CDE demanda a Forestal Arauco por la extracción de 337 araucarias protegidas y exige medidas de reparación

Una demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra la empresa Arauco por la extracción de ejemplares de Araucaria araucana fue admitida a tramitación por el Tercer Tribunal Ambiental, dando inicio a un proceso judicial destinado a establecer si existió daño ambiental y, de ser así, aplicar las medidas correspondientes para su reparación.

La acción judicial, ingresada a mediados de diciembre, se encuentra actualmente “en tramitación”, lo que se traduce en que el Tribunal superó la revisión inicial de admisibilidad y comenzó el análisis del fondo del conflicto. De esta forma, el proceso buscará ahora esclarecer los hechos y la eventual responsabilidad de Forestal Arauco.

Según se expone en el escrito, el CDE sostiene que la intervención denunciada habría afectado ejemplares de araucaria, una especie protegida por la legislación chilena y sujeta a un régimen especial de resguardo. Además, se detalla que el presunto actuar de Forestal Arauco habría afectado el entorno donde habitan insectos endémicos, gatos guiñas, pumas y otro tipo de fauna.

En ese contexto, la demanda solicita que la empresa presente un plan que incluya la reforestación in situ de los 337 ejemplares de Araucaria araucana y una reforestación ex situ como medida compensatoria por el daño que no se puede recuperar a escala humana.

A lo anterior se suma un plan para restaurar las capas superficiales del suelo dañado y mitigar los riesgos de erosión o remoción de masas y, por otra parte, una estrategia que aborde la pérdida y fragmentación del hábitat, incluyendo estudios de abundancia de flora y fauna en la zona.

Finalmente, el líbelo solicita que la empresa destine una porción de su predio —equivalente al menos al doble del área afectada— exclusivamente para fines de conservación de la araucaria, de forma indefinida o perpetua. Este pacto prohibiría la explotación agrícola, inmobiliaria o industrial en dicha área.

Cabe mencionar que la aprobación de estas medidas de reparación no libera a Forestal Arauco del pago de multas que puedan ser interpuestas por los Juzgados de Policía Local con motivo de las mismas infracciones forestales.

La araucaria y su protección legal

La Araucaria araucana es una de las especies más emblemáticas del sur de Chile y cuenta con la categoría de monumento natural, lo que implica restricciones estrictas respecto de su intervención, extracción o daño. Esa protección no solo responde a su valor ecológico, sino también a su relevancia cultural y patrimonial.

En el plano jurídico, la afectación de especies protegidas puede dar lugar tanto a sanciones administrativas como a acciones judiciales orientadas a la reparación del daño ambiental. En este caso, el CDE optó por accionar directamente ante el Tribunal Ambiental, con el objetivo de que se evalúe la magnitud del daño y se determinen medidas concretas de reparación y compensación.

Lo anterior, luego de que Conaf, mediante 10 visitas al lugar, constatara los hechos denunciados en el escrito.

El Consejo de Defensa del Estado tiene, entre sus atribuciones, la facultad de defender los intereses patrimoniales y ambientales del Estado. En materia ambiental, puede interponer demandas cuando estima que existe un daño que afecta bienes protegidos y que requiere una respuesta judicial.

A diferencia de otros organismos, el CDE no fiscaliza en terreno ni instruye procedimientos administrativos. Su rol se activa cuando, a su juicio, los antecedentes ameritan llevar el conflicto a sede judicial. En ese sentido, la demanda contra Arauco se inscribe dentro de las acciones que el organismo puede ejercer para resguardar bienes ambientales cuya protección reviste interés público.

La ausencia de una sanción administrativa previa

Uno de los elementos que rodea el caso es la inexistencia, hasta ahora, de una sanción administrativa previa asociada a los hechos denunciados. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental y, cuando corresponde, iniciar procedimientos sancionatorios.

Desde el punto de vista legal, la falta de una sanción administrativa no impide que el CDE interponga una demanda por daño ambiental. Ambas vías son independientes y responden a competencias distintas. Sin embargo, la judicialización del conflicto sin una resolución administrativa previa instala preguntas sobre la secuencia de actuaciones institucionales y la forma en que el caso fue abordado antes de llegar a tribunales.

Ese aspecto podría ser abordado durante la tramitación de la causa, ya que el Tribunal Ambiental suele requerir informes a los organismos competentes para conocer si existieron fiscalizaciones previas, qué decisiones se adoptaron y si esas actuaciones fueron suficientes frente a los hechos denunciados.

El Desconcierto se contactó con la SMA con la finalidad de hacer las consultas correspondientes, y la respuesta fue que “no comentan fallos de otras instituciones”.

Quiénes están detrás de Forestal Arauco: una de las empresas más grandes del sector

Forestal Arauco es una de las empresas más relevantes del sector maderero, tanto en Chile como a nivel mundial, pues posee una de las mayores superficies de plantaciones forestales, con millones de hectáreas de bosques gestionados. Además, su impacto se relaciona con su capacidad de producción, infraestructura y alcance a nuevos mercados.

Según el líbelo, la firma es representada por Cristian Infante Bilbao, quien se desempeña como gerente general. En concreto, el control de la maderera se ejerce a través de la empresa Agrícola Santa Isabel SpA y Celulosa Arauco y Constitución S.A. Con más de 29 años de trayectoria en Arauco, en mayo asumió como consejero de la Sofofa.

En las mismas compañías también comparte con Gianfranco Truffelo —director financiero de Arauco— y Matías Domeyko, presidente de Celulosa Arauco. Otras de las empresas controladoras son Agrícola Santa María y San Carlos, en las cuales figuran los nombres de Juan Contreras Pávez, Felipe Guzmán Rencoret, Gonzalo Zegers Ruíz-Tagle e Iván Chamorro —estos últimos, vicepresidentes internacional y de la forestal, respectivamente—.

Otra de las empresas del sector que actúa como filial de la forestal es Maderas Arauco S.A., firma representada legalmente por Matías Prieto Noguera e Ivana Rosa Unda. Dentro de las firmas controladoras se encuentran Parque Eólico Margaritas, Los Cardos, Hortensias y Las Fresias SpA, proyectos energéticos que se encuentran en fases iniciales. En la misma línea también aparece Empresa Altovento SpA, formada en junio de 2025.

Arauco Wood Limited Company es otra de las firmas controladoras de Forestal Arauco. La sociedad es propiedad de los mismos nombres mencionados anteriormente y no cuenta con inicio de actividades en el SII. Sin embargo, la empresa funciona en el Reino Unido desde junio de 2022, cuando fue formada con un capital de USD 804.963.866 (cerca de $728 mil millones). Según el último documento de marzo de 2025, cuenta con un capital de USD 1,8 billones.

Finalmente, otras empresas que conforman el engranaje de Arauco son Servicios Aéreos Forestales Limitada, Agrícola Fresno SpA y Empresas Copec, histórico negocio del grupo Angelini.

Las otras sanciones del holding

Aunque de momento la SMA no se ha pronunciado respecto de la extracción de las araucarias protegidas, el organismo ha arremetido contra la forestal y sus filiales en ocasiones anteriores.

En 2017, el organismo fiscalizador inició un proceso sancionatorio —que se extendió hasta 2018— contra Celulosa Arauco. Los cargos formulados fueron por el incumplimiento de un plan destinado al cierre de un vertedero industrial y la gestión de residuos líquidos, en el marco de las obras de la planta Horcones, en la Región del Biobío. Por ese caso, la empresa debió pagar una multa de 699 UTA, cerca de $580 millones a día de hoy.

Por su parte, Celulosa Arauco enfrentó en 2016 una sanción de 182 UTA —aproximadamente $150 millones, de acuerdo con la conversión actual— por exceso de volúmenes de residuos, no abandonar una laguna de efluentes y puntos de descarga distintos a los acordados, entre otras causas. Los hechos ocurrieron en la Planta Licancel de la empresa, ubicada en la Región del Maule.

Pese a que en la SMA se han iniciado otras fiscalizaciones y procesos, no hay registro de más sanciones en contra de las empresas asociadas a Arauco. Ahora queda esperar si el ente fiscalizador inicia un proceso sancionatorio por los hechos denunciados por el CDE.