En educación superior solemos hablar de inclusión con convicción moral, pero con escasa reflexión política. En mi experiencia como docente universitario, la inclusión se traduce en la recepción de un instructivo predeterminado de “ajustes razonables”: modificar el tamaño de letra en las pruebas, evitar cierto tipo de preguntas, destacar conceptos en negrita, flexibilizar formatos de evaluación.
La inclusión no es un ajuste razonable: Es rediseñar la universidad
En escenarios más elaborados, la plantilla se sustituye por una negociación individual con el o la estudiante: evitar presentaciones orales, cambiar ponderaciones, extender plazos.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿eso es inclusión?
Lo que allí opera, en la mayoría de los casos, es integración. Y la distinción no es meramente semántica. La integración parte del supuesto de que existen modos de vida y de aprendizaje normativos que se consideran superiores, o al menos estándar.
Frente a una diferencia radical, la respuesta es permitir que el otro acceda a esos modos, ajustando ciertas condiciones para que pueda adaptarse. El diseño institucional se mantiene intacto y, cuando alguien no encaja, se aplican ajustes para que pueda transitar por el mismo modelo sin colapsar. El estándar no se cuestiona; se modulan los bordes.
En cambio, la inclusión supone algo más exigente. No consiste en “admitir” a un otro en un sistema preconfigurado, sino en reconocer que la diferencia es constitutiva de la comunidad misma. No hay un centro estable que luego agrega márgenes. Hay alteridad significativa y codependencia. La pregunta deja de ser cómo incorporamos a quien no encaja, y pasa a ser cómo rediseñamos las condiciones de enseñanza para que la diversidad no sea una excepción a gestionar, sino el punto de partida.
En este marco, los llamados ajustes razonables revelan una tensión. En nombre de la inclusión, muchas veces consolidan una lógica que, sin proponérselo, puede tornarse excluyente. Al centrarse exclusivamente en reducir la dificultad o eliminar el obstáculo inmediato, vigotskianamente se corre el riesgo de fijar al estudiante en su “zona de desarrollo real”. En otras palabras, se identifica lo que hoy puede hacer sin ayuda y se estabiliza en ese nivel mediante adaptaciones que evitan la frustración.
Sin embargo, la docencia no se agota en evitar la frustración. Cuando la educación se toma en serio, se debe operar en una “zona de desarrollo próximo”, es decir, ese espacio intermedio en el que la tarea aún no es plenamente realizable de manera autónoma, pero puede ser alcanzada mediante mediación, acompañamiento y desafío progresivo. El objetivo es movilizar hacia una “zona de desarrollo potencial” que expanda la agencia, las capacidades y permita la transformación.
Cuando la política de inclusión se reduce a ajustes que neutralizan toda incomodidad, se instala lo que algunos autores han denominado un “ambiente pasivo-aceptante”. Un entorno que protege, pero no transforma; que valida, pero no potencia; que evita el error, pero también inhibe el riesgo creativo. A largo plazo, este tipo de ambiente puede resultar invalidante, porque mantiene al estudiante en una identidad de déficit y refuerza un paradigma de la discapacidad entendido como limitación a gestionar, no como diferencia a co-constituir.
No se trata de negar la necesidad de apoyos específicos, pues la exclusión sigue siendo una realidad en muchas universidades. No obstante, también es necesario reconocer que ciertas formas de integración, presentadas como inclusión, pueden producir efectos excluyentes más sutiles. Por ejemplo: limitarnos solamente a los ajustes razonables permite al estudiantado permanecer e incluso egresar en educación superior, pero no necesariamente profesionalizarse para ingresar a un mercado laboral, condenándolo al largo plazo.
Por lo tanto, la discusión pendiente en educación superior no es si debemos o no aplicar ajustes razonables. Es si estamos dispuestos a ir más allá de ellos. Rediseñar la sala de clases completa, y no solo la prueba o el PowerPoint, implica revisar interacciones pedagógicas, dinámicas de evaluación, modos de participación, criterios de excelencia. Implica aceptar una cuota de incomodidad soportable y humana, tanto para estudiantes como para docentes. Implica mediación activa, estrategias diferenciadas y un trabajo sistemático sobre el vínculo educativo.
Ese horizonte se aproxima más a lo que podría llamarse un “ambiente activo-modificante”, es decir, un espacio donde la diferencia no se gestiona como excepción, sino que se convierte en motor de transformación colectiva. Allí, el desafío no es simplemente que el estudiantado no deserte o no sea excluido formalmente, sino que pueda desarrollar competencias robustas, agencia profesional y proyectos vitales propios. Es un trabajo dosificado de incomodidad para fomentar la agencia y la autonomía.
Si la inclusión se limita a un protocolo administrativo, seguirá siendo integración con otro nombre y fomentando al largo plazo una práctica de exclusión. Si, en cambio, se asume como rediseño estructural y político de la experiencia universitaria, entonces estaremos en condiciones de tensionar nuestras propias instituciones, incluidas las que habitamos y defendemos. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo.