Dictadura, tutela y poder: Por qué Estados Unidos no está haciendo lo mismo que China en Venezuela

No hay ambigüedad posible; Nicolás Maduro encabezaba un régimen autoritario, sostenido por elecciones fraudulentas, represión sistemática y el vaciamiento progresivo del Estado de derecho. Su gobierno carecía de legitimidad democrática y operaba, en los hechos, como un gobierno de facto. Reconocer esto no es una concesión retórica, sino una constatación política ampliamente compartida por buena parte de la comunidad internacional.

Dicho esto, la captura de Maduro y el anuncio de Donald Trump de que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta una transición adecuada suscitan un debate distinto. No se trata de defender al régimen depuesto, sino de analizar qué tipo de poder se ejerce cuando una potencia extranjera asume la administración directa de un país, incluso cuando ese país estaba gobernado por una dictadura.

Trump no solo celebró el derrocamiento de Maduro como un triunfo militar, sino que afirmó explícitamente que Washington dirigirá Venezuela, designará autoridades y decidirá cuándo y cómo se producirá la entrega del poder. Esto supone una suspensión efectiva de la soberanía venezolana, presentada como transitoria, pero sin plazos claros ni mecanismos institucionales definidos. En términos estrictos, estamos ante una forma de tutela externa, no ante un proceso interno de transición democrática.

La comparación con China resulta errónea

Durante más de una década, China mantuvo una relación estrecha con el régimen de Chávez primero y de Maduro después, pese a su carácter autoritario. Lo hizo sin cuestionar su legitimidad, sin exigir reformas políticas ni intervenir en su arquitectura institucional. Ese silencio no fue neutro; contribuyó a la supervivencia de un régimen represivo y a la reproducción de un modelo económico extractivo, opaco y dependiente. Pero Beijing nunca gobernó Venezuela. No capturó líderes, no administró el Estado ni proclamó una transición bajo su supervisión.

Los datos son elocuentes. Entre 2005 y 2016, China prestó a Venezuela cerca de 60 mil millones de dólares, convirtiéndola en el principal receptor de financiamiento chino en América Latina, con casi la mitad del total regional. Sin embargo, ese volumen de recursos no se tradujo ni en una recuperación económica sostenible ni en un control político directo por parte de Beijing.

Cuando la crisis venezolana se profundizó a partir de 2014, el PIB cayó en más de un 70% y la producción petrolera se desplomó de niveles superiores a 2,5 millones de barriles diarios a menos de 700 mil. Lejos de asumir la gestión del colapso, desde 2017 China redujo drásticamente el crédito nuevo y se concentró en renegociar deudas impagas. La influencia china fue significativa, pero siempre indirecta; estructural, no gubernamental.

La diferencia es fundamental

China, a través de sus distintos mecanismos financieros y comerciales, ejerció un poder estructural. Estados Unidos, en cambio, ejerce hoy un poder coercitivo directo, basado en la fuerza militar, la excepcionalidad jurídica y la administración explícita del territorio.

Que Maduro fuera un dictador no convierte automáticamente cualquier forma de intervención externa en legítima. La historia latinoamericana ofrece antecedentes claros de lo que ocurre cuando la caída de regímenes autoritarios no da paso a transiciones soberanas, sino a órdenes tuteladas desde fuera.

Panamá tras la invasión estadounidense de 1989, República Dominicana luego de la intervención de 1965 o Haití desde la restauración forzada del orden político en 1994. En todos estos casos, el problema no fue solo quién cayó, sino quién decidió lo que vino después y bajo qué reglas.

El propio discurso de Trump refuerza esta preocupación. Venezuela es presentada como un país incapaz de gobernarse a sí mismo, cuyo petróleo debe reembolsar la intervención y cuya reconstrucción será liderada por las mejores compañías del mundo. La transición no aparece como un proceso soberano de reconstrucción institucional, sino como una gestión tecnocrática externa, orientada a la estabilidad y a la reapertura de mercados estratégicos.

Paradójicamente, fue esta misma lógica la que, durante años, fortaleció la presencia china en Venezuela. El aislamiento internacional no debilitó al régimen tanto como reconfiguró sus alianzas, empujándolo hacia actores dispuestos a operar sin condiciones políticas. China no necesitó gobernar Venezuela para beneficiarse; le bastó negociar desde una posición de asimetría.

Estados Unidos parece haber llegado ahora a la conclusión opuesta

Que la única forma de impedir la reproducción del autoritarismo es ocupar directamente el espacio del poder. Esa estrategia puede resultar eficaz a corto plazo y políticamente rentable para ciertos sectores, pero plantea interrogantes serios sobre la legalidad internacional, los precedentes regionales y la sostenibilidad política.

En definitiva, reconocer que Maduro era un dictador no obliga a aceptar la equivalencia entre China y Estados Unidos. China sostuvo una dictadura sin intervenirla; Estados Unidos derrocó una dictadura para administrarla.

Son formas de poder distintas, con riesgos y consecuencias distintas. Confundirlas no solo empobrece el debate, sino que también impide evaluar con conocimiento qué tipo de orden doméstico se está construyendo hoy en Venezuela y, por extensión, cómo se reconfigura el sistema internacional en América Latina y en el mundo.

La discusión de fondo no es si el régimen de Maduro debía caer, eso parece fuera de duda, sino qué se instala en su lugar y quién define las reglas del juego. Ahí es donde la diferencia entre Beijing y Washington deja de ser retórica y se vuelve decisiva.