógica que las une?
Creemos que la doble rebaja tributaria que implica el crédito a la planilla de contratación debería cambiarse por el Subsidio Unificado al Empleo —aprobado de forma transversal en enero de este año en el Parlamento y que todavía no se implementa—, reformar la franquicia del SENCE en lugar de eliminarla, y avanzar en el proyecto de Sala Cuna para Chile, que con un quinto de los recursos destinados al crédito a las grandes empresas podría crear más de 100.000 empleos. Las indicaciones se basan en evidencia y en proyectos que ya se han discutido en el Congreso. Es el camino con certezas, a diferencia del salto al vacío que nos propone el gobierno.
El Senado como último freno
- ¿Qué rol quiere jugar el Frente Amplio en el Senado, usted y Beatriz Sánchez, frente a esta reforma?
Espero que el Senado sea un lugar que frene la radicalidad de Kast, que en materia económica —al menos en lo que respecta a la invariabilidad tributaria y la devolución de gastos a las RCA anuladas— ha sido más profunda que la de Pinochet. Va a ser mi trabajo en las comisiones de Hacienda y de Economía dotar de racionalidad y de evidencia el debate económico.
- ¿Cómo está la coordinación de la oposición en el Senado?
Espero que nadie corra solo, porque estamos hablando de la reforma privatizadora más agresiva después de la dictadura. Nadie puede correr solo ni darse el gustito de negociar a espaldas del colectivo. He conversado con la senadora Yasna Provoste, con el senador De Urresti y con la senadora Daniella Cicardini. A mi juicio hay diagnósticos compartidos y coordinación explícita, y espero que se fortalezca entre el Comité del Socialismo Democrático y el Comité Unido, al cual pertenece el Frente Amplio.
- ¿Está descartado recurrir al Tribunal Constitucional?
Todas las herramientas las vamos a utilizar. Todas.
Quintero y Puchuncavi
- Usted presidió la Comisión Investigadora por las intoxicaciones de Quintero y Puchuncaví en 2018. La semana pasada se detectó ácido sulfhídrico en una escuela del sector, en una zona que ya convive con más de 15 industrias. ¿Por qué nunca se ha llegado a un diagnóstico cabal de lo que sucede en la zona?
El problema va a avanzar hacia su resolución cuando podamos medir los efectos sinérgicos de los contaminantes en el medioambiente. Hoy en Chile los contaminantes se miden por separado. Hace dos semanas aprobamos una modificación a la Ley 19.300 que incorpora la medición de los efectos sinérgicos para establecer si hay o no impacto en el medioambiente o en la salud de las personas. Eso es clave: cuando tienes un territorio con más de 15 empresas y todas se miden individualmente, no eres capaz de sopesar la suma de todos esos contaminantes en niños, niñas y adolescentes. Eso es justamente lo que impide que se sancione debidamente el problema.
Ahora bien, este proyecto de Ley Miscelánea va a disminuir la capacidad que tiene hoy la institucionalidad ambiental para detectar esos contaminantes. Por un lado se avanza en la ley, pero por otro se retrocede haciendo más débil la fiscalización. El llamado es a pensar en los niños, niñas y adolescentes de las zonas de sacrificio para que no tengamos que seguir construyéndolas en Chile, y las que ya existen podamos atender las recomendaciones de los organismos internacionales: medir los efectos sinérgicos, aumentar el presupuesto en fiscalización, no crear más empresas en esos territorios y elevar los estándares tecnológicos hasta llegar a las normas de la OMS.
- ¿Sería posible instaurar un monitoreo permanente de salud para quienes han sufrido episodios de intoxicación?
Se han realizado algunos pilotos de evaluación longitudinal en niños y niñas, y los resultados han sugerido que esto se haga a nivel masivo. Las propias comisiones investigadoras que presidí establecieron esas recomendaciones. Hacemos un llamado a todos los gobiernos y a todos los sectores políticos a que esto esté incorporado a la ley de presupuesto. Tiene un costo fiscal, pero hay que asumirlo para poder defender a Quintero y Puchuncaví.