Vinculación universitaria en regiones: Condición para la coherencia país
La discusión del Presupuesto 2026 volvió a evidenciar la fragilidad del sistema de educación superior chileno, en particular de los instrumentos que permiten a las universidades regionales cumplir con su misión pública en sus territorios. La eliminación del Fondo de Fortalecimiento para la Educación Superior Regional (ESR) desmantela uno de los pocos mecanismos orientados explícitamente a sostener la vinculación entre universidad y desarrollo territorial fuera de la Región Metropolitana.
Implementado desde 2017, el ESR respondió a una demanda histórica de las universidades regionales, cuyas funciones de vinculación, extensión y cultura han sido históricamente subfinanciadas. Su espíritu fue corregir la asimetría de un sistema altamente centralista, reconociendo el valor público del quehacer universitario en regiones y su contribución al desarrollo territorial descentralizado. En ese sentido, su eliminación no afecta solo a las instituciones sino que a las comunidades regionales.
Parte del problema se encuentra en una comprensión aún limitada de la función de Vinculación con el Medio (VcM) en la educación superior. Lejos de ser una función accesoria, constituye un eje estratégico para su calidad y coherencia. La VcM exige identificar, valorar y fortalecer los intercambios con actores públicos, privados y de la sociedad civil, entendiendo que estos vínculos retroalimentan y otorgan mayor pertinencia a las funciones misionales de docencia e investigación. No se trata solo de transferir conocimiento sino de reconocer procesos de reciprocidad que, bien conducidos, aportan al desarrollo territorial y a formas más democráticas de producción de saberes.
Este enfoque resulta especialmente relevante frente a uno de los nudos críticos del sistema: el desacople entre la expansión de la matrícula en educación superior y la estructura productiva del país. Estudios recientes muestran una creciente sobrecalificación laboral, altos niveles de desempleo entre personas con educación superior completa y trayectorias laborales marcadas por la precariedad, expresión del agotamiento de un modelo de movilidad social basado en una promesa educativa sin articulación efectiva con el entorno productivo y social.
En este contexto, los programas impulsados por el ESR han permitido a las universidades regionales articular docencia, investigación aplicada y formación continua en torno a demandas y desafíos concretos de sus territorios, abriendo espacios para prácticas formativas pertinentes, reconocimiento de aprendizajes previos y vínculos más efectivos con el mundo del trabajo, contribuyendo así a diversificar trayectorias laborales y a mejorar la empleabilidad. Debilitar estos mecanismos implica reducir la VcM a su versión más residual, desconectada de las funciones centrales de la universidad.
Las universidades estatales regionales han operado siempre en contextos adversos: brechas en infraestructura, conectividad y recursos, costos elevados de funcionamiento y el persistente centralismo en la toma de decisiones. Sin embargo, son estas instituciones las que sostienen de manera más estable la formación de capital humano avanzado, la generación de conocimiento situado y el vínculo cotidiano con actores sociales y productivos. Esta paradoja es conocida: la normativa exige contribuir al desarrollo territorial, pero la política pública no provee instrumentos para hacerlo.
Aun así, las universidades regionales mantienen una alta legitimidad social. La reciente aplicación del Barómetro Regional 2024-2025 en nueve regiones del país muestra que son percibidas como instituciones cercanas, confiables y relevantes para el desarrollo local, superando ampliamente a otros organismos públicos y privados. Este reconocimiento es un piso estratégico que debiera ser fortalecido.
La eliminación del Fondo de Fortalecimiento para la Educación Superior Regional no solo constituye una decisión regresiva sino que entra en contradicción directa tanto con la Ley 21.091 como con la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior 2026–2038 recientemente elaborada. La ley mandata al sistema a contribuir al desarrollo del país, sus regiones y comunidades, reconociendo la VcM como función esencial.
En coherencia, la Estrategia ha definido como horizonte un sistema integrado, orientado al desarrollo sostenible, la equidad territorial y la producción de valor público. Desfinanciar el principal instrumento que permite a las universidades regionales cumplir ese rol implica vaciar de contenido los principios y objetivos estratégicos del sistema, generando una distancia estructural entre el marco normativo, la planificación de largo plazo y las decisiones efectivas de política pública.
Consolidar modelos robustos de VcM en regiones no es asunto sectorial ni corporativo sino condición de coherencia para el sistema de educación superior y para un proyecto de desarrollo país que asuma con seriedad el equilibrio territorial. Sin instrumentos estables que sostengan esta función, la promesa de descentralización seguirá siendo declarativa.
