El círculo de Kast ante la ilegalidad: Quiroz, Álvarez y la normalización política de las casas de apuestas

En Chile, las casas de apuestas en línea operan en un marco de ilegalidad, cuestión que no es objeto de interpretación política sino el resultado de un fallo de la Corte Suprema que ha establecido con claridad la prohibición de su funcionamiento.

No se trata, por tanto, de un vacío normativo ni de una discusión abierta, sino de una resolución judicial firme, emanada del máximo tribunal del país. Asimismo, facilitan flujos financieros opacos, lavado de dinero y corrupción, incluso vinculada a delincuencia organizada. Cualquier debate posterior —sobre regulación, tributación o normalización— ocurre necesariamente después y en contra de ese hecho fundamental.

Este punto es clave, porque toda promesa política relacionada con las casas de apuestas no se mide por la intención declarada, sino por la coherencia efectiva con un escenario de ilegalidad ya establecido.

En palabras de Hans Kelsen, el Estado de Derecho no se sostiene en voluntades morales, sino en la primacía de la norma jurídica sobre los intereses particulares.

Legalidad declarativa versus redes reales de poder

Durante el debate Archi de diciembre, Kast afirmó que haría cumplir el fallo de la Corte Suprema que prohíbe las casas de apuestas, posicionándose como garante del orden jurídico. Sin embargo, esa afirmación entra en fricción directa con los vínculos documentados de dos figuras centrales de su entorno político y técnico: Rodrigo Álvarez y Jorge Quiroz.

Cuando un liderazgo promete rigor legal mientras se rodea de asesores que han operado como defensores, representantes o facilitadores de una industria ilegal, la legalidad se transforma en retórica performativa, no en principio rector.

La contradicción no es anecdótica, es estructural. Mientras Kast promete ejecutar el fallo, su círculo cercano ha trabajado activamente para explicar, justificar y proyectar la continuidad de la industria del juego, incluso ante organismos del Estado.

Rodrigo Álvarez

El rol de Rodrigo Álvarez constituye uno de los puntos más delicados del entramado. Según la investigación de Minuto 90 y ContrapoderChile, Álvarez representó a la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea ante el Servicio de Impuestos Internos, junto a Carlos Baeza, en una Audiencia de Ley de Lobby realizada el 3 de septiembre de 2024.

El objetivo de dicha audiencia no fue menor... Explicar el funcionamiento de la industria, abordar su regulación en Chile y el extranjero, y conocer la postura del SII respecto a la tributación de estas plataformas. En términos políticos, esto implica algo más profundo que una gestión técnica, supone tratar como regulable y normalizable una actividad que el Poder Judicial ha declarado ilegal.

Pierre Bourdieu describía este fenómeno como una forma de reconversión simbólica del capital económico en capital institucional: lo que no es legítimo jurídicamente busca volverse aceptable administrativamente, erosionando la frontera entre legalidad e ilegalidad por la vía del lobby.

Que uno de los hombres clave del comando de Kast haya participado activamente en ese proceso tensiona gravemente la credibilidad de cualquier promesa de “mano dura” contra las casas de apuestas.

Jorge Quiroz

Asimismo, de acuerdo a los dos medios de comunicación citados anteriormente, en el caso de Jorge Quiroz, su vinculación histórica con Gerens Consultores y su rol como asesor de los casinos de juego, particularmente Dreams, refuerzan la idea de un entorno profundamente imbricado con la industria del juego. La asesoría prestada en el contexto de la fusión con Enjoy, operación cuestionada por la Fiscalía Nacional Económica, muestra que el vínculo no es marginal ni episódico.

Aquí emerge una paradoja política evidente, un discurso público que apela al orden, la moral y la ley convive con un pragmatismo económico absoluto cuando se trata de industrias lucrativas, incluso aquellas asociadas a externalidades sociales severas.

Karl Polanyi advertía que cuando el mercado logra capturar a los reguladores —o a quienes influyen sobre el poder político—, el Estado deja de ser árbitro y pasa a ser gestor de intereses privados. El círculo de Kast parece moverse cómodamente en esa lógica.

Conclusión

La crítica más dura al círculo de José Antonio Kast no reside solo en la contradicción, sino en la ausencia total de ruptura con las redes que sostienen y defienden una industria ilegal. Se proclama autoridad moral, pero se gobierna —o se pretende gobernar— con los mismos operadores que han buscado blanquear institucionalmente aquello que la Corte Suprema ya prohibió.

De acuerdo a Daniela Vásquez Dahmen de Molina, mientras se exige orden al ciudadano común, el poder se reserva el derecho de negociar la ley en salones cerrados.

En ese sentido, la pregunta ya no es si Kast cumplirá el fallo, sino si su proyecto político está estructuralmente dispuesto a desmantelar los vínculos que relativizan la ilegalidad cuando esta afecta a intereses poderosos. Hasta ahora, la evidencia sugiere lo contrario.