Radiografía al sistema eléctrico chileno: Avances verdes, tarifas altas y un sistema bajo tensión
Cada cierto tiempo, el sistema eléctrico chileno suma un nuevo flanco que lo instala en el centro del debate público. Desde errores en el cálculo de las tarifas -que derivaron en la renuncia del exministro de Energía, Diego Pardow- hasta los reiterados cortes de suministro, el sector vuelve una y otra vez a quedar bajo escrutinio ciudadano y político.
En Chile, el ciclo de la energía eléctrica se estructura en torno a tres actores clave: las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras. Algunas compañías, como Enel, participan simultáneamente en más de una de estas etapas, concentrando una parte relevante del engranaje energético.
Uno de los organismos fundamentales del sistema es la Comisión Nacional de Energía (CNE). Entre sus funciones se encuentra ordenar el flujo para que la electricidad llegue a los hogares, pero también realizar los cálculos económicos que sirven de base para la fijación de las tarifas eléctricas. A través de estudios de “empresa modelo” o “empresa eficiente”, la CNE estima los costos de generación, transmisión y distribución que luego inciden directamente en el valor de la cuenta de la luz.
Otro actor clave en la definición de precios es el Ministerio de Energía. La cartera, actualmente encabezada por el biministro Álvaro García, recibe los informes técnicos elaborados por la CNE y, mediante decreto, establece la tarifa que regirá durante el año siguiente. En tanto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) cumple un rol fiscalizador, velando por el cumplimiento de la normativa técnica y legal del sector.
Durante los últimos meses de cada año, las empresas que integran el sistema deben remitir antecedentes a estos organismos para permitir el cálculo de las tarifas futuras. En ese contexto, a comienzos de este mes el ministro García emplazó públicamente a las empresas transmisoras, acusándolas de entregar información incompleta y con respaldos insuficientes.
“El Gobierno expresa su más profunda preocupación por la deficiente información aportada por las empresas, pues resta transparencia y genera desconfianza en un proceso tan relevante para la ciudadanía como es la fijación de tarifas de la electricidad”, sostuvo el secretario de Estado.
Desde la Asociación de Transmisoras de Chile respondieron que los hallazgos mencionados eran preliminares y que, hasta ese momento, no contaban con detalles sobre el tipo de revisión realizada ni sobre la metodología empleada. “No nos es posible cuantificar impactos ni derivar conclusiones antes de conocer el informe oficial del Coordinador”, señalaron.
Sobre esta controversia, la senadora Yasna Provoste advirtió que se trata de una situación “de la mayor gravedad” y llamó a que “los organismos técnicos del sector eléctrico actúen pensando en los usuarios”.
Transición y descarbonización cero: una carrera contra el tiempo
Más allá de las disputas tarifarias y regulatorias, el sistema eléctrico chileno enfrenta una presión estructural de fondo: la transición energética y el compromiso de descarbonización total al año 2030.
El mes pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó uno de los proyectos más relevantes en esta materia. Tras dos años de tramitación, la línea de transmisión Kimal–Lo Aguirre se convirtió en el proyecto de transmisión más grande en la historia del país: 1.346 kilómetros que atravesarán cinco regiones.
La iniciativa, mandatada por el Estado e impulsada por Transelec, ISA InterChile y Chile HVDC Transmission SpA, contempla una inversión de US$1.480 millones. Si bien su aprobación representa un avance significativo, también tensiona uno de los compromisos más ambiciosos del Estado chileno.
El sistema eléctrico es la principal herramienta —y la “punta de lanza”— de la estrategia de descarbonización. La lógica es clara: para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es necesario transformar la matriz energética hacia fuentes limpias y luego utilizar esa energía para abastecer sectores intensivos como el transporte o la minería.
Un ejemplo concreto es la electromovilidad. Chile se ha posicionado como líder regional en esta materia y, de hecho, Copiapó se convirtió en la primera ciudad 100% eléctrica de Sudamérica en transporte público.
En paralelo, empresas como Enel, AES Andes y Colbún comprometieron el cierre de sus centrales a carbón, una medida clave si se considera que el sector energético concentra el 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
A ello se suma el fuerte impulso a la generación solar en el desierto de Atacama, la energía eólica en la Patagonia y el aprovechamiento de las costas del sur. Sin embargo, este avance también ha generado nuevas tensiones.
Una vez producida, la energía verde no siempre logra llegar a todo el territorio nacional debido a la insuficiente infraestructura de transmisión. Como resultado, parte de esa energía se pierde y, en ciertos momentos, se vuelve necesario reactivar termoeléctricas en el sur del país. En este contexto, proyectos como Kimal–Lo Aguirre resultan estratégicos.
Mientras se avanza —y se retrocede— en este equilibrio, una de las soluciones adoptadas ha sido el almacenamiento mediante baterías. Dado que la generación solar cae durante la noche, se vuelve clave almacenar la energía producida durante el día para inyectarla al sistema a partir de las 20:00 horas.
Javier Piedra, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, explica que “el mercado está avanzando fuertemente en esta línea; la inversión ha sido altísima en centrales de baterías. Quienes generan energía solar o eólica y tienen excedentes saben que les conviene almacenarla y entregarla de noche, cuando el sistema está menos abastecido”.
A su juicio, el Estado también podría cumplir un rol más activo: “¿Qué pasaría si el Estado le compra baterías a los almacenes o al sector comercial que tiene refrigeradores enchufados de noche? Habría menos consumo nocturno y, por lo tanto, menos necesidad de generación en ese horario. Es clave apuntar a medidas que incidan en la demanda ciudadana, no solo en la oferta”.
La arista económica en tiempos de transición
Esta transformación estructural del sistema eléctrico también tiene una dimensión económica que impacta directamente tanto a las empresas como a los usuarios finales.
Según el Reporte Energético Financiero de abril, elaborado por la CNE, el panorama del mercado eléctrico es mixto: existe una solidez financiera general, pero también riesgos relevantes, especialmente asociados a la producción y generación de energía.
Entre los factores de mayor preocupación figura el aumento sostenido de los costos de producción y el bajo desempeño de ciertas inversiones “verdes”. En marzo, por ejemplo, fondos de inversión vinculados a energías limpias registraron fuertes caídas, lo que evidencia riesgos financieros a nivel global.
En el escenario chileno, una de las empresas más comprometidas es Engie, que presenta baja rentabilidad, escasa liquidez y altos niveles de endeudamiento. CGE, por su parte, también mostró problemas de liquidez.
No obstante, el informe anual de mayo de 2025 de la CNE arrojó señales positivas: el costo del almacenamiento energético cayó de manera significativa, mientras que las tecnologías tradicionales se encarecieron.
En el caso de los sistemas BESS —baterías con una duración de entre dos y cuatro horas—, el precio pasó de 1.252 US$/kW en 2024 a 689 US$/kW en 2025, una reducción cercana al 50%. En la misma línea, los proyectos solares y eólicos mejoraron su rentabilidad.
Pese a estos avances, el impacto en los hogares sigue siendo limitado. Para Piedra, el diagnóstico es claro: “La transición energética se está dando, pero no podría decir que es justa, porque finalmente no beneficia a los usuarios”.
Y concluye: “La energía que hoy se produce en Chile es más barata de lo que realmente pagamos. El problema es que ese beneficio queda en la gran industria y no llega a la ciudadanía”.
Enel: la madre del engranaje eléctrico
Este entramado técnico, ambiental y económico tiene nombres propios. Uno de ellos es Enel, la principal empresa del mercado energético chileno y uno de los actores con mayor incidencia en las distintas etapas del sistema.
Uno de los episodios más cuestionados del último año fue el error en el cobro de las cuentas de la luz. Por esta arista, las empresas generadoras deberán asumir el reembolso a los clientes, monto que —según el ministro García— alcanza “aproximadamente US$ 250 millones, sumando generadoras y transmisoras”. En términos concretos, cada hogar recibirá cerca de $2 mil mensuales, o $12 mil en un período de seis meses.
La transnacional italiana participa tanto en la generación como en la distribución de electricidad. Enel Generación Chile S.A. se encarga de la producción, mientras que Enel Distribución Chile S.A. gestiona el suministro a los hogares. Ambas sociedades son controladas por Enel S.p.A. y tienen como representantes legales a Raúl Candia Rapiman, Felipe Muñoz Álamos, Carlos Muñoz Figueroa y Pablo Alarcón Constanzo.
Las diferencias entre las firmas se expresan principalmente en sus directorios. En Enel Generación, la presidencia recae en Julio Pellegrini, acompañado por los directores Elisa Galán, Giuseppe Conti, Gaetano Guarnaccia y Ester Cures. En tanto, Enel Distribución es presidida por Ludovica Parodi, junto a Riccardo Tosi, Julia Freitas de Alcántara, Mónica Cataldo y Juan Ortiz.
A nivel corporativo, Enel Chile es presidida por Marcelo Castillo y su directorio lo integran Gina Ocqueteau, Pablo Cruz, Salvatore Bernabei, Rodolfo Avogadro, María Teresa Vial y Valentina de Cesare.
Tras los prolongados cortes de suministro registrados durante el sistema frontal de agosto de 2024, el Gobierno puso en entredicho la continuidad de la concesión de la firma italiana. Consultado por El Desconcierto, el Ministerio de Energía señaló que la SEC se encuentra recopilando los antecedentes correspondientes.
Desde la Superintendencia, en tanto, explicaron que están elaborando el informe técnico, el cual debería estar listo entre diciembre y febrero, para luego ser remitido al Ministerio de Energía y, posteriormente, al Presidente de la República.
En el ámbito ambiental, la empresa italiana registra seis procedimientos sancionatorios ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), todos con resolución satisfactoria.
Junto a Enel, otras grandes empresas generadoras del país son Colbún S.A., con centrales hidroeléctricas y termoeléctricas; AES Andes S.A., con operaciones térmicas e hidráulicas; y Engie Energía Chile, cuya generación térmica se concentra mayoritariamente en el norte del país.
En el segmento de la transmisión, una de las firmas más relevantes es Transelec, empresa de origen colombiano a la que se le atribuyó responsabilidad en el megapagón del 25 de febrero. La compañía registra una sanción de la SMA por poco más de $1.000 millones y es propietaria de una extensa red de líneas de alta tensión.
Completan este grupo CGE Transmisión —parte del conglomerado chino State Grid—, ISA Chile y Saesa. Tanto CGE como Saesa también participan en la distribución del suministro, junto a Enel y Chilquinta Energía, que abastece principalmente a las regiones de Valparaíso y del Maule.
