Fiscalía pide prisión preventiva contra exministra de Corte Suprema Ángela Vivanco: “Peligro para la seguridad de la sociedad”
En la audiencia de formalización que golpea al sistema judicial chileno, la Fiscalía solicitó este lunes la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, tras imputarla por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos en el marco del caso conocido como "Trama bielorrusa".
Según la acusación del Ministerio Público, expuesta por el fiscal Marcos Muñoz, Vivanco habría recibido pagos y beneficios económicos de abogados vinculados a intereses privados para favorecer resoluciones judiciales en una disputa entre el consorcio Belaz Movitec (relacionado con la empresa bielorrusa Belaz) y la estatal Codelco. La exjueza no se habría inhabilitado de las causas pese a existir un evidente conflicto de intereses, derivado de su relación de amistad con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Peligro para la seguridad de la sociedad
Fiscalía sostiene que la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, habría actuado como instrumento para el lavado de activos, recibiendo y manejando fondos que provenían de estas coimas.
Entre las pruebas presentadas destacan fajos de dólares y pesos argentinos que la pareja habría retirado durante un viaje a Buenos Aires en diciembre de 2023, los cuales corresponderían a la primera entrega de dinero en el caso CBM-Codelco.
La audiencia se desarrolló en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, instancia que rechazó la cautela de garantías presentada por la defensa de Vivanco, la cual alegaba ilegalidad en la detención y falta de tiempo para preparar adecuadamente el caso. La exministra llegó esposada al tribunal, en un hecho inédito para una exintegrante del máximo tribunal del país.
Tras esto, se solicitó la prisión preventiva por un peligro para la seguridad de la sociedad, además del consiguiente peligro para el desarrollo de la investigación, quedando pendiente aún la resolución del juzgado.
Golpe al Poder Judicial
La formalización de Ángela Vivanco representa uno de los capítulos más graves de corrupción judicial en la historia reciente de Chile y ha generado reacciones transversales.
Desde el Ejecutivo, la ministra Camila Vallejo calificó el caso de "máxima gravedad" y señaló que obliga a acelerar reformas al Poder Judicial para fortalecer su independencia y transparencia.
Este escándalo se enmarca en una investigación más amplia derivada del denominado Caso Audios de Luis Hermosilla, que ya ha involucrado a otros actores del sistema de justicia y pone en entredicho la imparcialidad en causas de alto impacto económico, especialmente aquellas que involucran intereses extranjeros y recursos estratégicos del Estado como el litio y el cobre.
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