Neruda, la bacteria y la justicia: el hallazgo científico que mantiene abierta la causa por su muerte a más de 50 años

La muerte de Pablo Neruda, ocurrida el 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María, nunca terminó de cerrarse del todo. Aunque durante décadas fue presentada oficialmente como consecuencia de un cáncer de próstata avanzado, el caso ha ido acumulando fisuras que han generado diversos flancos: contradicciones médicas, testimonios incómodos, peritajes divergentes y, en los últimos años, un dato que reconfiguró la discusión: la presencia de una bacteria potencialmente letal en sus restos.

Hoy, a más de medio siglo del fallecimiento del poeta y a doce años de iniciada la investigación judicial, la causa penal sigue abierta. En febrero de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir diligencias, al considerar que aún existen antecedentes relevantes que no han sido suficientemente esclarecidos.

La decisión marcó un punto de inflexión en un proceso que parecía encaminado al cierre definitivo y volvió a poner en primer plano una hipótesis que con el tiempo ha tomado más fuerza: que Neruda pudo haber sido víctima de una forma de bioviolencia encubierta.

El elemento central que sostiene esta reapertura no es testimonial ni político, sino científico. Peritajes internacionales realizados tras la exhumación del cuerpo detectaron material genético de Clostridium botulinum en la pulpa de un molar del poeta. Se trata de una bacteria productora de toxina botulínica —elemento que causa parálisis muscular y fallos respiratorios—, una de las sustancias más letales conocidas, clasificada por organismos internacionales como potencial arma biológica.

El dato es clave no solo por la peligrosidad del agente, sino por su localización. La pulpa dental es un tejido altamente protegido, vascularizado y aislado del entorno, lo que reduce drásticamente la posibilidad de contaminación ambiental posterior a la muerte.

Según los informes técnicos citados en el trabajo académico realizado por Leonardo Lavanderos, Gloria Ramírez y María Paz Weisshaar, esa localización sugiere que la bacteria estaba presente en el organismo mientras el escritor se encontraba con vida y que fue ingresada por un actor externo.

Este hallazgo, obtenido mediante técnicas avanzadas de secuenciación genética de nueva generación (NGS), fue considerado por los peritos como incompatible con una simple contaminación del suelo o del ataúd. A diferencia de bacterias habituales del entorno, Clostridium botulinum no aparece de forma espontánea en este tipo de tejidos sin una vía de ingreso sistémica.

La clínica como escenario

El análisis no se detiene en el laboratorio. Uno de los aportes más relevantes del estudio es la reconstrucción del contexto clínico e institucional en el que se produjo la muerte de Neruda. La Clínica Santa María, un recinto privado de alto nivel en 1973, es descrita no solo como un espacio de atención médica, sino como un lugar que, en los primeros días de la dictadura, habría operado bajo control cívico-militar.

Según los antecedentes recopilados, la hipótesis de una inoculación deliberada se vincula con un procedimiento médico aparentemente rutinario. Testimonios incorporados a la causa señalan que el poeta habría denunciado una inyección abdominal extraña poco antes de su deterioro definitivo. De hecho, el documento expone que horas antes de su deceso, Neruda habría alertado a su esposa de procedimiento dudoso.

El estudio plantea que esa zona —rica en vasos sanguíneos y linfáticos— permitiría una rápida propagación de un agente biológico sin dejar rastros evidentes inmediatos, simulando una descompensación clínica.

En ese marco, el diagnóstico de cáncer habría funcionado como coartada médica, facilitando un encubrimiento eficaz. El archivo subraya, además, la falta de coherencia entre la supuesta gravedad terminal del poeta y la atención clínica efectivamente recibida, así como la persistente opacidad en torno a su ficha médica.

Ciencia forense y bioviolencia

El trabajo que sustenta esta investigación introduce un enfoque poco habitual en el debate público chileno: la articulación entre microbiología forense y una perspectiva analítica denominada Lógica Relacional Tridiferencial (LRT).

Según precisó Leonardo Lavanderos a El Desconcierto este tipo de lógica “es una forma de hacer análisis en distintas materias, a partir de la posición que ocupa un elemento en una red de relaciones, la función y el sentido de la misma”.

Más allá de su formulación teórica, el aporte central de esta mirada es desplazar la pregunta clásica —“¿quién mató a Neruda?”— hacia otra más compleja: ¿cómo se configuró su muerte como un acto posible, viable y encubierto?

Desde esa perspectiva, el Clostridium botulinum no es solo una bacteria, sino una función letal dentro de una red de posiciones, saberes y decisiones: médicos, instituciones sanitarias, organismos de seguridad, laboratorios y un régimen político interesado en neutralizar una figura de alto impacto simbólico.

El archivo sostiene que este tipo de violencia responde a una lógica distinta de la represión directa. No busca generar miedo inmediato, sino “borrar sin dejar huellas”, inscribir la muerte en al imprecisión del tiempo de la enfermedad y evitar el escándalo internacional.

Otro elemento sensible del estudio es la mención a redes de cooperación biotecnológica en el Latinoamérica durante las décadas de 1960 y 1970. En particular, se citan antecedentes que vinculan al Instituto Butantan de Brasil —referente regional en toxinas y antitoxinas— con programas de investigación que habrían sido utilizados con fines represivos.

El texto es cuidadoso en no formular acusaciones automáticas, pero plantea que existía la capacidad técnica y el contexto político para la producción y transferencia de agentes biológicos, en una época marcada por la coordinación represiva entre dictaduras. En ese escenario, Chile no habría sido una excepción.

Las grietas del proceso judicial

Pese a la gravedad de estos antecedentes, la causa judicial ha estado lejos de avanzar de forma lineal. El archivo documenta irregularidades periciales, como informes incorporados al expediente sin firma ni ratificación formal, lo que debilita su valor procesal. También da cuenta de tensiones entre peritajes nacionales e internacionales y de la dificultad del sistema judicial para procesar evidencia científica altamente especializada.

Los metaperitajes más recientes —realizados por equipos internacionales de genética forense— han sido categóricos en un punto: la cepa detectada es activa, compatible con una inoculación en vida y no explicable por contaminación “post mortem”. Sin embargo, la justicia aún no ha establecido una conclusión penal definitiva sobre la causa exacta de muerte ni sobre eventuales responsabilidades.

La reapertura ordenada por la Corte de Apelaciones en 2024 refleja precisamente ese nudo no resuelto. Para el tribunal, la investigación no agotó todas las diligencias posibles y subsisten preguntas relevantes que el Estado tiene la obligación de responder, no solo en términos judiciales, sino también históricos.

A más de cincuenta años, el caso Neruda sigue tensionando los límites entre ciencia, derecho y memoria. No se trata únicamente de esclarecer cómo murió un poeta, sino de determinar si el aparato dictatorial chileno fue capaz de utilizar formas sofisticadas de violencia biológica para eliminar adversarios sin dejar rastro visible.

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