Conflicto de interés en Municipalidad de Ñuñoa: Contraloría inicia sumario disciplinario contra administrador Tomás Fuentes
La Contraloría General de la República instruyó un procedimiento disciplinario contra Tomás Fuentes Barros, administrador de la Municipalidad de Ñuñoa, por un posible conflicto de interés al firmar un decreto que ordenó la demolición de estructuras publicitarias pertenecientes a empresas con las que mantendría deudas pendientes, según informó el organismo fiscalizador este jueves 16 de enero.
La investigación se origina tras denuncias presentadas por la concejala Maite Descouvieres Vargas (PS) y el concejal Andrés Argandoña Basoain (FA), quienes alertaron sobre irregularidades en el decreto alcaldicio N° 01532/2025, firmado el 10 de julio de 2025 por Fuentes Barros cuando ejercía como alcalde subrogante de la comuna.
Los hechos denunciados
Las empresas Power Graphics S.A. y PRCD S.A., representadas por Héctor Salazar Ardiles, denunciaron que Fuentes Barros habría contratado servicios publicitarios para su candidatura a alcalde de Vitacura en el período 2016-2020, y que existen pagos pendientes por esos servicios.
Además, sostienen que el actual administrador municipal ordenó la demolición de sus estructuras publicitarias mediante el mencionado decreto, lo que podría constituir un conflicto de interés.
El decreto en cuestión ordenó la demolición de letreros publicitarios tipo valla, torre, panel y estructuras análogas emplazadas en bienes nacionales de uso público sin autorización municipal, otorgando un plazo de 15 días para su remoción voluntaria. La medida se fundamentó en que dichas estructuras carecían de permisos y contravenían la normativa comunal.
Sin embargo, la Contraloría determinó que el decreto mantiene su validez legal. El organismo explicó que "el vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto cuando recae en algún requisito esencial", condición que no se presenta en este caso, ya que la orden de demolición se sustenta en el decreto alcaldicio N° 754/2025, que revocó permisos de ocupación otorgados en 2004 y 2006 por contravenir principios de legalidad, libre concurrencia e igualdad de oferentes.
El documento señala que el retiro de las estructuras publicitarias "se fundamentó en el decreto alcaldicio N° 754/2025, de 26 de marzo de 2025, a través del cual esa municipalidad revocó los permisos precarios de ocupación", por lo que la medida no depende exclusivamente de la decisión adoptada por Fuentes Barros.
No obstante, la Contraloría consideró pertinente instruir un procedimiento disciplinario para esclarecer si existió efectivamente un conflicto de interés en la actuación del administrador municipal. El organismo recordó que el artículo 62 de la Ley N° 18.575 establece que contraviene el principio de probidad administrativa "intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal".
Los antecedentes del caso fueron remitidos al Departamento de Procesos Disciplinarios de la División de Función Pública de la Contraloría General, que deberá determinar si Fuentes Barros incurrió en alguna falta a la probidad administrativa y, de comprobarse, establecer las sanciones correspondientes.
