Denuncian reglamento que permite deforestación a proyectos denominados de “interés nacional”

Reglamento y deforestación

Uno de los puntos más críticos del capítulo Forestal es la modificación al Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales (RSAH), promulgada en marzo de 2025. Fundación Terram califica este cambio como una de las reformas más regresivas en materia forestal de los últimos años, al debilitar de forma significativa la protección de ecosistemas sensibles como los humedales, más específicamente la vegetación ribereña, los suelos con pendiente y las áreas erosionables.

La modificación exime a ciertas obras —incluidas aquellas calificadas como de “interés nacional” y las denominadas obras lineales— de la obligación de presentar planes de manejo y/o planes de trabajo, como también de cumplir con restricciones destinadas a proteger cursos de agua y vegetación asociada. Según el análisis del Balance, esta vía reglamentaria fue utilizada para facilitar proyectos de inversión, reduciendo estándares de protección ambiental y dejando especialmente vulnerables a ecosistemas irremplazables, como las formaciones xerofíticas, que contaban con escasas herramientas normativas de resguardo.

Frente a esta situación, Fundación Terram presentó un recurso de invalidación ante el Ministerio de Agricultura, el que fue rechazado, lo que derivó en una acción judicial ante el Segundo Tribunal Ambiental, actualmente acogida a trámite.

Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram señala que “La modificación efectuada al reglamento de Suelos, Aguas y Humedales, liderada por el entonces ministro de Agricultura Esteban Valenzuela y aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, debilita la escaza y precaria regulación que protege los ecosistemas vegetacionales nativos, al permitir la deforestación sin ningún control preventivo, en teoría para obras de “interés nacional”, concepto que no está definido en la regulación sectorial”. Cabe recordar que antes de esta modificación impulsada por el gobierno del presidente Boric, los titulares de proyecto podían solicitar excepcionalmente la tala de vegetación nativa, lo cual era evaluado por la autoridad. Hoy no lo requieren y tampoco deben reponer la vegetación eliminada.

Proyecto Copiaport-E

El capítulo también aborda el avance del megaproyecto portuario Copiaport-E en la Bahía Chascos, en la Región de Atacama, una zona de alto valor ecológico tanto terrestre como marino. A pesar de los impactos ambientales irreversibles que podría generar, el proyecto fue aprobado en septiembre de 2025 por la Comisión de Evaluación Ambiental regional.

El informe destaca que esta iniciativa se emplaza en un área que alberga formaciones vegetacionales excepcionales y una de las praderas de pastos marinos más extensas del Pacífico Sur Oriental, además de ser sitio de alimentación de la tortuga verde marina. El aumento del tráfico marítimo y la operación de una planta desalinizadora asociada al proyecto representan riesgos significativos para estos ecosistemas frágiles, lo que ha motivado la oposición de organizaciones científicas y de la sociedad civil.

Incendios forestales

En octubre de 2025, el gobierno presentó el Plan de Acción 2025-2026 de Prevención, Mitigación y Control de Incendios Forestales, acompañado del mayor presupuesto destinado a esta materia hasta la fecha (161 mil millones de pesos aprox.). El plan contempla un aumento de un 27% en brigadas de combate y prevención, 48% en aumento de personal general y mayores recursos tecnológicos, además de una mayor dotación de aeronaves para el combate de incendios.

Pese a este esfuerzo presupuestario, Chile aún no cuenta con una Ley de Incendios que se haga cargo de regulaciones más allá de lo monetario. el Balance Ambiental de Terram advierte que durante la temporada 2025-2026 los incendios forestales continúan concentrándose en regiones históricamente afectadas como Biobío, La Araucanía, Maule, Metropolitana y Valparaíso, las que acumulan cerca del 80% de la superficie quemada en el país. El informe señala que los desafíos estructurales en prevención, ordenamiento territorial y gestión del riesgo siguen siendo una deuda
pendiente.

Como conclusión Liberona plantea que “lo que nos muestra esta versión del Balance ambiental en materia forestal, es que por una parte se ha avanzado al lograr aprobar y que sea ley el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR), que será la institución pública sucesora de CONAF y al mismo tiempo se retrocede por la via administrativa al desproteger ecosistemas vegetacionales nativos y junto con ellos cursos de agua y humedales. Es como si diéramos un paso hacia adelante y dos para atrás. En este sentido existe una incoherencia total en la política pública, lo cual plantea desafíos importantes para el próximo periodo”.

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