A fines de 2024, una enfermera fue despedida tras ser acusada de retrasar traslados de pacientes críticos. El caso llegó al Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, donde se revisaron los antecedentes y se cuestionó la versión de la empresa sobre supuestas fallas en su desempeño.
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El Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago declaró indebido el despido y ordenó pagar indemnizaciones tras falta de pruebas sobre los hechos imputados.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la trabajadora se desempeñaba en una empresa de traslados médicos desde septiembre de 2023 hasta febrero de 2025, con una remuneración mensual de $1.516.107.
Fue desvinculada por la causal de incumplimiento grave del contrato, luego de que se le atribuyera haber intentado cancelar o retrasar traslados en diciembre de 2024, basándose en un reporte del Hospital Padre Hurtado.
Durante el juicio, la enfermera negó los hechos y sostuvo que las acusaciones no eran reales. El tribunal revisó documentos, chats de coordinación de traslados y escuchó testigos, concluyendo que no existían antecedentes concretos que respaldaran la versión de la empresa.
¿Qué decidió el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago?
El juez Gonzalo Aguilera Chaparro determinó que no se acreditó la base de los hechos que justificaron el despido. “No se logra acreditar una hipótesis (…) que está en la base de los hechos contenidos en la carta de despido”, indica la sentencia, agregando que no hay pruebas de que la trabajadora haya generado retrasos.
El fallo también cuestionó la forma en que se realizó la investigación interna, señalando que no se entrevistó a la trabajadora ni a otros funcionarios que participaron en los traslados. Además, no existían registros en fichas clínicas ni comunicaciones que confirmaran los supuestos problemas.
Otro punto relevante fue el tiempo que tomó la empresa en reaccionar. El tribunal consideró poco razonable que, si los hechos eran graves, se abordaran casi tres meses después. “No resulta razonable haber esperado más de dos meses”, señala la resolución.
Con estos antecedentes, se concluyó que no se configuró la causal invocada, por lo que el despido fue declarado indebido. El tribunal ordenó el pago de $1.516.107 por aviso previo, la misma suma por un año de servicio y $1.212.886 por recargo legal, además de reajustes, intereses y costas por $850.000.
La sentencia estableció que las acusaciones carecían de respaldo suficiente y que la empresa no logró probar los hechos que utilizó para justificar la desvinculación.
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