El turbio prontuario de José Antonio Kast: Una biografía de ilegalidad, intolerancia y antidemocracia

José Antonio Kast cuenta con un historial de irregularidades, posturas intolerantes y propuestas regresivas que amenazan los avances democráticos y sociales. Su opaca trayectoria empresarial, su defensa de la dictadura, su tirria por los derechos civiles hablan por sí mismas. He aquí parte de estos turbios antecedentes:

El Caso Penta lo muestra solicitando personalmente financiamiento ilegal a Hugo Bravo por más de $10 millones vía boletas falsas, negando conocerlo pese a las evidencias.

Mientras los Panamá Papers revelan que, junto a su hermano Christian, controló tres sociedades offshore -Foods & Merchandising Investments Inc., Latin America Real Estate Investments Co. S.A. y Austral Inversiones S.A.- con un capital de US$36,5 millones en 2006, sin declararlas en sus patrimonios de 2013 y 2014, eludiendo impuestos y beneficiándose hasta que las acciones fueron traspasadas a un trust.

Según la Fundación SOL, el 1% más rico acapara el 49,8 % de la riqueza total de Chile. Kast tiende a capitalizar el descontento con la élite corrupta, pero defiende el libre mercado solo para los suyos.

Declaraciones como “La Moneda se rinde ante una dictadura gay” (2017), su oposición al matrimonio igualitario (“no procrean”) y la defensa de Alberto Plaza contra Daniela Vega, junto al rechazo al aborto incluso en violaciones a menores de edad, exponen una intolerancia que Julieta Kirkwood interpretaría como eco estructural del patriarcado.

En el asesinato de Camilo Catrillanca, defendió a Carabineros, lo llamó “accidente” y exigió más represión mientras sus seguidores tildaban al joven mapuche de “terrorista”. José Bengoa, en El Mostrador (2023), critica esto como “genocidio lento” que perpetúa la colonialidad, ignorando la militarización de La Araucanía, con un aumento del 300% en detenciones arbitrarias post-2018 según el INDH.

Visitas a Punta Peuco (dudando de la culpabilidad de Krassnoff), apoyo explícito a Pinochet (“votaría por él”) y fotos con alusiones a la Caravana de la Muerte reviven traumas, negando las más de 37.000 detenciones políticas del Informe Valech.

Su respaldo a Jair Bolsonaro el año 2018, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en 2022, felicitándolo como “triunfo de la libertad” y regalándole El Ladrillo, lo inserta en la derecha radical transnacional.

En lo ambiental, propuso intervenir ríos (“¡botan agua al mar!”) y “cazar especies nativas”, mientras su proyecto Parque Zandía (Paine) fue reprobado por irregularidades hídricas y violación del Plan Regulador.

Acusaciones falsas contra Bachelet, Boric o el INDH, y ser el candidato con más falsedades en los debates de 2021, son el epítome de que Kast usa mentiras para horadar la confianza legitimando un “sentido común” antiizquierda.

Esta desinformación se extiende a campañas digitales financiadas por la Asociación de AFP a través de la Fundación Ciudadanos en Acción, dirigida por Bernardo Fontaine, miembro del comando de Kast, que ha invertido más de $203 millones en promoción de influencers y trolls para oponerse a reformas al sistema de pensiones y atacar rivales como Evelyn Matthei y Jeannette Jara con campañas de acoso y fake news (Reportea). Fontaine niega vínculos directos, pero ejecutivos de Artool confirman colaboraciones para viralizar contenido pro AFP.

Sus posiciones contrarias a retiros de AFP, nueva Constitución, aborto, feminismo e identidad de género; y a favor de indultos a presos de Punta Peuco, pensiones de las FF.AA. y religión obligatoria, son regresivas y elitistas.

Alberto Mayol lo define como “restaurador colapsista”, que ignora desigualdades favoreciendo a las FF.AA. sobre jubilados. Jürgen Habermas vería un “déficit deliberativo” que cierra el diálogo democrático.

Otro caso de opacidad surge con el Colegio Campanario (privado), vinculado al movimiento católico Schoenstatt, donde Kast es accionista mayoritario desde 1998 vía Inmobiliaria Padua (99,5 % del capital), junto a su cónyuge María Pía Adriasola y su hijo Nicolás en el directorio; el colegio generó utilidades de $180 millones en 2021, pero Kast nunca las declaró en su patrimonio, pese a legislar en educación como diputado (incluyendo la LGE y la acusación contra Yasna Provoste por irregularidades en subvenciones), generando conflictos de interés no transparentados. Kast tiene doble moral en temas públicos, como la educación, donde defiende el lucro en colegios privados mientras oculta su propio beneficio.

Finalmente, si su programa se implementara, el acceso a la salud, la educación, la seguridad social, etcétera, dejaría de ser un derecho y pasaría a depender del bolsillo de cada ciudadano. Un Chile donde la dignidad se compra y la vulnerabilidad se castiga. El Estado deja de ser garante de lo común para transformarse en custodio de privilegios. Por eso, el debate no es entre izquierda y derecha, sino entre un país que se reconoce plural, democrático y solidario, y otro que retrocede hacia la obediencia, el miedo y la desigualdad como norma.