Recurso ante la Corte Suprema acusa que Iván Poduje impulsó demoliciones sin base técnica y bajo presión a vecinos vulnerables de El Olivar.
Iván Poduje / Agencia Uno
Un grupo de adultos mayores de El Olivar, en la Región de Valparaíso, acudió a la Corte Suprema para revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que no dio curso a un recurso de amparo, en medio de cuestionamientos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a su titular, Iván Poduje.
La acción judicial fue presentada el 24 de abril por cuatro personas damnificadas, patrocinadas por el abogado Juan Andrés Pávez Farías, con el objetivo de que el máximo tribunal conozca de manera urgente los antecedentes, invocando la protección de la libertad personal y la seguridad individual de los afectados.
En el recurso se describen situaciones que, según los recurrentes, han generado un impacto emocional y psicológico significativo. Entre ellas, se mencionan anuncios públicos sobre la demolición de viviendas sin respaldo técnico concluyente, reuniones calificadas como intimidatorias y presiones para firmar autorizaciones.
Según el escrito, el 18 de abril de 2026 los afectados fueron citados de forma urgente a una reunión con el ministro y su equipo, instancia en la que se les habría informado que todas sus casas serían demolidas.
En ese contexto, se acusa que el trato hacia los asistentes —en su mayoría adultos mayores— habría sido irrespetuoso y denigrante.
Asimismo, se detalla que vecinos fueron convocados por el Serviu de Valparaíso a reuniones informales, sin aviso previo ni claridad sobre su finalidad, donde se les habría solicitado firmar documentos vinculados a la demolición de sus viviendas en el mismo momento, bajo la premisa de no retrasar el proceso de reconstrucción.
El abogado de los recurrentes sostuvo que una medida como la demolición no puede adoptarse sin informes técnicos concluyentes ni sin escuchar a las personas afectadas, agregando que existen relatos de presión hacia adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.
En paralelo, representantes de vecinos también cuestionaron el fundamento técnico de la decisión. A través de un correo enviado al Minvu, acusaron que se habrían omitido nueve informes relevantes al momento de evaluar las viviendas ante el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM).
Según el documento, dichos antecedentes contenían resultados que no necesariamente apuntaban a la demolición, sino a la posibilidad de reforzar las estructuras para cumplir con las normativas vigentes.
En dos de los informes, se planteaba la incorporación de arriostramientos verticales y paneles para mejorar la resistencia sísmica.
Desde Social Arquitectura Limitada, entidad vinculada a contratos de construcción en el sector, se indicó que los informes omitidos habrían podido modificar el diagnóstico final, ya que contemplaban soluciones de reforzamiento consideradas en los acuerdos firmados por los vecinos.
En la misma línea, el abogado que representa a otros residentes del sector afirmó que la demolición carecería de sustento técnico y económico, señalando que corresponde a los órganos administrativos determinar la legalidad de dicha decisión.
Cabe consignar que el 18 de abril el ministro Iván Poduje comunicó oficialmente la demolición de 56 viviendas construidas por la empresa San Sebastián, en el contexto del proceso de reconstrucción tras el incendio.
En su presentación, los recurrentes solicitaron que la Corte Suprema ordene la suspensión de cualquier demolición hasta contar con evaluaciones técnicas independientes, además de adoptar medidas para resguardar la integridad física y psíquica de los afectados.
