Las protestas del 17 de octubre reunieron a estudiantes, sindicatos y chalecos amarillos, en medio del alza del costo de la vida y las carencias educativas.
Violencia en calles de Francia
Agencia EFELas protestas en Francia del sábado 17 de octubre reunieron a estudiantes, sindicatos, jubilados, trabajadores autónomos y participantes del movimiento de los Chalecos Amarillos. Las manifestaciones, impulsadas por el descontento con la educación pública y el encarecimiento de la vida, derivaron en saqueos, incendios y ataques contra edificios públicos en distintas ciudades.
La jornada dejó un balance provisional de casi 2.400 personas detenidas y más de 500 agentes heridos, según cifras oficiales difundidas el lunes 19 de octubre. Los incidentes también alcanzaron a dependencias municipales y comercios, mientras las autoridades enfrentan cuestionamientos por la preparación del operativo policial.
El malestar tiene varios componentes: las carencias en los establecimientos educativos, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del precio de los combustibles. La convergencia de estos reclamos permitió que una movilización inicialmente estudiantil sumara a sectores con distintas demandas económicas y sociales.
Las primeras movilizaciones surgieron en liceos franceses a mediados de septiembre. Los estudiantes denunciaron falta de recursos, aulas sobreocupadas, deterioro de las instalaciones y escasez de profesores para cubrir las ausencias.
Las dificultades afectan especialmente a establecimientos situados en las periferias urbanas, conocidas en Francia como banlieues. La protesta estudiantil fue extendiéndose y recibió el respaldo de sindicatos y asociaciones de docentes, que se sumaron a las demandas por mejores condiciones educativas.
La convocatoria para la jornada nacional del 17 de octubre circuló por redes sociales, entre ellas TikTok. Posteriormente, se incorporaron jubilados, organizaciones sindicales y otros colectivos afectados por el deterioro de su situación económica.
Representantes estudiantiles se reunieron con el ministro de Educación, Édouard Geffray, pero esos encuentros no se tradujeron en compromisos gubernamentales para responder a sus peticiones.
El encarecimiento de la vida y la pérdida de poder adquisitivo constituyen otro eje del descontento. El aumento de los precios energéticos ha afectado especialmente a quienes necesitan utilizar vehículos para trabajar, como transportistas, agricultores y profesionales autónomos.
El alza en el precio de los combustibles está vinculada, según la cobertura consultada, a las tensiones energéticas derivadas de la guerra en torno al Estrecho de Ormuz. El incremento del precio del gasóleo repercute en los costos de transporte y en los gastos cotidianos de los sectores que dependen de este combustible.
La situación también ha reactivado las críticas contra las políticas económicas del gobierno de Emmanuel Macron. Entre los manifestantes hay quienes reclaman medidas para aliviar la presión sobre sus ingresos y cuestionan la respuesta de las autoridades ante el deterioro de sus condiciones de vida.
El movimiento de los Chalecos Amarillos, surgido en 2018, volvió a participar en las protestas. En sus orígenes reunió a trabajadores autónomos, agricultores y habitantes de distintas zonas de Francia que rechazaban medidas tributarias relacionadas con los combustibles y expresaban su descontento con las políticas económicas del Ejecutivo.
Su incorporación amplió la convocatoria más allá de las demandas educativas. La movilización del 17 de octubre reunió a grupos con distintas prioridades, pero con críticas compartidas al costo de la vida y a la capacidad del gobierno para responder a sus necesidades.
La participación del movimiento no implica que todos los manifestantes compartan una misma orientación política ni que respalden los actos violentos registrados durante la jornada.
Las manifestaciones derivaron en episodios de violencia en varias ciudades, con saqueos de comercios, incendios y ataques contra edificios públicos. Entre los lugares afectados estuvieron dependencias municipales de Limoges y Marsella.
La respuesta policial quedó bajo críticas. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció el lunes 19 de octubre que las fuerzas de seguridad habían perdido el control en algunas grandes ciudades y admitió fallos en la previsión de la magnitud de los disturbios y en el despliegue de efectivos.
El presidente Emmanuel Macron rechazó la dimisión de Nuñez y le pidió introducir cambios en la actuación frente a los grupos violentos.
Por su parte, la Comisión Europea defendió el derecho a manifestarse pacíficamente y sostuvo que los saqueos, los incendios deliberados y los ataques contra personas o edificios públicos son inaceptables. El portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, subrayó que no se debe equiparar a quienes ejercen pacíficamente su derecho a la protesta con quienes cometen actos violentos.
La Comisión también señaló que corresponde a las autoridades nacionales gestionar el orden público y que había investigaciones en curso sobre los incidentes.
El movimiento de los Chalecos Amarillos anunció una nueva jornada de movilización para el sábado 24 de octubre. La convocatoria mantiene abierta la posibilidad de nuevas manifestaciones después de los disturbios del fin de semana.
Este lunes 19 también se registraron acciones de protesta, incluidos cortes en los accesos al Museo del Louvre, mientras en Marsella se restringió el derecho de reunión en el contexto de los incidentes.
La evolución de las movilizaciones dependerá de las próximas convocatorias y de la respuesta de las autoridades a las demandas sociales y a los problemas de seguridad.
Por ahora, las protestas reflejan la convergencia de reclamos por la educación pública, el costo de la vida y las condiciones económicas. Los actos de violencia, en tanto, deben distinguirse del ejercicio pacífico del derecho a manifestarse.
