Un oasis para la gobernabilidad
Luego de la contienda electoral del domingo 16 de noviembre, los resultados refrendan la idea de que la política chilena transita por un periodo marcado por la fragmentación y la ausencia de un horizonte de país en el largo plazo.
Candidatos presidenciales que no superan el 30% de las preferencias y una multiplicidad de listas parlamentarias que no logran consolidar una representación que habilite condiciones mínimas de gobernabilidad, son fenómenos que, en vista de un nuevo gobierno, debiesen ser objeto de una profunda revisión en los primeros meses de la siguiente administración.
Los datos de los comicios presidenciales y parlamentarios de 2025 son reveladores. En el caso de las elecciones legislativas, se presentaron un total de 11 listas. Por la derecha y centro derecha, se registraron dos pactos: “Chile Grande y Unido” y “Cambio por Chile”. Mientras que el primero estuvo integrado por cuatro partidos, el segundo se conformó por tres. En el centro, el “Partido de la Gente” y “Amarillos por Chile” presentaron sus propias listas.
En cuanto a la izquierda y centroizquierda, las listas se repartieron en cinco. “Unidad por Chile”, la principal lista del oficialismo se configuró a partir de la alianza de siete partidos políticos. La segunda lista del gobierno se inscribió bajo el nombre de “Verdes, Regionalistas y Humanistas”, compuesto por dos partidos. Respecto a las listas restantes, el “Partido de Trabajadores Revolucionarios”, el “Partido Popular”, el “Partido Alianza Verde” y la “Izquierda Ecologista Popular y Animalista” compitieron de manera individual en las elecciones.
Tras los resultados, la correlación de fuerza de las listas se distribuyó en 18 partidos en la Cámara de Diputadas y Diputadas. En cuanto al Senado, la representación partidaria se diseminó en 17 partidos. Vale decir, solo cinco pactos de los once lograron obtener escaños en el Congreso.
La Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos establece que un partido mantiene su condición legal en la medida que cumpla uno de los requisitos contemplados en la normativa: obtener un mínimo del 5% de la votación en la última elección o alcanzar un número, igual o superior, de cuatro legisladores en al menos dos regiones diferentes. En consecuencia, a partir del escrutinio del 16 de noviembre, un total de 13 partidos no lograron ajustarse a ninguno de los umbrales señalados en la legislación.
Aunque los temas que mayormente concentran la agenda de los candidatos que se enfrentarán en segunda vuelta están asociado a la seguridad y el crecimiento económico, una derivada que resulta urgente de resolver es la configuración de nuestro sistema político. Existen buenas razones para impulsar modificaciones importantes en esta materia durante la primera etapa del próximo gobierno: un periodo de “luna de miel”, la ausencia de elecciones y la necesidad de empujar cambios estructurales en la relación Ejecutivo-Legislativo.
Los primeros meses de un gobierno son clave para cimentar las principales obras de la administración entrante. Típicamente, durante los primeros 100 días de gobierno, los presidentes gozan de buena aprobación debido al respaldo inicial que la ciudadanía les brinda tras la elección y el beneficio a la duda de quienes evalúan su desempeño. Gobernantes que presumen de una positiva valoración pública suelen ser atractivos para los legisladores, puesto que la tentación por ser percibidos de manera favorable los induce a ser más condescendientes con la voluntad de un presidente popular.
La culminación de un ciclo político cruzado por sucesivas elecciones abre una oportunidad única. Luego de haber enfrentado elecciones de manera consecutiva a partir de 2020, entre 2026 y 2027 no se celebrarán nuevos comicios. Un momento propicio para tramitar reformas que no estén contaminadas por intereses particulares que subviertan el propósito de mejorar los canales de entendimiento entre el Congreso y el gobierno. Resulta comprensible suponer que en periodos de ausencia electoral la convivencia entre los partidos debiese ser menos hostil e intransigente.
El tercer argumento se orienta hacia un diagnóstico consensuado sobre el debilitamiento institucional que produce la falta de acuerdos y la tardía respuesta política a los problemas públicos. La alta atomización del sistema de partidos cultiva un clima de fragmentación que inhiben soluciones eficientes y efectivas para la ciudadanía. Adicionalmente, representantes políticos que cambian de manera sucesiva su adscripción política, amenazan los principios de representación y accountability, fundamentos que son constitutivos de una democracia moderna.
Si bien la ley obligará a la disolución de aquellos partidos que no lograron cumplir con los requisitos mínimos en estas elecciones, los esfuerzos por reducir el número aún no son suficientes. A su vez, una parte importante de los legisladores que resultaron electos asumirán sin partido político, lo que agudiza los cuestionamientos sobre los intereses que realmente buscan representar.
Estas son algunas pruebas de las debilidades de nuestro sistema político que merecen ser sometidas a examen. Sin embargo, cabe advertir que no se debe avanzar en condensar únicamente la cantidad de partidos sin una debida mejora de su funcionamiento y propósito.
En definitiva, indistintamente de quién triunfe en la elección del 14 de diciembre, lo cierto es que es posible vislumbrar un oasis en favor de la gobernabilidad: un terreno fértil para redibujar las bases de una institucionalidad emponzoñada por la falta de diálogo y el escaso acuerdo de quienes tienen como tarea principal responder oportunamente a las necesidades de sus representados.
La voluntad política de quienes tomarán las decisiones en el próximo ciclo político estará desafiada por el convencimiento de quienes no ven la democracia como un régimen político que interprete los anhelos de una sociedad agotada de la política jibarizada. La ventana de oportunidad está abierta.
