En 1975, el exmilitar fue detenido por agentes de la DINA y sometido a torturas en unidades de a Armada, pasó más de un año detenido luego debió irse al exilio.
Imagen referencial sobre el Poder Judicial - Agencia Uno
Una sentencia del Poder Judicial ordenó al Estado pagar una indemnización de $40 millones a un exmilitar que fue víctima de detención ilegal y torturas en 1975, en un fallo que reafirma la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con la resolución del Trigésimo Juzgado Civil de Santiago, el beneficiado es Víctor Santiago Espinoza Loyola, quien fue detenido el 12 de febrero de 1975 por agentes de inteligencia y posteriormente sometido a torturas en recintos de la Armada y de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
El tribunal determinó que el Fisco deberá pagar $40.000.000 por concepto de daño moral, considerando las graves secuelas psicológicas y personales que sufrió la víctima tras los hechos.
En el fallo (causa rol 15.251-2024), la magistrada Daniela Royer Faúndez rechazó las excepciones presentadas por el Estado, entre ellas la prescripción, argumentando que se trata de un crimen de lesa humanidad, por lo que no prescribe ni en materia penal ni civil.
La sentencia recoge antecedentes médicos y psicológicos que acreditan el daño sufrido por la víctima. Un informe clínico determinó que Espinoza Loyola presenta trastorno de estrés postraumático complejo, con síntomas como ansiedad, pesadillas y estado de hiper alerta permanente.
Además, el tribunal consideró el impacto del exilio forzado, la ruptura de su entorno familiar y el deterioro de su vida personal, incluyendo el término de su matrimonio como consecuencia de las secuelas de las torturas.
El juzgado valoró la extensión del daño, la duración de la privación de libertad, más de un año y tres meses según la sen tencia, y las consecuencias posteriores en la vida del demandante para fijar el monto de la indemnización.
Asimismo, la resolución subraya que, aunque el Estado no cuestionó la existencia del daño moral, sí discutió su cuantía, lo que fue desestimado tras la presentación de pruebas documentales por parte del demandante.
