Tras perder a su esposa y caer en crisis emocional trabajador recibió 17 rechazos de licencias: Corte ordena pagarlas
La historia comenzó con el deterioro de la salud de la esposa del trabajador, quien desde 2022 enfrentó una enfermedad neurológica de evolución rápida y sin tratamiento, lo que implicó hospitalizaciones, pérdida progresiva de autonomía y un cuidado permanente dentro del hogar.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, durante ese periodo, él tuvo que asumir completamente las labores de cuidado, además de la crianza de sus dos hijas, en un contexto sin redes de apoyo.
La situación se agravó en junio de 2024, cuando su cónyuge falleció, un hecho que —según los informes clínicos aportados— desencadenó un cuadro psiquiátrico severo caracterizado por estrés grave, insomnio, agotamiento físico y emocional, y síntomas ansiosos y depresivos que le impidieron trabajar con normalidad.
Ante este escenario, su médico psiquiatra indicó un tratamiento farmacológico y reposo laboral.
Entre 2023 y 2024, el trabajador presentó varias licencias médicas de origen psiquiátrico, pero 17 de ellas fueron rechazadas por Compin y posteriormente por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó los rechazos en julio de 2025.
Las resoluciones se basaron en expresiones generales como “reposo prolongado” y “sin causa médica que justifique el reposo”, sin detallar qué antecedentes clínicos se evaluaron ni por qué se estimaba suficiente el reposo ya autorizado.
El caso llegó a la Corte de Apelaciones de Concepción, donde intervino el ministro Jordán como redactor del fallo.
Los jueces revisaron los antecedentes y concluyeron que tanto Compin como Suseso emitieron decisiones sin fundamentación adecuada.
El tribunal destacó que no hubo análisis individual de cada licencia, no se ponderaron los informes del psiquiatra tratante ni el contexto clínico y familiar del trabajador, y tampoco se utilizaron las facultades investigativas disponibles, como solicitar exámenes, informes complementarios o entrevistas clínicas.
La Corte señaló que las autoridades “se limitaron a fórmulas estereotipadas”, lo que calificó como un actuar arbitrario y contrario al deber de motivación que exige la ley.
Además, reconoció que el rechazo de los subsidios afectó derechos fundamentales como la integridad psíquica, la salud, la seguridad social y el patrimonio del trabajador.
Finalmente, el tribunal acogió el recurso y ordenó pagar los subsidios asociados a las 17 licencias médicas rechazadas.
