TGR le descontó $20 millones de indemnización por crímenes de lesa humanidad para cobrar deudas: Corte ordenó devolver monto
La historia se remonta a una demanda presentada en abril de 2021 por un acuicultor de Ancud, junto a otras víctimas, en contra del Fisco de Chile por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar por agentes del Estado.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el juicio fue tramitado ante el Primer Juzgado Civil de Santiago y concluyó con una sentencia dictada en diciembre de 2022, que condenó al Fisco a pagarle $20 millones por daño moral.
Esa decisión fue confirmada en mayo de 2023 por la Corte de Apelaciones de Santiago y quedó ejecutoriada, incorporando la indemnización al patrimonio del afectado por resolución judicial firme.
Sin embargo, el dinero nunca fue recibido directamente por el beneficiario.
Recién en junio de 2025, al concurrir a la Tesorería Provincial de Castro para consultar su situación tributaria, el afectado tomó conocimiento de que la indemnización había sido compensada con deudas fiscales.
Según los antecedentes, la Tesorería realizó 16 compensaciones el 4 de diciembre de 2023, por un total de $21.117.962, correspondientes a obligaciones entre 2018 y 2022.
El recurrente sostuvo que nunca fue notificado formalmente de esa operación y que varias de esas deudas se encontraban prescritas o no estaban en cobro judicial.
Ante esa situación, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, acusando un actuar arbitrario e ilegal al descontar una indemnización fijada por sentencia firme, sin autorización judicial y vulnerando su derecho de propiedad.
La Tesorería pidió el rechazo del recurso, alegando extemporaneidad y señalando que actuó conforme a la normativa que permite compensar créditos con deudas fiscales.
La Corte descartó que la acción fuera extemporánea, al constatar que no existió notificación formal de la compensación y que la privación de los fondos tenía carácter permanente.
En el fondo, concluyó que Tesorería aplicó de manera extensiva normas tributarias para compensar una indemnización judicial por daño moral, incorporando deudas de distinta naturaleza y algunas potencialmente prescritas.
Con ello, acogió el recurso de protección y ordenó a la Tesorería Provincial de Castro reintegrar íntegramente los montos indebidamente compensados.
