En febrero de 2021, un rebalse de colector de aguas servidas generó afloramientos en calles y viviendas de San Bernardo. El caso llegó al 15° Juzgado Civil de Santiago, que revisó la sanción aplicada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y terminó confirmando las multas contra Aguas Andinas.
Rebalse de aguas servidas afectó calles y viviendas en San Bernardo: Aguas Andinas deberá pagar multas por $8,3 millones
El 15° Juzgado Civil de Santiago confirmó multa de 120 UTM a Aguas Andinas por rebalse de aguas servidas en San Bernardo en 2021 y rechazó rebaja solicitada.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el conflicto se originó tras la fiscalización realizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), que sancionó a la empresa por el episodio.
Aguas Andinas intentó revertir la decisión y, en subsidio, pidió rebajar el monto de las multas, pero ambas solicitudes fueron rechazadas en sede administrativa.
Luego, la empresa llevó el caso ante el Decimoquinto Juzgado Civil de Santiago, donde la magistrada Marcia Arce Ayub analizó los antecedentes.
¿Qué decidió el Decimoquinto Juzgado Civil de Santiago?
En su fallo, descartó que existieran errores en la actuación de la autoridad fiscalizadora y concluyó que las infracciones estaban debidamente acreditadas.
La sentencia fue clara al señalar que “las infracciones se corresponden a los hechos asentados en el sumario”, agregando que la prueba presentada por la empresa no desvirtuó lo ocurrido, sino que confirmó el rebalse que dio origen a las sanciones. También sostuvo que las multas “obedecen a una correcta aplicación de las normas”.
Respecto de la solicitud de rebaja, el tribunal explicó que el principio de proporcionalidad exige que las sanciones sean acordes a la gravedad de los hechos.
Sin embargo, concluyó que en este caso los montos fueron fijados dentro del rango legal y de manera prudente por la SISS.
La resolución también consideró que el colector afectado recibía aguas servidas de 58.600 clientes de varias comunas, lo que daba cuenta de la magnitud del evento.
Con estos antecedentes, la jueza resolvió mantener la sanción total de 120 UTM (aproximadamente $8,3 millones) y rechazó la reclamación en todas sus partes, condenando además en costas a la empresa.
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