Mega puerto cuestionado por impacto en hábitat de tortugas y el loteo irregular en Litueche marcaron la sesión ambiental del gobierno de Kast.
Comité de ministros aprueba polémico proyecto Copiaport-e - Captura de video
El Comité de ministros mantuvo la aprobación ambiental del megaproyecto portuario Copiaport-e y ratificó el rechazo del polémico proyecto inmobiliario Punta Puertecillo, dos iniciativas que han enfrentado fuertes cuestionamientos ambientales, judiciales y ciudadanos en distintas regiones del país.
La instancia, presidida por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, revisó reclamaciones asociadas a cuatro proyectos de inversión y decidió mantener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable de Copiaport-e, iniciativa de US$450 millones emplazada en la Región de Atacama. Además, confirmó la calificación negativa de Punta Puertecillo, proyecto inmobiliario ubicado en Litueche, Región de O’Higgins.
El proyecto Copiaport-e contempla infraestructura portuaria para recepción, almacenamiento y embarque de graneles limpios, además de transferencia de contenedores y carga general en las comunas de Caldera y Copiapó.
La iniciativa había enfrentado varias reclamaciones vinculadas a participación ciudadana y una fuerte oposición de organizaciones ambientales y autoridades locales.
Entre las principales críticas se encuentra su eventual instalación en un área considerada hábitat de tortugas marinas en categoría de conservación. Incluso, la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, judicializó el conflicto ambiental acusando riesgos para la biodiversidad marina y cuestionando la evaluación ambiental del megaproyecto.
Pese a ello, el Comité de ministros resolvió mantener la RCA favorable, permitiendo que la iniciativa continúe avanzando en su tramitación.
En contraste, el Comité de ministros confirmó el rechazo ambiental del proyecto Punta Puertecillo, iniciativa inmobiliaria de unos US$20 millones impulsada en Litueche.
El proyecto buscaba regularizar obras de habilitación, construcción de equipamientos y operación de parcelaciones rurales, pero acumulaba cuestionamientos por posibles infracciones urbanísticas y ambientales.
La iniciativa está ligada al empresario Jorge Gálmez y ya había enfrentado un duro golpe judicial luego que tribunales confirmaran sanciones por subdivisiones rurales destinadas a uso habitacional.
Según antecedentes judiciales, el loteo contempló más de 300 parcelas en terrenos rurales, situación que derivó en multas y prohibiciones de nuevas ventas mientras no existiera una RCA favorable.
Con la decisión del Comité de Ministros, el proyecto suma un nuevo obstáculo ambiental y regulatorio.
Uno de los temas más esperados de la sesión era la revisión de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, proyecto estimado en US$1.480 millones que busca unir Antofagasta y Santiago mediante la primera línea de corriente continua del país.
Sin embargo, la definición quedó en suspenso y el Comité de ministros no adoptó una resolución sobre las reclamaciones asociadas a la iniciativa.