Cecilia Pérez y Rodolfo Carter, la sagrada familia del poder: Nepotismo, honorarios y patrimonialismo en La Florida
El caso de Cecilia Pérez, exministra de Estado y militante de Renovación Nacional, contratada durante 2024 como coordinadora del gabinete del entonces alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, no es simplemente un problema de respaldos administrativos, como intenta presentarlo la municipalidad.
Es, más bien, una radiografía incómoda del modo en que una parte significativa de la élite política sigue concibiendo al Estado… No como una institución regida por reglas impersonales, sino como un espacio de distribución discrecional de cargos, honorarios y beneficios económicos, especialmente entre cercanos políticos y familiares.
Max Weber advertía que el paso del patrimonialismo al Estado moderno se funda en una idea elemental pero exigente: el poder público no pertenece a quien lo administra. Cuando esa frontera se diluye —cuando el cargo se confunde con el botín— emerge lo que Weber llamaba la “dominación personalista”, una forma arcaica de ejercicio del poder que sobrevive, paradójicamente, en democracias formales. El caso que hoy observamos en La Florida encaja con inquietante precisión en esa descripción.
Cecilia Pérez fue contratada en enero de 2024 bajo la modalidad de honorarios a suma alzada, con una remuneración mensual superior a los $4.6 millones brutos, lo que proyecta ingresos anuales cercanos a los $55 millones.
Su función era coordinar el gabinete alcaldicio, articular la agenda del edil y vincularlo con la estructura municipal. Es decir, una función permanente, estratégica y jerárquica, que la propia Contraloría General de la República considera impropia del régimen de honorarios, reservado por ley para tareas específicas, acotadas y no habituales.
En su Informe Final de Investigación N° 375, el ente contraloral concluye que los informes presentados por Pérez durante al menos cuatro meses de 2024 no permiten acreditar el cumplimiento de la totalidad de las jornadas laborales. En enero se reportaron ocho días de trabajo; en febrero, apenas dos; en marzo, cinco; y en septiembre, siete. No se acompañaron respaldos adicionales que permitan inferir un desempeño continuo. En consecuencia, la Contraloría exige la restitución de $18.5 millones, correspondientes a pagos que, a su juicio, no están debidamente justificados.
La defensa del municipio es “curiosa”, pues sostiene que la Contraloría estaría exigiendo un estándar documental “superior al habitual”.
La Contraloría también objetó la contratación de Carlos Contreras Mena, exmarido de Cecilia Pérez, quien fue incorporado el 1 de octubre de 2024 a la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef). Los informes que presentó fueron calificados como genéricos e insuficientes, razón por la cual se exige la devolución de $4.9 millones.
A esto se suma el caso de Marcela Gálvez Muñoz, cuñada de Cecilia Pérez, y el de Daniela Alvarado Rosas, madre del hijo del diputado Álvaro Carter, hermano del entonces alcalde Rodolfo Carter. En ambos casos, la Contraloría cuestiona pagos superiores a los establecidos contractualmente, solicitando la restitución de $2.3 millones por persona, totalizando $4.7 millones.
La explicación municipal es que no se trató de aumentos individuales, sino de reajustes derivados de un convenio colectivo sindical. Puede que jurídicamente esa defensa prospere, pero políticamente el daño ya está hecho. El patrón de cercanía familiar es evidente.
Parafraseando a Pierre Bourdieu, el capital político se reproduce no solo mediante elecciones, sino a través del control de redes, favores y recursos simbólicos y materiales. Lo que este caso muestra es precisamente eso, un municipio convertido en un espacio donde confluyen exministros, familiares directos, exparejas y parientes políticos, todos remunerados con recursos públicos, todos amparados en contratos frágiles, y todos defendidos bajo el argumento de que “así se ha hecho siempre”.
La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por la diputada Ana María Gazmuri, e incluía también la contratación de Gloria Fernández, madre de Rodolfo Carter. Aunque la Contraloría descartó conflicto de interés en este último caso, el hecho de que la investigación haya sido necesaria ya habla de una pérdida de confianza institucional. Como diría Norberto Bobbio, en democracia no basta con que el poder sea legal; debe ser visible, controlable y justificable ante los ciudadanos.
El punto central de este caso es la persistencia de una cultura política que concibe el Estado como un espacio de lealtades personales y no como una organización regida por reglas impersonales. Es la idea de que la experiencia política o la cercanía con el poder justifican remuneraciones elevadas sin controles estrictos.
En un país marcado por la desconfianza hacia las élites y por una demanda transversal de probidad, estos casos no son menores ni anecdóticos, son la confirmación de lo que Carlos Peña ha descrito como la “crisis de legitimidad del orden institucional”, es decir, quienes administran las normas parecen considerarse excepcionalmente autorizados a soslayarlas.
