Pilar Moraga (CR2) por incendios: "En Chile no existe regulación del uso de suelo en zonas rurales y eso expone a las personas"
En medio de los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble, con 20 fallecidos y más de 25.000 hectáreas arrasadas, Pilar Moraga, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, advierte sobre una problemática estructural que agrava estos desastres: la ausencia de regulación del uso de suelo en zonas rurales.
"En Chile no existe un ordenamiento de los usos del suelo en la zona rural", explica Moraga en entrevista con El Desconcierto. Mientras en áreas urbanas existen normativas claras sobre construcción y zonificación, en el campo las personas y empresas pueden definir libremente el uso de sus terrenos. Esta situación genera que "las forestales pueden decidir utilizar el 100% de su predio para el monocultivo", permitiendo que plantaciones de pino o eucalipto lleguen directamente hasta donde comienzan las viviendas.
La académica subraya que la jurisprudencia chilena ha establecido que las empresas forestales no tienen obligación legal de crear zonas de amortiguamiento. Estas áreas limpias de vegetación funcionan como cortafuegos naturales y han demostrado su efectividad. Además, durante los incendios de Valparaíso de 2017, "una población entera se salvó justamente porque tenían una zona limpia que los protegía de cortafuegos", recuerda.
La diferencia entre los monocultivos industriales y el bosque nativo es crucial para entender la propagación de incendios. Moraga explica que en plantaciones forestales "el suelo seguramente está erosionado o es tierra, o simplemente vemos los troncos de los árboles y nada más". En contraste, el bosque nativo ofrece diversidad de flora y fauna, mejor retención de agua y servicios ecosistémicos que ayudan a contener el avance del fuego.
Prevenir incendios
El problema no es solo la falta de regulación actual, sino también la ausencia de políticas preventivas robustas. Desde 2020, un informe del CR2 identificó las zonas de mayor riesgo de incendios en Chile, advirtiendo específicamente sobre sectores como El Trébol o la cárcel de Concepción, y señalando a más de 3 millones de personas en situación vulnerable. Esa información fue entregada al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero "gran parte de las recomendaciones, si bien son difíciles de implementar, no han visto ningún resultado", lamenta.
El contexto de cambio climático agudiza el escenario: suelos más secos producto de la sequía, cambios en los patrones de vientos y episodios de temperaturas extremas crean condiciones ideales para mega incendios. Moraga explica que "el cambio climático genera una situación de sequía, los suelos están más secos, los vientos han cambiado y en este marco los monocultivos o los usos de suelo generan esta situación cada vez más grave".
Chile cuenta además con una Ley Marco de Cambio Climático que establece la obligación de dictar planes para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y de adaptarse a los efectos del cambio climático. Sin embargo los incendios amenazan ese esfuerzo. En la temporada de incendios de 2017, Chile emitió alrededor del 90% del dióxido de carbono que emite en un año completo: cerca de 60 millones de toneladas de CO2 equivalente.
"Todos los esfuerzos que Chile puede hacer para reducir los gases de efecto invernadero en nuestro país se pierden frente a un episodio como este", señala Moraga, agregando que estos eventos también significan "una gran pérdida para el país" en términos de desarrollo económico.
La académica enfatiza que mientras el país destina grandes esfuerzos a la atención de emergencias, "no tenemos esta política preventiva de establecer los usos del suelo, pero a su vez educar a la población frente a este tipo de eventos extremos en términos de evacuación, por ejemplo, o mecanismos de comunicación frente al corte de líneas telefónicas". Esta falta de preparación se hace evidente en cada mega incendio que afecta al país.
Ciencia climática sin financiamiento
La situación se vuelve más crítica considerando que el CR2 perdió su financiamiento estatal en diciembre de 2025, tras no adjudicarse recursos en el concurso de Centros de Investigación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). El centro, que durante 13 años generó evidencia científica sobre riesgos climáticos y desarrolló herramientas como el Atlas de Riesgo Climático (ARCLIM), enfrenta un futuro incierto a partir de marzo de 2026.
El CR2 obtuvo una evaluación sobresaliente por parte del panel internacional de científicos de reconocido prestigio. Sin embargo, el panel nacional le otorgó un puntaje significativamente menor, lo que finalmente lo dejó fuera de la adjudicación. Moraga califica esta situación como "gravísima" y señala que "no está llamado el panel nacional a ajustar los puntajes del panel internacional al punto de decidir qué centros se adjudican y qué centros no, casi con una puntuación quirúrgica".
"Lo que está en juego es la posibilidad de contar con información confiable para proteger vidas humanas, ecosistemas y actividades productivas", advierte Moraga, quien cuestiona la coherencia entre el discurso ambiental del gobierno y las decisiones presupuestarias en materia científica. La académica enfatiza que ninguno de los centros adjudicados por ANID aborda directamente la adaptación y resiliencia al cambio climático, dejando a Chile sin una institución estratégica para enfrentar estos desafíos en un país altamente vulnerable a eventos climáticos extremos.
