De la concentración a la dilusión: Un análisis del programa de cambios estructurales del Gobierno
Al igual que con un producto concentrado que requiere diluirse en un volumen específico de agua para lograr su efectividad, una proporción inadecuada puede generar complicaciones o, al menos, resultar ineficaz.
Cuando el problema a abordar es grave o intenso, se sugiere una mayor concentración del producto; sin embargo, un exceso de dilución no beneficia a nadie, como es el caso del gobierno de Boric. Comenzó con un enfoque radical para realizar cambios estructurales, pero rápidamente, al realizar la mezcla, se convirtió en agua.
Existen múltiples ejemplos: a los 30 días de gobierno, el Wallmapu volvió a ser "la zona del conflicto Mapuche" (con estado de sitio por medio); el TPP 11, que inicialmente se percibía como un acuerdo destinado a aumentar las desigualdades entre países no industrializados y países industrializados, transitó a convirtirse en un tratado favorable para los intereses nacionales.
La reforma profunda de las policías se cambió por aumentos de presupuesto, principalmente destinados a Carabineros. En el ámbito internacional, el alineamiento se reduce a seguir las directrices de Estados Unidos, salvo por algunas excepciones discursivas sobre Israel. La lista de contradicciones es extensa.
Este programa, diluido en la ideología del frenteamplismo, puede ser analizado específicamente en el ámbito de la educación superior. Quienes prometieron arrebatar la hegemonía privada para devolverla al Estado no lograron implementar una sola política pública en este sentido. Administraron de manera deficiente los artículos transitorios de la ley 21.091, reduciendo así losrecursos disponibles para la educación superior (por estudiante).
El gobierno concluye con la misma estructura de financiamiento: la gratuidad actúa como subsidio a la demanda, las becas operan de manera similar y el CAE, aunque deslegitimado, sigue vigente. El proyecto FES, elogiado por los filoprogresistas, presenta fallas en sus estimaciones y proyecciones de desempeño, además estas alabanzas se limitan a los beneficios para la demanda, lo cual, aunque positivo, resulta técnicamente insuficiente, ya que afecta de manera negativa los recursos de las Instituciones de Educación Superior (IES), aumentando el riesgo de inviabilidad de las mismas.
Es evidente que el Estado avanza en regulaciones que, a menudo, son contradictorias entre diferentes organismos. Estas regulaciones incrementan los costos de transacción para las IES y transforman la educación superior en un bien de consumo, alejándola de la concepción de derecho social.
La actual estructura de financiamiento ya refleja esta condición, si consideramos los roles que asume la Superintendencia como calificadora de riesgo financiero, sin análisis de los proyectos educativos particularizados y su capacidad para contribuir al desarrollo, o la CMF emitiendo informes de competitividad que siguen un manual neoclásico de análisis sectorial, evaluando el retorno privado por carrera, induciendo con ello a conclusiones con un marcado determinismo económico, o la propia Subsecretaría de Educación Superior que concentra los recursos técnicos en ajustes a la baja del arancel regulado, sin presentar un proyecto técnico propio para el desarrollo del sistema, limitándose a implementar las directrices de la DIPRES.
En resumen, este periodo -más allá de la retórica-, está marcado por la confusión y la contradicción. La hegemonía privada se profundiza a favor de lo privado (medido en matrícula total), mientras que la intervención estatal se entiende no como una planificación a largo plazo, sino como una interferencia en la competencia (con precios y oferta regulados, ambos bajo criterios uniformemente lineales).
Esto favorece directamente a las universidades que se masificaron entre 1990 y 2010, estableciendo una posición competitiva dominante que sólo puede beneficiarse de la regulación vigente.
