Un conductor de transporte público que sufrió un grave accidente laboral en 2017 logró que el Juzgado de Letras del Trabajo de Colina declarara que su despido fue una represalia y vulneró su derecho a la indemnidad laboral.
Fue despedido de palabra por denuncias a la Inspección del Trabajo tras volver de licencia: Deberán pagarle $9,2 millones
El Juzgado del Trabajo de Colina declaró que un conductor fue despedido como represalia tras fiscalizaciones y demandas laborales y condenó al empleador a pagar indemnizaciones por más de $9,2 millones, monto que aumenta con cotizaciones impagas y sueldos por nulidad del despido.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el trabajador permaneció con licencia médica continua desde junio de 2017 hasta el 30 de enero de 2019, periodo en el que solicitó fiscalizaciones ante la Inspección del Trabajo y presentó una demanda judicial contra su empleador y la empresa principal por incumplimientos laborales y previsionales.
Según la sentencia, al día siguiente de terminado su reposo médico, el 31 de enero de 2019, el trabajador se presentó a retomar sus funciones y fue despedido verbalmente, sin carta ni invocación de causal legal.
El tribunal tuvo por acreditado que el empleador esperó el término de la licencia para desvincularlo, como reacción directa a las acciones administrativas y judiciales iniciadas por el trabajador.
La jueza estableció que existió una relación laboral entre marzo de 2017 y enero de 2019, con una remuneración mensual de $567.252, y que los servicios se prestaron bajo un régimen de subcontratación para la empresa Transportes Damir Limitada.
Durante el juicio, las demandadas no contestaron la demanda ni rindieron prueba, quedando acreditados los hechos expuestos por el trabajador.
El fallo concluyó que el despido fue verbal, injustificado y nulo, y que constituyó una represalia prohibida por el artículo 485 del Código del Trabajo.
Además, se constató que al momento del despido las cotizaciones previsionales no estaban íntegramente pagadas, lo que activó la sanción de nulidad.
En lo resolutivo, el tribunal condenó al empleador principal al pago de indemnizaciones que, en su parte ya cuantificada, superan los $9,2 millones.
A ese monto se suman cotizaciones previsionales adeudadas, remuneraciones devengadas por la nulidad del despido, reajustes e intereses. La empresa Transportes Damir Limitada fue declarada solidariamente responsable de las prestaciones laborales y previsionales.
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