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Funcionario del Ejército golpeó y fracturó a maestro constructor: Suprema confirma que debe pagarle $10 millones
Agencia Uno

Funcionario del Ejército golpeó y fracturó a maestro constructor: Suprema confirma que debe pagarle $10 millones

Por: Horacio Gutiérrez Areyte | 10.12.2025
La Corte Suprema dejó a firme la indemnización de $10 millones fijada a un funcionario del Ejército condenado por agredir y fracturar a un maestro constructor en Punta Arenas, tras declarar inadmisible un recurso de casación en la forma.

La historia se remonta a agosto de 2022, cuando un trabajador de la construcción realizaba labores en una vivienda de Punta Arenas tras haber sido contratado para avanzar en una obra que llevaba semanas de ejecución.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, durante esa mañana, una discusión por el estado del trabajo escaló hasta convertirse en una agresión física: el funcionario del Ejército involucrado golpeó al maestro constructor con puños y pies, lo que provocó que este cayera al suelo.

Según la sentencia penal dictada con posterioridad, cuando intentaba reincorporarse, recibió el impacto de una piedra lanzada por el agresor, la cual fracturó su pierna izquierda.

El diagnóstico médico acreditó policontusiones, traumatismo encéfalo craneano leve y una fractura de peroné, lesiones calificadas como graves.

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Tras esos hechos, la víctima demandó civilmente en busca de reparación.

El Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas acogió su solicitud y fijó indemnizaciones por daño emergente y por daño moral.

Sin embargo, al revisar el caso, la Corte de Apelaciones redujo el monto del daño moral a $10.000.000, argumentando que esa cifra se ajustaba mejor a la magnitud del perjuicio demostrado durante el juicio.

La parte demandante intentó anular esa decisión mediante un recurso de casación en la forma, sosteniendo que la reducción no estaba debidamente fundamentada.

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El caso llegó a la Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por las ministras María Soledad Melo y Jessica González, el ministro Jorge Zepeda y las ministras Eliana Quezada y María Carolina Catepillán.

El máximo tribunal concluyó que la sentencia cuestionada sí contenía las razones para fijar el monto indemnizatorio y que las objeciones planteadas eran de carácter sustantivo, no formal.

Por ello, declaró inadmisible el recurso y dejó a firme la obligación del funcionario del Ejército de pagar $10 millones por concepto de daño moral.

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