La Comisión de Verdad y Niñez tiene como objetivo recopilar antecedentes, esclarecer las vulneraciones de derechos y elaborar un informe con recomendaciones al Presidente para la reparación de las víctimas y la no repetición de estos hechos en instituciones del Estado.
La investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas a niñas, niños y adolescentes en recintos del Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 1979 y 2021 podrían paralizar sus labores tras un eventual cierre de la Comisión de Verdad y Niñez, la instancia estatal de asesoría presidencial creada tras la categórica resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (INDH).
Fue en diciembre de 2024 que la Comisión fue creada, iniciando sus operaciones a partir de 2025. Sin embargo, llegaría a su fin en abril de 2026, según informaron los propios funcionarios de la instancia oficial.
La eventual decisión se enmarca en un contexto de recortes fiscales anunciados por el presidente José Antonio Kast, que se ejecutarán a distintos organismos estatales por igual.
Cabe destacar que el plazo que tiene actualmente la comisión para cumplir su objetivo es hasta abril de 2027, pero la presentación de una prórroga durante la administración anterior permitió extender su plazo.
La instancia permite a quienes hayan experimentado cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos durante su paso por el Sename, a contar de 1979, enviar los antecedentes correspondiente para ser objeto de investigación. Se incluyen también los casos de abuso eclesiástico.
Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron en su niñez y juventud por estos centros residenciales y/o de detención durante los casi 50 años de la existencia del Sename, según un informe de UNICEF.
En ese sentido, y a raíz del trágico incendio de 2007 en el centro "Tiempo de Crecer", la tesis de que en estos centros se violaban los derechos humanos de menores tomó fuerza.
Es por eso que la Comisión busca identificar nuevos casos de abusos que siguen en el anonimato para ser informadas al presidente de turno con el fin de que implemente las reparaciones correspondientes a la víctimas.
La Comisión nace a raíz de la sentencia dictada en 2024 por la CIDH que evidenció uno de los episodios más graves vinculados al sistema de protección de menores en Chile: la muerte de diez adolescentes en el centro “Tiempo de Crecer”, ocurrida en 2007 bajo la tutela del Sename, y una seguidilla de infracciones que violaban los derechos humanos de 271 jóvenes de cuatro recintos distribuidos en el país: Limache, Rancagua, San Miguel y el mismo recinto en que se produjo el trágico accidente.
El fallo internacional no solo abordó las consecuencias del incendio, sino que también puso el foco en un problema estructural más amplio. Según el tribunal, el Estado chileno incurrió en responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales —como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento— en perjuicio de jóvenes privados de libertad en distintos centros del país.
De acuerdo con los antecedentes, estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación por edad o situación procesal.
Previo a la resolución de la CIDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) investigó los hechos que tiñeron de negro la jornada del 21 de octubre en el centro “Tiempo de Crecer”.
A través de informes, reforzaron la idea de que lo ocurrido no era un hecho aislado. Problemas como el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones, la falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de condiciones adecuadas para la reinserción social eran comunes en varios centros administrados por el Sename.
En esa misma línea, una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados advirtió años antes que “siguen ocurriendo hechos en diversos centros del país que ponen en peligro la seguridad y la vida de los menores privados de libertad como de los funcionarios de SENAME y de entidades colaboradoras que trabajan en su interior”.
Aunque el Estado chileno reconoció parcialmente su responsabilidad durante el proceso, la Corte concluyó que las vulneraciones fueron sistemáticas y afectaron especialmente a un grupo en situación de alta vulnerabilidad: adolescentes bajo custodia estatal.
Cabe destacar que el Sename dejó de existir oficialmente en octubre de 2021 tras la seguidilla de cuestionamientos por parte de los organismos nacionales e internacionales.
Fue reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
