Al rojo está la polémica tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad por razones humanitarias o de salud, sin importad la gravedad del delito cometido.
Primero por la votación a favor, lo que inclinó la balanza por 23-22, del senador Javier Macaya pese a peticiones de inhabilitarse porque beneficiaba a su padre condenado por abuso sexual infantil, pero también por el contenido de la moción legislativa.
Esto, porque la iniciativa presentada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (RN) y Carlos Kuschel (RN), tendría impacto en la justicia para víctimas de delitos graves como abuso sexual infantil o violaciones de DD.HH.
El proyecto beneficia a personas con enfermedades crónicas que impidan su tratamiento en prisión, como diabetes, hipertensión o asma sin importar la edad; aquellas con enfermedades terminales incurables; discapacitados que enfrenten tratos inhumanos en el recinto penal; y mayores de 80 años, considerando la edad real más los años cumplidos en condena, con un mínimo de 70 años.
Sin embargo, la norma no excluye delitos graves, lo que podría extenderse a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, como internos del expenal Punta Peuco, así como homicidios, parricidios y violaciones a menores, como el caso del padre del senador Javier Macaya.
Sobre esto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dejó en claro que 12 mil condenados podrían ser beneficiados. “Los que aprobaron tienen que darle explicaciones al país por qué aprobaron un proyecto que pone en riesgo la seguridad de las personas de Chile”, criticó.
Dentro de la Sala del Senado también hubo directas críticas. José Miguel Insulza (PS) dijo que “esto sería una vergüenza imborrable para el Senado. Es una basura”, mientras que la senadora Fabiola Campillai declaró que “si un día ve a su agresor en la calle fue gracias a la Derecha”.
Otro crítico a esta norma es el exfiscal Carlos Gajardo, quien advirtió que entre los potenciales beneficiarios destacan casos emblemáticos, como María del Pilar Pérez, conocida como "La Quintrala", condenada a presidio perpetuo calificado por ser autora intelectual de tres asesinatos mediante un sicario.
También Miguel Ángel Cerda, recientemente encarcelado y acusado de contratar a un asesino para eliminar a Jaime Solanes Mestre, el "Rey del Plástico".
Otro punto crítico de este proyecto es que podría favorecer a figuras como Miguel Krassnoff, condenado por crímenes de lesa humanidad, y tantos otros que están en la ahora cárcel de Tiltil.
El presidente Gabriel Boric reaccionó de inmediato a través de su cuenta en X, calificando los crímenes contra la humanidad como "de los más horribles que reconoce el derecho" y advirtiendo que el proyecto permitiría el arresto domiciliario para condenados por homicidio, parricidio y violación.
“El proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general en el Senado, no solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación”, añadió.
Para culminar, el mandatario subrayó que “hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro”.
Por último, desde la oposición, el senador Francisco Chahuán (RN) defendió la iniciativa como un "debate jurídico serio" y no una consigna política, argumentando que busca humanizar el cumplimiento de penas en casos de vulnerabilidad extrema.
Quienes también se unieron a la ola de críticas a la criticada moción es la agrupación Sitios de Memoria, quienes hicieron un llamado “ante la ofensiva de impunidad impulsada por sectores de la derecha y sus aliados”,
Por ello, aseguran, “manifestamos nuestro profundo rechazo a la aprobación en el Senado de una iniciativa que permitiría la excarcelación de violadores de derechos humanos y de personas condenadas por graves delitos”.
“Exigimos al Congreso detener esta aberración jurídica y poner fin a esta ofensiva que amenaza los principios de verdad, justicia y memoria”, solicitaron.
Para cerrar, Sitios de Memoria asegura que “observamos con profunda preocupación estas señales, a pocos días de la asunción del nuevo gobierno. Es necesario mantenerse alertas frente a cualquier intento de retroceder en materia de justicia y en la defensa irrestricta de los derechos humanos”.
