Extractivismo energético: El nuevo rostro del viejo modelo

Durante décadas, en Chile hemos utilizado la palabra extractivismo casi como un sinónimo de minería. Y no es casual: nuestra historia económica está profundamente marcada por la explotación de minerales, especialmente el cobre, y más recientemente el litio. Sin embargo, limitar el concepto solo a la actividad minera es un error que invisibiliza la magnitud de un modelo económico que, desde diferentes frentes, “extrae” valor de los territorios sin asegurar la regeneración de sus ciclos naturales.

La pesca industrial —que vació nuestros mares más rápido de lo que la naturaleza puede reponer— y la industria forestal y agroindustrial —que exportan millones de toneladas de nutrientes desde los suelos— también son formas de extractivismo.

En estos casos no se extrae cobre ni litio, sino biomasa y fertilidad: materia viva que sostiene la estabilidad ecológica de los territorios. Podemos llamar a todo esto un extractivismo de materia, cuyo costo ecosistémico ya conocemos: pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, colapso de pesquerías, agotamiento de napas, incendios forestales recurrentes.

Pero hoy, silenciosamente, Chile está comenzando una nueva fase del extractivismo: el extractivismo energético.

Energía para qué, energía para quién

El Estado de Chile está promoviendo masivamente inversiones en energías renovables, en particular solar y eólica, bajo la promesa de una transición verde, limpia y sustentable. Sin embargo, la pregunta que aún no se hace con la suficiente honestidad es para quién se está generando esa energía.

Las cifras muestran que no se trata de abastecer prioritariamente las necesidades residenciales ni la industria básica del país. Los objetivos reales son dos:

1.      Alimentar la minería del norte, cuya demanda energética crece sin pausa porque la ley de los minerales disminuye y cada tonelada de cobre o litio requiere procesar volúmenes gigantescos de roca.

2.      Convertir a Chile en exportador de energía, ya sea mediante líneas de transmisión hacia otros países o a través de la producción de Hidrógeno Verde para el mercado global.

Así, las energías renovables no están pensadas para desconcentrar el sistema, democratizar la energía o fortalecer las capacidades locales. Están diseñadas para sostener el mismo modelo extractivista que históricamente ha externalizado sus costos sociales y ambientales.

Energía y ecosistemas: una relación que se ignora

Albert Einstein nos mostró que masa y energía son dos manifestaciones de la misma realidad. Desde esa perspectiva, hablar de extractivismo energético es plenamente correcto: la energía solar que llega a un territorio no es neutra, ni está “disponible” como si fuera un recurso inerte.

Cumple funciones ecosistémicas esenciales: calentar la tierra, regular ciclos biológicos, sostener dinámicas atmosféricas, alimentar procesos fotosintéticos. Lo mismo ocurre con el viento, que no es simplemente un insumo para turbinas, sino una expresión de la dinámica térmica planetaria.

Cuando capturamos masivamente esta energía para transformarla en electricidad —y sobre todo, cuando lo hacemos sin evaluar el efecto acumulativo de cientos de proyectos— estamos imponiendo alteraciones que nadie está midiendo a escala país. Porque la evaluación ambiental en Chile sigue funcionando como si cada proyecto existiera en un vacío.

Se analiza uno por uno, como si no hubiera otros cientos alrededor. Y el resultado de eso es predecible: saturación territorial. Sumémosle el hecho de que con las “leyes de permisología”, recién aprobadas, las corporaciones podrán avanzar más rápido con sus proyectos y con menos exigencias ambientales.

Maule, Ñuble y Biobío: la próxima frontera del sacrificio

En las regiones del Maule, Ñuble y Biobío ya se anuncian decenas de nuevos parques eólicos y solares, muchos de ellos en zonas rurales, costeras y de alto valor ecológico. Sus impactos sociales y ambientales —ruido, fragmentación de hábitat, pérdida de paisaje, presión sobre comunidades locales— siguen subestimados o directamente ignorados por la autoridad.

Se repite el mismo patrón: el país se ofrece como territorio para instalar infraestructura destinada a sostener el crecimiento ilimitado del Norte Global en su consumo de energía y materias primas. Mientras tanto, en Chile quedarán los costos: el deterioro de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la transformación irreversible de territorios que ya están al límite.

Cuando la crisis climática avance —y avanzará— lo más valioso del planeta no serán los kilowatt-hora, sino los ecosistemas capaces de mantener sus funciones vitales. Y si seguimos instalando proyectos energéticos al ritmo actual, sin una mirada sistémica y sin límites ecológicos claros, estaremos hipotecando aquello que en el futuro será más irremplazable.

Rentabilidad privada, pérdidas públicas

En este nuevo extractivismo energético, las corporaciones obtendrán rentabilidades extraordinarias. Las regiones, en cambio, recibirán los pasivos: impactos socioambientales acumulativos, pérdida de paisaje, degradación ecológica y un modelo de desarrollo que continúa centralizado, desigual y dependiente.

En otras palabras, estamos repitiendo la historia. Pero con otra materia prima.

Chile no puede permitirse esta ceguera estratégica. Necesitamos discutir qué entendemos por transición energética y quién define sus prioridades. Necesitamos evaluar los impactos acumulativos y territoriales, no proyecto por proyecto. Y sobre todo, necesitamos reconocer que la energía —como la materia— se extrae de territorios vivos que ya no pueden seguir absorbiendo los costos de un modelo que ha demostrado ser ambientalmente insostenible y socialmente injusto.

Si no lo hacemos ahora, cuando despertemos veremos que la “energía verde” no era tan verde. Y que, una vez más, lo que ganaron unos pocos lo terminaron pagando todos.