Verónica López: El diagnóstico se ha ampliado en los últimos años, lo cual es algo positivo en cuanto a la comprensión del fenómeno. En los años 90 y 2000 hablábamos principalmente de bullying: la victimización sistemática de un estudiante por parte de otro con mayor poder, ya sea físico, verbal, psicológico, social o a través del ciberbullying. Ese núcleo sigue vigente, pero hoy el concepto de violencia escolar es más amplio. También incluye la violencia que los estudiantes pueden ejercer sobre la infraestructura, y la que ejerce el propio sistema: a través de los adultos presentes en la escuela y de prácticas disciplinarias que siguen siendo muy punitivas.
Nuestro Centro analizó las respuestas de estudiantes y apoderados sobre disciplina punitiva que se incorporaron en los cuestionarios del SIMCE. Las preguntas miden cuántas veces en el mes el estudiante recibió anotaciones negativas, fue enviado a inspectoría, suspendido, cambiado de curso por mal comportamiento o sometido a intentos de expulsión. Las seguimos durante diez años y encontramos un aumento de la violencia y un empeoramiento de la convivencia en la enseñanza media, siguiendo a todos los segundos medios desde 2014 a 2024.
Lo contrario ocurre en los cuartos básicos: los estudiantes reportan reducciones en la violencia entre pares y una mejora en la percepción de la relación con sus profesores. En el mundo, los pocos países que han realizado análisis longitudinal muestran en general una disminución de la violencia, excepto la más grave, como el porte de armas. Que Chile presente esa anomalía en enseñanza media —mientras básica mejora— nos dice que algo han hecho las políticas, los profesores y equipos directivos en básica que funciona y que no ha funcionado en media.
Hay también un perfil consistente de quienes acumulan más sanciones: son estudiantes varones, repitentes o con más edad que sus compañeros, de mayor pobreza relativa dentro del curso, y que han participado en los programas de integración escolar (PIE). Son también quienes tienen menor probabilidad de egresar a la educación superior.
Mario Aguilar: Desde la experiencia cotidiana del aula, la percepción de que la violencia crece se refrenda en los datos. Si miramos las declaraciones del gremio, hace unos diez años empezamos a reportar que la violencia escalaba: del insulto verbal que 30 años atrás era impensable de parte de un estudiante hacia un profesor, pasamos al contacto físico, después a la agresión más dura, y luego aparecieron los apoderados agresores. Muchas veces se cita al apoderado porque el alumno es conflictivo, y llega alguien diez veces peor. Ese fenómeno también se ha incrementado mucho.
Palabras Clave Educación 2
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores y Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la PUCV // Crédito: El Desconcierto
El 27 de marzo: un punto de inflexión
— El 27 de marzo se produce el asesinato de una inspectora en Calama. ¿Cómo leen ese hecho?
Mario Aguilar: Vivimos en Chile el 27 de marzo una situación extrema, extrema, que marca un punto de inflexión. No fue un asalto externo ni una bala loca: fue una funcionaria asesinada mientras cumplía sus funciones educativas. El estudiante que lo cometió estaba probablemente enajenado —eso lo debe determinar la investigación—, y pudo matar a más personas.
¿Cómo se ha tratado esa situación? Muy mal de parte de las autoridades. Se ha puesto el énfasis en contener los efectos, en respuestas que nos parecen insuficientes. Si hay necesidad de controlar el ingreso de armas a un colegio, hay que hacerlo; pero se ha empequeñecido el debate al poner el foco en los portales detectores de metales. Hay que preguntarse: ¿cómo llegamos al punto en que se sienta necesario tener detectores de metales para entrar a un colegio y no a una cárcel? Esa pregunta nadie la quiere responder.
Verónica López: El tema tiene muchas aristas y es fácil marearse con lo más efectista. Mario mencionó la responsabilidad parental: en una sociedad más individualista y de consumo, que pide resolución de servicio más que compromiso comunitario, hay algo que se rompe. Están también el impacto de las redes sociales, la ideología, el propio currículum, y las capacidades y potestades que se les entregan a los establecimientos. La dificultad es cómo se aborda esa cantidad de problemas cuando aparentemente tampoco hay recepción del gobierno para avanzar en esa línea.
La respuesta del Estado: normas nuevas y debates postergados
— ¿Qué marcos normativos existen hoy y cuáles son sus límites?
Verónica López: Existen políticas de Estado. Hace poco se promulgó la Ley 21.809 de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, la primera ley que se llama convivencia: las anteriores se enfocaban en la violencia y en el denominado aula segura. Esta ley tiene dos lógicas. Una más punitiva, que permite multar a los establecimientos que no cumplan y formalizó el sistema de denuncias, y que también creó el rol del encargado de convivencia. La otra cabeza es más formativa: la Política Nacional de Convivencia, que tiene más de 20 años y fue incorporada a la ley, ha tenido siempre un eje orientativo para las comunidades educativas.
Cuando generas una lógica carcelaria como respuesta educativa, eso no es educación: es un sistema de sanción y castigo. La literatura internacional habla de la "cañería que va de la escuela a la prisión", porque cuando el castigo se convierte en la respuesta única, no educativa, no estamos enseñando a convivir. Y eso sí se puede enseñar.
Mario Aguilar: Le hice la pregunta públicamente a la ministra en el debate por el proyecto de escuelas protegidas: si no es ahora que fue asesinada una persona, que ha habido más de 300 incidentes de amenazas, rayados y suspensiones de clases, si no es ahora que vamos a abordar los temas de fondo, ¿cuándo lo vamos a hacer? La respuesta fue que había temas estructurales que no se estaban abordando y que se verían más adelante. Llevamos diez años escuchando eso. Y ahora que murió asesinada una funcionaria, ¿tampoco lo vamos a hacer?
Rutas cortas y rutas largas: lo que funciona en el aula
— ¿Qué prácticas concretas han demostrado funcionar en los establecimientos que logran reducir la violencia?
Verónica López: Hay que distinguir entre rutas largas y rutas cortas. Las rutas largas son las que derivan el conflicto a inspectoría: el estudiante es suspendido y tras varias suspensiones inicia un proceso burocrático, sin sentido pedagógico y con efectos negativos sobre su trayectoria. No genera aprendizaje.
La ruta corta ocurre cuando el profesor se siente respaldado por sus pares y por el equipo directivo, y hay consenso claro sobre cómo abordar el conflicto. Eso incluye la conversación directa, la mediación, el diálogo: parar el conflicto, anticipar la escalada y acordar qué harán si vuelve a ocurrir. En los colegios que hemos identificado como outliers, aquellos que lograron reducir la violencia a contracorriente de la tendencia general, el profesor toma acción en el aula cuando ocurre el conflicto. También hemos encontrado que son las profesoras más jóvenes y quienes se identifican con la comunidad LGBTQ+ quienes se sienten más inseguros en la escuela. La seguridad tiene que ver con el vínculo: que los profesores conozcan a sus estudiantes, sus condiciones, sus relaciones, y puedan anticipar cuando algo ocurre.
— ¿Qué condiciones estructurales habría que cambiar para que esas rutas cortas sean posibles?
Mario Aguilar: El sistema le pide a la escuela básicamente una cosa: producir rendimiento en pruebas estandarizadas. Una escuela es buena o mala según si sube o baja sus puntos en el SIMCE. Todo se tensiona hacia allá. El currículum ya no le hace sentido a los jóvenes, especialmente con las nuevas tecnologías y con una promesa que en mi generación era real —si estudias, progresas económicamente— pero que hoy ya no se cumple. Hicimos un estudio hace unos siete u ocho años y encontramos, por ejemplo, 132 objetivos de aprendizaje que cumplir en un año en una sola asignatura. Es una demanda absurda, pero la presión es cumplirla. Tenemos mucha cantidad y poca calidad en el trabajo con los estudiantes.
A eso se suma la lógica de mercado. En una sociedad que trata la educación como un bien de consumo, muchas familias esperan que el establecimiento "arregle" a un hijo conflictivo. Y así, la escuela está hoy en una pérdida de sentido, con todos sus actores —alumnos desmotivados, profesores agobiados, equipos directivos bajo presión— en tensión extrema.
Verónica López: El problema central es el tiempo escolar. Cuando hablamos de currículum, hablamos de espacios y tiempos. Si de verdad queremos cambiar, tenemos que destinar más tiempo y de mejor calidad a aprender a resolver conflictos, porque eso es un aprendizaje. En kínder se aprende a compartir; en segundo medio se aprende a tomar la perspectiva del otro y a debatir. Eso es educación cívica. Pero en Chile le tenemos mucho miedo a la participación estudiantil en todos los niveles: cuando existe, la define el adulto. El resto, mejor calladitos. Y eso también genera frustración y rabia.
*Las y los invitamos a ver la entrevista completa en esta nota o en el canal de Youtube de El Desconcierto.
