Acusaron a guardia de permitir robo por $5,5 millones y la despidieron sin pruebas: Ahora deberán pagarle $12 millones
La historia comenzó la noche del 18 de julio de 2024, cuando una guardia de seguridad cumplía su turno habitual.
Según la versión de la empresa, durante esa jornada se habría producido el ingreso y posterior salida de un vehículo que no fue controlado, hecho que —siempre según el empleador— permitió el robo de diversas especies avaluadas en más de $5,5 millones.
Esa responsabilidad fue atribuida directamente a la trabajadora.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, al día siguiente, el 19 de julio de 2024, la empresa le comunicó el término inmediato de su contrato, invocando la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo.
En la carta de despido se afirmó que su actuar había generado un perjuicio relevante, afectando la imagen de la empresa y poniendo en riesgo su relación comercial con un cliente, razón por la cual se dispuso el despido sin derecho a indemnizaciones.
La extrabajadora demandó a la empresa ante el Juzgado de Letras y Garantía de Laja, solicitando tutela laboral, despido indebido, daño moral y el pago de diversas prestaciones.
Durante el juicio, el tribunal examinó la prueba rendida por la empresa y concluyó que no se logró acreditar ni la existencia del robo, ni su dinámica, ni que la conducta imputada a la trabajadora constituyera un incumplimiento grave que justificara el despido.
La sentencia advirtió que los testigos presentados eran de oídas, que existían contradicciones relevantes y que no se aportaron antecedentes objetivos que vincularan directamente a la demandante con los hechos.
El tribunal rechazó la acción de tutela laboral, al no estimar probada la vulneración de derechos fundamentales, pero acogió la demanda subsidiaria por despido indebido.
En su razonamiento, sostuvo que la empresa no cumplió con su carga probatoria y que aplicó una sanción desproporcionada sobre la base de hechos no demostrados.
En consecuencia, se condenó a la empresa CPS First Security S.A. a pagar una indemnización sustitutiva de aviso previo de $877.770, una indemnización por años de servicio de $5.266.620, un recargo legal del 80% equivalente a $4.213.296 y una indemnización por daño moral de $2.000.000, todas con reajustes e intereses legales. No se impuso condena en costas.
