La controversia se originó a pocos días de iniciado el nuevo Ministerio de Seguridad, luego de que se conociera un oficio fechado el 13 de marzo —a menos de 48 horas de asumir— en el que la ministra Trinidad Steinert solicitó antecedentes sobre funcionarios vinculados al caso “Clan Chen” en Tarapacá, lo que derivó en cuestionamientos.
Contraloría da 10 días a Trinidad Steinert y PDI para explicar oficio por salida de subdirectora tras caso "Clan Chen"
Contraloría busca aclarar si Trinidad Steinert actuó dentro de sus facultades al solicitar antecedentes y su vínculo con la desvinculación de la funcionaria.
El caso tomó mayor relevancia tras la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, en medio de versiones que apuntaban a una eventual intervención indebida en su desvinculación.
La situación se conoció públicamente a partir de antecedentes difundidos por Radio Bío Bío, lo que motivó reacciones políticas y administrativas.
Ante este escenario, la Contraloría General de la República ofició tanto al Ministerio de Seguridad como a la Dirección de la PDI, otorgando un plazo de 10 días para que ambas autoridades expliquen las circunstancias del documento y las decisiones adoptadas.
El objetivo es esclarecer si la ministra contaba con facultades para realizar la solicitud o si existió una posible extralimitación de funciones.
La intervención del organismo fiscalizador se produjo luego de que parlamentarios solicitaran revisar el caso. Entre ellos, el diputado Raúl Leiva planteó la necesidad de determinar si la actuación de la secretaria de Estado se ajustó a sus atribuciones legales o si implicó un exceso en el ejercicio de su cargo.
Trinidad Steinert y el origen del conflicto con la PDI
El origen del conflicto se remonta a un episodio previo entre Steinert y la entonces subdirectora. Según los antecedentes conocidos, la tensión surgió durante un operativo contra el “Clan Chen”, cuando Peña decidió realizar cambios en el equipo investigador, incluyendo el traslado de funcionarios vinculados a la causa.
Entre esos movimientos estuvo el traslado de detectives, entre ellos el subprefecto Mauricio Fuentes, lo que habría incidido en el deterioro de la relación entre ambas autoridades.
Mientras se desarrolla la revisión, desde la PDI no se ha entregado una versión oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, el tema ya escaló al Congreso, donde el director general de la institución, Eduardo Cerna, fue citado a una comisión para explicar si existió o no una solicitud desde el Ministerio de Seguridad para concretar la salida de Peña.
En medio de la polémica, el presidente José Antonio Kast respaldó a la ministra y descartó que su salida estuviera directamente vinculada a una instrucción del Ejecutivo. Según afirmó, la decisión fue adoptada por el director general de la PDI en el marco de una reestructuración interna.
Con los antecedentes que entreguen ambas autoridades dentro del plazo fijado, la Contraloría deberá definir si existió o no una actuación fuera de las facultades de la ministra, en un caso que mantiene tensionada la relación entre el Gobierno y la policía civil y que continuará siendo abordado en el Congreso.
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