A diez años del asesinato de Berta Cáceres, Amnistía Internacional denunció que en Honduras persiste una situación de impunidad y exigió avanzar hacia una justicia plena que permita esclarecer completamente el crimen contra la lideresa indígena lenca y defensora de derechos humanos.
La organización sostuvo que, pese a algunas condenas, quienes ordenaron el asesinato siguen sin enfrentar responsabilidades penales y que las condiciones estructurales que facilitaron el crimen no han cambiado.
En ese contexto, advirtió que la violencia contra personas defensoras del medioambiente y el territorio continúa siendo una realidad en el país.
Amnistía Internacional llamó a las autoridades hondureñas a implementar de manera efectiva las recomendaciones del GIEI, creado en febrero de 2025 con el respaldo de la CIDH para analizar y fortalecer la investigación del caso.
El informe final del grupo, presentado en enero de 2026, concluyó que el asesinato era previsible y prevenible, y detectó graves omisiones que obstaculizaron el acceso a la justicia.
Entre sus hallazgos, el GIEI estableció que recursos provenientes de bancos de desarrollo internacionales, destinados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, habrían sido desviados para financiar el crimen.
El informe también propuso un plan de reparación integral para la familia de Cáceres y el COPINH, organización que ella coordinaba.
La organización de derechos humanos pidió además a los Estados vinculados a las instituciones financieras involucradas en Agua Zarca revisar los antecedentes y adoptar medidas.
Según Global Witness, Honduras sigue figurando entre los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el medioambiente.
Amnistía Internacional concluyó que honrar la memoria de Berta Cáceres requiere garantizar verdad, justicia y reparación, y asegurar que hechos como este no vuelvan a repetirse.
