El conflicto se originó en un sector residencial de Hualpén, donde una mujer adulta mayor comenzó a ver afectada su salud física y síquica por los ladridos constantes del perro de una vecina.
Perros con ladridos constantes afectaron la salud de adulta mayor: Corte ordenó medidas y fiscalización municipal
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el ruido, que se repetía de forma permanente, le provocó problemas de descanso, ansiedad y un deterioro en su calidad de vida, situación que no logró resolverse por la vía vecinal y que terminó siendo llevada a tribunales mediante un recurso de protección.
El caso fue conocido por la Corte de Apelaciones de Concepción, que en fallo unánime acogió la acción constitucional.
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La Quinta Sala, integrada por los ministros Claudio Gutiérrez Garrido, César Panés Ramírez y Rafael Andrade Díaz, calificó el actuar de la recurrida como una forma de “violencia sorda”, señalando que la exposición constante a ruidos molestos afecta el descanso, genera estrés y ansiedad y puede agravar patologías preexistentes, especialmente en personas de avanzada edad.
La resolución sostuvo que esta situación vulnera el derecho a la salud y a una vida digna, destacando que la recurrente pertenece a un grupo de especial protección constitucional.
El tribunal explicó que, si bien la Ley 21.020 protege a las mascotas, también exige una tenencia responsable, lo que implica adoptar medidas para evitar molestias o daños a terceros.
Al ponderar los derechos en conflicto, la Corte concluyó que debe prevalecer el derecho fundamental a la integridad y la vida digna de una persona adulta mayor por sobre la simple tenencia de un animal que está causando una afectación grave a su salud.
Por ello, declaró ilegal y arbitraria la conducta de la recurrida.
En lo resolutivo, se ordenó a la dueña del perro adoptar medidas necesarias y eficaces para que su mascota no continúe perturbando la tranquilidad y la salud de la vecina, incluyendo acciones para modificar su comportamiento y, si es necesario, aislamiento acústico.
Además, se dispuso que la Municipalidad de Hualpén fiscalice el cumplimiento de lo ordenado y remita un informe al tribunal.