Este martes 10 de febrero, el Ministerio de Bienes Nacionales formalizó la concesión por 20 años del Terminal Pesquero Metropolitano de Lo Espejo a la Asociación Gremial de Comerciantes de Productos del Mar (AGC Chile). Es la primera vez en el país que un mercado de esta magnitud es administrado directamente por sus propios locatarios. La firma marca el fin de un proceso de dos años en que la asociación operó bajo permisos de ocupación renovados cada seis meses, demostrando su capacidad de gestión tras 24 años de administración privada que dejó el recinto en estado de abandono y contaminación.
Henie Bustos, presidenta del Terminal Pesquero defiende transparencia de su gestión: "Jamás se han cerrado locales de forma arbitraria"
Sin embargo, la concesión no ha estado exenta de controversia. El pasado 5 de febrero, las diputadas del Partido Republicano Catalina del Real y Valentina Becerra solicitaron fiscalización al terminal por denuncias de "cierres arbitrarios de locales" y falta de transparencia en el manejo de los ingresos. La diputada electa Becerra se reunió con locatarios que acusan "persecución sistemática" y mala gestión del dinero. Bustos rechaza categóricamente estas acusaciones y advierte que Becerra "ni siquiera está en ejercicio, no tiene potestad legal todavía".
En conversación con El Desconcierto, Bustos defiende la transparencia de su gestión, detalla los proyectos de inversión que contempla la concesión —que superan los mil millones de pesos— y aborda el complejo escenario que enfrentó al heredar un mercado abandonado, con locatarios sobreendeudados y sin información básica de operación. La presidenta también se refiere al operativo del 20 de noviembre contra la mafia del salmón, que derivó en amenazas de muerte en su contra, y explica cómo han reducido la morosidad desde un 50% inicial hasta niveles manejables mediante asambleas y acuerdos de pago.
Un hito en la administración de mercados
-¿Qué significa concretamente esta concesión a 20 años para la AGC y los locatarios del Terminal Pesquero?
Esto no se ha visto en ninguna parte del país. Es la primera vez que un mercado tan grande como este es administrado por los propios locatarios. Venimos saliendo de una administración privada de casi 24 años que fue nefasta: contaminación, abandono y deterioro.
Cuando tomamos la administración, nos daban permisos de ocupación cada seis meses. Empezamos a trabajar muy duro para levantar este mercado y finalmente se reconoce el trabajo en conjunto con todos los asociados.
Para obtener la concesión tuvimos que hacer un proceso de dos años: solicitar y presentar proyectos de mejora. Es importante aclarar que las asociaciones gremiales como la nuestra son sin fines de lucro, por lo tanto todo tiene que reinvertirse.
-Hay un concepto de concesión gratuita. ¿Cómo funciona ese modelo?
Hay un mal concepto con respecto a la gratuidad. En términos concretos significa que esta asociación gremial no va a pagar arriendo por el inmueble al Estado, pero el mercado tiene que funcionar y operar, y para eso se deben cobrar los arriendos a los locatarios.
Había un concepto errado de que al entregarse de forma gratuita no deberíamos cobrar arriendo. Eso no es así. Nosotros no vamos a pagar arriendo por el inmueble, pero cada locatario paga su arriendo mensual. Por ahora solamente tenemos dos unidades económicas con las que hacemos funcionar y operar el mercado.
-¿Cuál fue la situación que heredaron de la administración anterior?
La administración anterior no dejó información de nada y lo poco que tenía se lo llevó. Ni siquiera teníamos una boleta de agua para saber cuál era el costo mensual. Las deudas empezaron a llegar después, con el tiempo.
Era un mercado abandonado, con contaminación impresionante, malos olores, era horrible. Los locatarios estaban hundidos económicamente. La administración anterior sabía que su concesión terminaba en septiembre, pero los hizo documentar todo el año de arriendo y a muchos les cobró los cheques todos al mismo tiempo.
Cuando llegamos a hacernos cargo, lo que hicimos fue no cobrarle arriendo a algunos, a los que les habían cobrado los cheques. Imagínate, habrían tenido que cubrir los cheques de la administración anterior y pagar arriendo. Los locatarios estaban quebrados.
El Estado nos dice "perfecto, vamos a confiar en ustedes, pero el mercado tiene que seguir funcionando, tener abastecimiento". En la marcha tenemos que ir resolviendo.
Además, nuestros gastos operacionales son mucho más altos porque nos tocó levantar toda esa contaminación. Hoy, aparte de lavar los patios, utilizamos una serie de productos para hacer levantamiento de contaminación. Eso tiene un costo alto.
-¿Cuál es el costo operacional mensual del terminal?
La operación mensual cuesta entre 140 y 160 millones de pesos. El tema de la basura es importante porque no podemos botarla en cualquier parte. Hay una empresa que recicla, otra que prepara el producto y solamente dos vertederos autorizados. Es un costo importante. Además, el tema de seguridad también ha requerido una inversión alta.
Las acusaciones de las diputadas republicanas
-El 5 de febrero, Las diputadas del Partido Republicano, Del Real y Becerra solicitaron oficios al Ministerio de Bienes Nacionales, Economía y el SII por supuestos cierres arbitrarios. Del Real afirmó que "el Estado no puede entregar terrenos para que se conviertan en 'feudos' sin transparencia ni ley". También hubo un reportaje en Chilevisión en marzo de 2025 con acusaciones similares. ¿Qué responde a esos cuestionamientos?
Ha sido un tema desde el minuto uno. El argumento de este pequeño grupo de personas es la falta de transparencia.
Nosotros somos fiscalizados constantemente tanto por el Ministerio de Economía como por el Ministerio de Bienes Nacionales. Tenemos la obligación de entregar cada tres meses un informe completo que incluye balances y estados financieros del mercado.
He sido cinco veces llevada a los tribunales por la misma razón y he ganado las cinco veces. En este minuto hay una querella criminal de la Fiscalía en mi contra por administración desleal, apropiación indebida y estafa. Ninguna ha prosperado porque nosotros siempre hemos entregado toda la información solicitada. Antes que el fiscal la pidiera, nosotros ya la habíamos entregado y habíamos autorizado a revelar el secreto bancario, particularmente mío y de la asociación gremial.
En ese reportaje de televisión, toda la documentación exhibida fue sustraída desde las oficinas sin autorización. Fue una sustracción sumamente irresponsable, sin contexto, que fue explicada en cada uno de los ministerios, en cada uno de los tribunales y hoy en la Fiscalía.
Sobre los cierres arbitrarios de locales, eso no existe. Y es totalmente falso.
-¿Quiénes son estas personas que hacen las denuncias?
Son tres locatarias y una ex funcionaria. Estas locatarias que están haciendo esta problemática adeudan dinero y no estamos hablando de 200 mil pesos, estamos hablando de 15 millones, 20 millones de pesos, porque no pagan sus arriendos, no pagan sus lugares de trabajo. Aún así ellas siguen trabajando. Jamás se les han cerrado los locales.
Una de ellas está en investigación relacionada con el operativo del 20 de noviembre. Las otras dos son deudoras importantes del mercado. Y anda una ex funcionaria que fue la que sustrajo los documentos. Esta niña fue despedida por agredir a un guardia de seguridad al interior del recinto.
-Las diputadas solicitaron oficios a varios ministerios y servicios. ¿Qué fiscalizaciones específicas pidieron?
Pidieron al Ministerio de Bienes Nacionales información sobre si fiscalizaron las obligaciones de la asociación gremial. Al Ministerio de Economía le solicitaron los antecedentes de la gestión y las medidas que tomaron la Subsecretaría de Pesca y Sernapesca por los supuestos cierres arbitrarios de locales. También pidieron al Servicio de Impuestos Internos un informe sobre el cumplimiento tributario del recinto y si hubo sanciones en los últimos cinco años con el Impuesto a la Renta y el pago de IVA.
Nosotros hemos entregado toda esa información cuando nos la han solicitado. No tenemos nada que ocultar. Somos fiscalizados constantemente y todos nuestros balances están disponibles para las autoridades.
-¿Qué responde a la fiscalización solicitada por las diputadas?
En una entrevista la diputada Becerra dice que se le entregó a ciertas "personitas" la concesión, pero no se le entregó a ciertas personitas esta concesión. Se le entregó a una asociación gremial que está vigente desde 1993 y que nosotros llevamos dos años gestionando. Nos hemos ganado a pulso cada paso que hemos dado.
No es decir "ya saben qué, se las vamos a entregar porque nos cayeron bien". Hay que cumplir una cantidad de requisitos y dentro de eso hay un proyecto. Un proyecto que sustenta estos 20 años de inversión.
Además, hay un concepto equivocado donde ellas creen que este mercado se le entregó a Henie Bustos. No se me entregó a mí como persona, se entregó a una asociación gremial que yo represento. Yo me puedo ir mañana y la concesión queda con la asociación gremial, no conmigo.
Morosidad y acciones legales
-¿Cómo está la morosidad de arriendos dentro del terminal?
Tenemos un tema importante con respecto a la morosidad. Hoy, ya con una concesión clara, hemos tomado acciones. Tenemos al menos 20 a 25 demandas por término de contrato por deuda.
Esto fue solicitado expresamente por la asamblea. Es muy importante señalar que las decisiones importantes no las tomo sola. Se llama una asamblea, se publica, se lleva a notario, se toma acta y todo lo que los asociados solicitan, nosotros lo ponemos en ejecución.
Todo está respaldado, está todo regulado. No es porque se me ocurrió sacar a alguien porque le cae mal o porque no pagó. Yo hago lo que la asamblea pide. Claramente hay decisiones operacionales domésticas que no requieren asamblea, pero el resto son decisiones en conjunto con los asociados.
-¿Cómo ha evolucionado el nivel de morosidad desde que tomaron la administración?
En un comienzo estábamos incluso en el 50% de morosidad. Pero eso se redujo afortunadamente porque la gente tomó conciencia.
Estas mujeres trataban de decirle a la gente que no pagaran los arriendos porque nos quitaban el terminal en septiembre. Y si nos lo quitaban, todas las deudas iban a quedar en cero. Entonces hubo algunos que se quisieron pasar de listo y hoy se encuentran con el agua hasta el cuello pidiendo que podamos ayudarlos.
Los citamos, conversamos con ellos, vemos su situación comercial y económica, planteamos formas de pago y lo han aceptado. Por lo tanto, eso se redujo. Me atrevería a decir que se redujo en un 20% y todavía estamos en la dinámica porque todavía está subiendo la gente.
Cuando sean notificados por las demandas, eso también va a ir reduciendo cada vez más ese listado. Hoy tienen un mercado en el cual van a poder trabajar durante 20 años sin que nadie venga a abusar de ustedes. Les damos todas las facilidades para ponerse al día. Muchos están subiendo a hacerlo. Los que se niegan se van a tener que ir del mercado.
Situación financiera
-En términos de balances financieros, ¿en qué punto están? ¿Tienen deudas vigentes?
Hasta el momento no tenemos deudas operacionales vigentes. Sí tenemos un convenio de pago con la Tesorería por el concepto de contribuciones, que pagamos tres veces al año.
Los costos operacionales mensuales son altos: pagamos sobre 20 millones de pesos en luz y 35 millones en agua. Además está lo que conlleva la seguridad y el manejo de la basura. La energía no le pagamos a una sola empresa. Compramos energía industrial, entonces le pagamos a la empresa que nos presta los cables para transportarla y luego a otra empresa la energía que usamos.
Cuando hay momentos críticos, tienes que evaluar si pagas las contribuciones o sigues funcionando operacionalmente. Pero lo importante es que logramos estabilizar esa deuda con la Tesorería. Hicimos un convenio de pago, eso ya está resuelto. Vamos en la marcha.
-¿Los ingresos son más altos que los egresos actualmente?
Hoy los egresos son más altos de lo que está ingresando, por lo mismo que estamos diciendo, porque todavía hay locatarios que no se han podido estabilizar y aún así pagan.
El operativo contra la mafia del salmón
-El 20 de noviembre hubo un operativo del Servicio de Impuestos Internos y la PDI por la mafia de los salmones. ¿Cómo están trabajando con las autoridades para evitar este tipo de situaciones?
Somos un mercado que está a disposición porque es un inmueble fiscal y todos los mercados se deben regular. Esta investigación venía de mucho tiempo antes de que nosotros posesionáramos como administración. Claramente tenemos que tener la disposición para eventuales operativos con la policía, el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía.
Esto ha traído consecuencias bastante complejas porque todavía hay gente en proceso, hay investigaciones. Nosotros no somos parte querellante de esta investigación, por lo tanto no tenemos acceso a las carpetas. Tratamos de mantenernos al margen porque hay desconocimiento absoluto.
Aún así hemos sido culpados de haber entregado información, de haber delatado, cosa que nosotros no sabíamos. Nosotros íbamos por otra línea, que era el tema de la pesca ilegal. Esto se cruzó en algún minuto y ha traído consecuencias de seguridad, particularmente para mí. Hoy tengo tres esquemas de protección distintos porque he sido amenazada de muerte, agredida y me responsabilizan de una situación en la cual nunca hemos estado involucrados.
-Uno de los sellos de su administración era combatir la pesca ilegal. ¿Esto ha generado tensiones con algunos locatarios?
Es un sector minoritario. Ni siquiera te podría decir que estamos hablando de 10 personas. Son tres, cuatro, cinco personas que están ligadas además con la administración anterior.
Todas estas cosas de alguna forma les sirven, pero el resto del mercado sí quiere operar, porque se acostumbró. Llevamos dos años y medio y el mercado se acostumbró a trabajar en forma tranquila. Gracias a Dios todavía estamos libres de bandas criminales que vienen desde afuera, que son extranjeras, que nos entran a asaltar.
Son cosas muy domésticas al interior que son manejadas por seguridad y la gente ya se acostumbró a eso. Todos prestan apoyo en lo que se requiera. Eso no significa que uno ande investigando por la vida. Si llega una investigación, hay que acceder y entregar todas las facilidades para que se haga. Pero eso no significa que uno ande investigando, porque además son temas sumamente delicados.
Fiscalización y trazabilidad
-¿Cómo funciona el control de la trazabilidad de los productos que ingresan al terminal?
Nosotros no somos fiscalizadores. No tenemos la potestad legal para, por ejemplo, abrir camiones o revisar productos, porque dentro del mercado tenemos dos entes fiscalizadores que se hacen cargo de eso: Sernapesca y el Servicio Nacional de Salud.
Como administración lo único que hacemos es preocuparnos de que si llega un producto, los camiones tienen que presentar guías o facturas al ingresar para asegurarnos que ese producto viene al nombre de algún locatario establecido.
Cuando eso no ocurre, y llega pesca que no sabemos de dónde viene ni para quién viene, son retirados del mercado en forma inmediata. No se permite la venta de esos productos al interior.
Gestión de residuos orgánicos
-El terminal genera toneladas de residuos orgánicos diarios: restos de pescados, conchas, cabezas, vísceras. ¿Qué sistema de gestión de residuos están implementando y cómo se reutilizan?
Tenemos una empresa que se dedica al reciclaje de estos residuos. Para ellos es materia prima. Muchos de estos productos reciclados van, por ejemplo, a alimentos para perros. Las conchas van para producción de calcio. Hay un sistema con moscas que descompone la materia orgánica, tienen una vida de tres o cuatro días y luego mueren. Hacen todo el proceso para que esta empresa pueda reutilizar esa materia orgánica.
Lo que ya no se puede ocupar también se trata para poder desechar con un tratamiento especial, por lo tanto no se genera contaminación. La empresa se lleva todo separado y hace la separación.
Esto también ha ayudado a reducir los malos olores, aunque están impregnados en la tierra y el pavimento. Nosotros partimos limpiando los patios y las naves a las 10 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. Es un proceso súper largo que se hace y después de que todo se limpia, se sanitiza.
Gobernanza y futuro
-¿Cómo es el proceso de elección de la directiva?
Es por votación. Tenemos votaciones cada tres años. Son votaciones democráticas donde cada asociado da su voto. Ahí sale el presidente, el tesorero, el secretario y los directores. Mi periodo termina ahora en julio de 2026 y puede llegar otro presidente de la asociación, puede ser cualquier asociado. Esa persona va a tener la responsabilidad legal de seguir avanzando, pero la concesión está en nombre de la asociación gremial de comerciantes de productos del mar, no de una persona en particular, ni del presidente.
-¿Evaluará continuar en la presidencia?
Es un tema que también tenemos que evaluar porque ha sido muy desgastante, pero escucho a los locatarios y su disposición a avanzar y es algo que me hace dudar.