Congreso aprueba proyecto Escuelas Protegidas y lo despacha a ley: anuncian reservas de constitucionalidad

Gobierno defiende cambios realizados por el Senado

Respecto de las modificaciones incorporadas durante la tramitación en la Cámara Alta, Arzola aseguró que estas buscaron responder a inquietudes planteadas durante el debate legislativo, pero sin alterar el objetivo central del proyecto.

Según explicó, los ajustes permitieron perfeccionar algunos aspectos de la propuesta, manteniendo intacta su finalidad de fortalecer la seguridad, el orden y el respeto dentro de las comunidades educativas.

La ministra también destacó que la ley formaliza herramientas que muchos establecimientos ya han debido adoptar para enfrentar situaciones de violencia, por lo que consideró urgente su pronta implementación.

Reservas de constitucionalidad y eventual revisión del TC

Pese a la aprobación del proyecto, la discusión no quedó completamente cerrada. Durante la votación, parlamentarios de oposición presentaron reservas de constitucionalidad respecto de algunas disposiciones, especialmente aquellas relacionadas con la eventual pérdida de gratuidad para estudiantes condenados por determinados delitos vinculados a violencia escolar.

En la votación, los diputados Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (Independiente) y Emilia Schneider (FA) presentaron reservas de constitucionalidad para ciertos artículos, acusando que vulneraban garantías constitucionales de los estudiantes. Los cuestionamientos apuntan principalmente a la posibilidad de que la pérdida de gratuidad como sanción constituya una doble condena para los afectados —una advertencia que algunos legisladores ya habían levantado durante etapas anteriores de la tramitación.

La diputada Schneider fue la más dura en sus críticas. "Este es un proyecto que no va a resolver los problemas de violencia en las escuelas, que no tiene respaldo técnico ni en la experiencia comparada y que no cuenta con el apoyo de los expertos en materia de educación", sostuvo la parlamentaria.

Schneider también cuestionó la Cuenta Pública del lunes del presidente Kast, afirmando que evidenció "la pobreza y la falta de una agenda en materia de educación": no se habló de apoyo docente ni de inversión en infraestructura, y las menciones a recuperación de aprendizajes llegaron sin propuestas concretas.

La legisladora apuntó además directamente contra la titular del Mineduc. "Le dijimos a la ministra de Educación que su falta de liderazgo ya no da para más", afirmó, recordando que varias de las modificaciones introducidas por el Senado fueron propuestas originalmente en la Cámara y rechazadas por el gobierno. "Se ven obligados a asumir estas mejoras del Senado. Lamentablemente no fueron capaces de propiciar un diálogo a tiempo".

En la misma línea, el diputado Juan Santana (PS) se mostró escéptico sobre el impacto real de la nueva ley. "Seguimos convencidos de que este tipo de iniciativas no contribuyen realmente a solucionar los problemas de convivencia escolar y terminan teniendo una aplicación muy limitada, tal como ocurrió con la Ley Aula Segura", advirtió.

Santana reconoció que el Senado introdujo mejoras al texto original, especialmente en materia de derechos estudiantiles y en la restricción de la gratuidad, pero sostuvo que esos cambios no son suficientes. "Sigue siendo un muy mal proyecto", sentenció.

Para el parlamentario socialista, el foco debe ponerse ahora en la implementación: "Lo importante será cómo se implementará esta ley y exigir que, durante ese proceso, se resguarden adecuadamente los derechos de los estudiantes, pero también de los docentes y asistentes de la educación, que finalmente serán quienes tendrán que cargar con las consecuencias de esta mala legislación".

Qué contempla la nueva Ley Escuelas Protegidas

El proyecto busca fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos educacionales frente a hechos de violencia y contempla medidas como:

• Revisión de mochilas y pertenencias bajo procedimientos establecidos por cada establecimiento.
• Herramientas para enfrentar interrupciones de clases y otras situaciones que afecten el normal funcionamiento de los colegios.
• Nuevos requisitos relacionados con el acceso a la gratuidad en la educación superior para personas condenadas por delitos de violencia escolar.
• Facultades para incorporar medidas preventivas y de seguridad en los reglamentos internos de los establecimientos.

Con la aprobación del Congreso, el proyecto culminó su tramitación legislativa y quedó a la espera de los pasos formales para convertirse en ley de la República, mientras continúa abierto el debate sobre la constitucionalidad de algunas de sus disposiciones.