Dos nuevos recursos de protección fueron acogidos recientemente por la Corte de Valparaíso obligando a la Contraloría General de la República (CGR) a dejar sin efecto el oficio que busca indagar en información personal y sensible de niñas, niños y adolescentes beneficiarios de programas trans del Minsal.
Con esta nueva resolución judicial de Órdenes de No Innovar (ONI), la contralora Dorothy Pérez suma en total cuatro recursos de protección en su contra que dejaron sin efecto el oficio de la CGR, presentados por padres y madres de menores afectados, organizaciones vinculadas a la infancias y la Defensoría de la Niñez.
El fallo ordena de manera provisional que el oficio emanado de la CGR quede suspendido, lo que prohibe a la entidad autónoma multar al Minsal si es que el organismo no le entrega la información requerida: nombre social, nombre legal, identidad de género, sexo registral y RUT.
El más reciente recurso de protección fue presentado por Anuar Quesille, director de la Defensoría de la Niñez, quien ya había ingresado la misma acción judicial ante el tribunal de Santiago.
Con la información solicitada de los beneficiarios, la cabecilla de la CGR busca reunir datos personales y sensibles de quienes tienen acceso al Programa Salud Trans y la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género.
El objetivo es indagar si se han utilizado correcta y eficientemente los recursos públicos por parte de los organismos que ofrecen estos programas.
Desde el Bloque Nacional de Colectividades Transdiversas y distintos gremios de la Salud han advertido en las últimas semanas su preocupación manifestando temor a eventuales persecuciones.
Según señalan, las críticas y la oposición a los programas de apoyo a personas trans han sido impulsadas principalmente por sectores de derecha y grupos que califican como extremistas, lo que ha incrementado la sensación de vulnerabilidad dentro de estas comunidades.
