Le hicieron "encerrona" en reunión, la obligaron a renunciar y la amenazaron con que perdería el título: Deberán pagarle $16 millones
La historia se remonta a agosto de 2024, cuando una técnica en enfermería con más de once años de antigüedad fue citada a una reunión con sus jefaturas en su lugar de trabajo.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, no se trató de una conversación regular, sino de una verdadera "encerrona": la trabajadora fue llevada a una oficina, con la puerta cerrada, y enfrentada simultáneamente por varias personas del equipo directivo y de recursos humanos.
En ese encuentro se le imputó un hecho grave relacionado con una receta médica y, de acuerdo con los testimonios valorados por el tribunal, se le advirtió que podía ser denunciada, perder su título profesional y quedar imposibilitada de seguir trabajando en el rubro.
Bajo ese escenario, se le indicó que lo “mejor” era que presentara su renuncia de inmediato. Minutos después, aún dentro de las dependencias de la empresa, ingresó una renuncia electrónica a través del portal de la Dirección del Trabajo.
El proceso judicial permitió reconstruir lo ocurrido tras esa reunión. Testigos relataron que la trabajadora salió en estado de shock, con evidentes afectaciones físicas y emocionales, repitiendo que había sido obligada a renunciar.
Para el tribunal, ese contexto fue clave: si bien la renuncia cumplía formalmente con los requisitos legales, no fue el resultado de una decisión libre y espontánea.
El caso fue analizado por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En su sentencia, la jueza Carolina Luengo Portilla concluyó que la empleadora optó por una estrategia destinada a aparentar que el término del vínculo había sido decidido por la trabajadora, evitando así asumir la carga legal de un despido disciplinario.
El fallo señala que la presión ejercida durante la reunión configuró un vicio del consentimiento por fuerza, lo que permitió declarar la nulidad de la renuncia.
En consecuencia, el tribunal calificó los hechos como un despido injustificado y ordenó a Servicios Médicos Santa María Limitada pagar las indemnizaciones legales.
Estas ascienden a $1.400.482 por concepto de aviso previo y $15.405.302 por años de servicio, monto que incluye el recargo legal del 50%, totalizando $16.805.784, más reajustes e intereses legales.
