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Incluye a Krassnoff, Bustamante y “La Quintrala”: Hasta 12 mil presos podrían acceder a arresto domiciliario con proyecto del Senado

El proyecto aprobado en el Senado permite a condenados mayores de 70 años —65 en el caso de mujeres— o con enfermedades terminales cumplir sus penas bajo arresto domiciliario. Según el ministro Jaime Gajardo, podría beneficiar a hasta 12 mil internos.
Por Horacio Gutiérrez Areyte 5 de marzo de 2026 - 00:00

El Senado aprobó en general, el miércoles 4 de marzo, el proyecto que establece formas de cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, una iniciativa impulsada por senadores de Chile Vamos que ha generado un amplio debate político y jurídico.

La votación fue estrecha: 23 votos a favor y 22 en contra.

La propuesta permite que condenados varones de 70 años o más —y mujeres de 65 años o más—, así como personas con enfermedades terminales, puedan cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario total.

La moción fue presentada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel (RN), y ha enfrentado el rechazo del oficialismo, que advierte que el proyecto no distingue entre tipos de delitos.

Según el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, la iniciativa podría beneficiar a hasta 12 mil personas, lo que equivale aproximadamente al 20% de la población penal del país.

El secretario de Estado calificó el avance del proyecto como “un día negro para la democracia” y sostuvo que su redacción presenta “falencias técnicas realmente importantes”.

Cuántos condenados podrían acceder al beneficio

Durante el debate legislativo, Gajardo detalló que al menos 735 personas ya cumplirían los requisitos para solicitar el beneficio de manera inmediata si el proyecto se transforma en ley.

De ese total, 370 corresponden a condenados por crímenes de lesa humanidad y 365 a personas condenadas por delitos comunes.

Entre estos últimos se incluyen 192 condenados por abusos sexuales y 155 por violación, según los datos entregados por el Ministerio de Justicia.

El ministro también advirtió que el proyecto podría generar tensiones con el Estatuto de Roma y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en relación con el cumplimiento efectivo de las penas en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Krassnoff, Bustamante y “La Quintrala”: Los nombres que concentran el debate

Uno de los nombres que ha concentrado parte importante de la discusión es el del exagente de la DINA Miguel Krassnoff, condenado en más de 100 causas por secuestro, tortura y homicidio cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Debido a su edad y a su estado de salud, Krassnoff —junto con otros internos del penal Punta Peuco— podría solicitar la sustitución de su pena si el proyecto finalmente se convierte en ley.

El debate también ha incorporado a condenados por delitos comunes de alta connotación pública. Entre ellos aparece Hugo Bustamante, condenado por el femicidio y violación de Ámbar Cornejo, quien en el futuro podría solicitar el beneficio si alcanza la edad establecida por la iniciativa y cumple los requisitos médicos.

A estos casos se suman Julio Pérez Silva, conocido como el “psicópata de Alto Hospicio”, condenado a presidio perpetuo calificado por 14 homicidios, y María del Pilar Pérez, conocida como “La Quintrala”, condenada a presidio perpetuo calificado por el triple asesinato de su exmarido y otras dos personas mediante un sicario.

Ambos podrían eventualmente optar al beneficio en función de su edad y del eventual deterioro de su estado de salud, según las condiciones planteadas en el proyecto.

Tras su aprobación en general en el Senado, la iniciativa continuará su tramitación legislativa. La senadora Claudia Pascual solicitó abrir un plazo para presentar indicaciones, el cual quedó fijado hasta el lunes 16 de marzo al mediodía.

Una vez revisadas las indicaciones y votado nuevamente en la Cámara Alta, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados para continuar con su segundo trámite constitucional.

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