La Corte de Apelaciones confirmó fallo y la Corte Suprema rechazó recursos, dejando firme pago de $20 millones por daño moral contra Banco de Chile.
Corte Suprema / Agencia Uno
En 2017, una clienta del Banco de Chile fue víctima de un fraude informático que permitió a terceros obtener créditos y realizar pagos desde su cuenta sin autorización. La Corte Suprema confirmó la condena contra la entidad y dejó firme la indemnización de $20 millones por daño moral, tras rechazar sus recursos.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, todo comenzó cuando la afectada detectó movimientos que no había realizado, como un crédito por $15.350.000 y pagos por más de $14 millones.
Las operaciones se efectuaron incluso desde el extranjero, utilizando sus datos bancarios sin su consentimiento, lo que evidenció fallas en los sistemas de seguridad.
La demanda fue presentada ante el Primer Juzgado Civil de Concepción, que estableció que existía un contrato vigente entre la clienta y el banco, y que la entidad incumplió su deber de custodia y seguridad.
El tribunal concluyó que no adoptó medidas eficaces para evitar el uso indebido de los datos ni proteger el dinero de su clienta, pese a su rol de garante.
En cuanto a los perjuicios, se rechazó la indemnización por daño material, ya que no fue acreditada en el proceso. Sin embargo, se reconoció daño moral, considerando que la víctima sufrió ansiedad, estrés y un impacto significativo en su vida personal, lo que fue respaldado por informes médicos y psicológicos.
La sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por los ministros Camilo Álvarez, Mauricio Silva Pizarro y Viviana Iza Muñoz, quienes mantuvieron íntegramente la decisión.
Frente a ello, el banco recurrió a la Corte Suprema mediante recursos de casación en la forma y en el fondo.
El máximo tribunal declaró inadmisible el primero por no haber sido preparado correctamente y rechazó el segundo, señalando que no se podían modificar los hechos establecidos por los jueces de instancia ni se acreditaron infracciones a las normas sobre prueba.
Con esta decisión, la Primera Sala de la Corte Suprema —integrada por los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva, María Angélica Repetto, María Soledad Melo y la ministra suplente Eliana Quezada— dejó firme la condena, obligando al banco a pagar $20.000.000 por daño moral.
