¿Por qué ganó Kast?

Las elecciones presidenciales recientes en Chile no solo produjeron un relevo en el poder ejecutivo, sino que también, visibilizaron un desplazamiento en la forma en que amplios sectores de la ciudadanía comprenden la política, evalúan la democracia y gestionan sus expectativas.

El amplio triunfo de José Antonio Kast, transversal en términos territoriales, contundente en su magnitud y validado por un proceso electoral institucionalmente impecable, reconocido incluso internacionalmente, no puede ser interpretado únicamente como una alternancia ideológica, ni como un giro abrupto hacia posiciones extremas.

Mas bien, lo que se habría expresado en las urnas fue el agotamiento de un ciclo político, iniciado en los 90’ luego de la Dictadura de Pinochet, y la búsqueda de un nuevo principio ordenador: el control y la seguridad, frente a una experiencia prolongada de insatisfacción, inseguridad e incertidumbre.

Hace cuatro años, con el triunfo del aun presidente Gabriel Boric, una parte significativa del electorado apostó por una promesa de transformación. En aquella época, dicha opción no estuvo motivada solo por afinidades programáticas, sino por una expectativa histórica y moral, como la de corregir las desigualdades persistentes, poner fin a abusos estructurales y superar una forma de hacer política distante de la vida cotidiana.

El estallido social del año 2019 visibilizó un malestar acumulado durante décadas, y las posteriores respuestas institucionales - como los dos procesos constituyentes fallidos y un gobierno que no logró consolidar las expectativas con las que ilusionó a la ciudadanía- , no consiguieron canalizarlo de manera satisfactoria. El resultado fue una progresiva frustración de expectativas que no eliminó la demanda de dignidad, pero sí desplazó sus prioridades.

En ese contexto, la experiencia social comenzó a reorganizarse en torno a una percepción creciente de desorden social. La inseguridad, la violencia cotidiana, la expansión del narcotráfico, la fragmentación del espacio público y una gestión deficitaria de la migración fueron configurando un clima social en el cual amplios sectores comenzaron a sentir que el Estado no estaba cumpliendo su función básica de protección. Y cuando la vida cotidiana se vuelve incierta, la política deja de ser evaluada por su capacidad de imaginar futuros compartidos y pasa a ser juzgada por su aptitud para restablecer condiciones mínimas de estabilidad.

Este desplazamiento permitió la emergencia de un nuevo clivaje político. Durante décadas, la política chilena estuvo estructurada por la relación con la dictadura: apoyo versus condena. Actualmente, y aunque parezca paradójico, ese eje, sin desaparecer, perdió centralidad frente a una urgencia distinta. Kast, siendo el mismo adherente del pinochetismo y seguidor de Jaime Guzmán -ideólogo de la dictadura-, logró clausurar ese clivaje y reemplazarlo por otro: seguridad versus desorden y lo hizo a la perfección. No se trata de un cambio menor.

Este clivaje reorganiza el campo político, redefine jerarquías temáticas y desplaza el debate desde el pasado hacia una preocupación inmediata, anclada en la experiencia personal y territorial de la ciudadanía. Lo que parecía algo difícil de dejar en segundo plano, como las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pasó a ser relegado como tema secundario y menos relevante, frente al relato construido por Kast: el país se cae a pedazos y se requiere una refundación inmediata, así como la implementación de medidas urgentes e incluso impopulares para lograrlo.

Este nuevo eje tiene la consecuencia de simplificar la complejidad social y política de la sociedad chilena y de dejar en segundo plano, problemas estructurales como la desigualdad, exclusión, informalidad, criminalidad transnacional que se expresaron en el estallido social. Estos problemas son traducidos en narrativas lineales que se explican con  causas únicas y soluciones rápidas.

En contextos de alta incertidumbre, esa simplificación resulta políticamente muy eficaz. No porque sea analíticamente correcta, sino porque reduce la emoción compartida del miedo por la ilusión del control y la seguridad. De esta forma, cuando la política deja de asumir la complejidad del mundo social y la reemplaza por esquemas binarios y reduccionistas, la deliberación democrática se empobrece y pierde legitimidad.

Y en este lugar, el miedo cumple una función central; no como emoción episódica, sino como un afecto compartido que estructura el juicio político y la toma de decisiones electorales. El miedo estrecha el horizonte normativo, debilita la empatía y facilita la fragilización del estado de derecho y las instituciones propias de la democracia. Bajo el predominio del miedo, la ciudadanía deja de preguntarse por la justicia de las políticas y se concentra en su capacidad de protección inmediata. El resultado es una disposición creciente a aceptar y apoyar discursos y prácticas que tensionan el Estado de derecho, siempre que prometan restaurar el orden perdido.

Y esta reciente campaña presidencial reflejó con claridad este desplazamiento. El lenguaje de la seguridad, el castigo y la urgencia terminó por colonizar todo el espectro político y la estrategia usada por Kast funcionó perfectamente. La derecha lo articuló de manera directa y simplificada; la izquierda lo asumió con matices, mayor densidad conceptual y cautelas normativas. Sin embargo, el marco ya estaba definido. Cuando todos los actores hablan desde el mismo registro, la ventaja recae en quien ofrece respuestas más nítidas, aun cuando estas sean normativamente problemáticas o institucionalmente inviables.

Este fenómeno no es exclusivo de Chile. En los últimos años, América Latina y otras regiones del mundo han visto emerger gobiernos y liderazgos de ultraderecha que capitalizan el miedo social, la desconfianza institucional y la fatiga democrática. Brasil experimentó recientemente un ciclo de este tipo; Argentina, El Salvador y Ecuador atraviesan procesos similares; también Bolivia, Perú, Colombia y Honduras, Guatemala, Paraguay y Brasil tienen partidos ultraderechistas que actúan como actores políticos influyentes. En Estados Unidos y en varios países europeos, estas fuerzas se encuentran en expansión o muy próximas al poder. El caso chileno se inscribe, por tanto, en una tendencia global, donde la promesa de orden se impone sobre la deliberación democrática en contextos de alta incertidumbre.

Un elemento particularmente preocupante de este proceso es la performatividad del lenguaje político. El uso reiterado de expresiones violentas, deshumanizantes o amenazantes en el Parlamento y en la campaña presidencial no se agota en el plano simbólico. Ese lenguaje moldea percepciones y legitima actitudes violentas contra determinados grupos sociales como los migrantes, o las diversidades sexogenéricas.

La experiencia reciente en Portugal, donde individuos llegaron a ofrecer recompensas económicas por la muerte de migrantes, indica cómo la normalización del discurso de odio puede traducirse en violencia social concreta, especialmente cuando encuentra respaldo o eco en partidos políticos como el Republicano o el Nacional Libertario que han construido parte de su identidad a partir de la estigmatización del otro.

El triunfo de Kast no autoriza una lectura moralizante, ni una descalificación del electorado. Tampoco puede explicarse exclusivamente por estrategias comunicacionales o manipulación informativa, aunque hayan sido replicadas estrategias que funcionaron en países como Brasil.

La pregunta relevante para formularse es por las condiciones políticas, institucionales y culturales que hicieron razonable, para una gran mayoría, esta opción política. Cuando la política se aleja de la gente y no logra ofrecer una protección efectiva que posibilite un mejor futuro, la ciudadanía busca quien prometa hacerlo y cuando la complejidad se vive como impotencia, se privilegia la simplificación y el reduccionismo, incluso a costa de la restricción de derechos alcanzados.

Por ello, el desafío que se abre tras esta elección no es menor. No se trata solo de administrar un nuevo ciclo político, sino de recomponer la relación entre la ciudadanía, los partidos políticos, las instituciones y el lenguaje democrático. Si la respuesta se limita al castigo, a la exclusión de ciertos grupos sociales y al lenguaje violento, y la legitimización de la violencia hacia determinados grupos, el péndulo seguirá oscilando.

Y la política se seguirá ensimismando, perdiendo sus vínculos con la vida de la gente. Recuperar densidad democrática exige un esfuerzo complejo como la de una política empática con la ciudadanía, que asuma la complejidad del mundo y que su lenguaje no haga del miedo su principal arma política. En ello se juega, más allá de esta elección, la calidad de la democracia que Chile será capaz de sostener en los próximos años.

¿Qué sucederá? No lo sabemos. Observando lo que ha sucedido en otros contextos donde ha gobernado o lo está haciendo la ultraderecha, es altamente probable que la democracia misma se siga erosionando.