Salud mental y bienestar colectivo: Insistir desde una perspectiva de Derechos Humanos
El pasado mes de octubre se conmemoró nuevamente el Día Mundial de la Salud Mental, declarado así por la OMS y la Federación Mundial de la Salud Mental en 1992. En esa línea, y considerando que en este momento la discusión política de cierto sector de candidatos presidenciales apunta a disminuir o recortar recursos públicos, se vuelve necesario insistir en pensar y realizar acciones en torno a la salud mental que consideren la integración de una perspectiva de Derechos Humanos.
Al respecto, es importante posicionarse desde una mirada crítica hacía aquellos discursos que sitúan la salud mental como un atributo individual, desconectada de la complejidad del contexto más amplio y la estructura social, política y económica en la que nos desenvolvemos.
Mencionar allí que las indagaciones académicas nos indican que son diversos los factores que influyen en la salud mental de los colectivos y comunidades, arrojando que la discriminación, las violencias y las socio-vulnerabilidades estructurales (Ribotta, 2020) afectan y traen consigo consecuencias importantes en la salud psíquica.
A modo de ejemplo, desde el campo de estudios de género, se ha venido revelando que los trastornos ansiosos y depresivos diagnosticados a las mujeres, generalmente tienen relación con que estas ejercen mayormente labores domésticas, de cuidado y de crianza (Kendall-Tackett, 2005; Ussher, 2015).
Para el caso de las personas mayores, factores como el económico, el aislamiento, la soledad y la conflictividad familiar, son de riesgo para su bienestar (Calderón-Cholbi et al., 2021). Así también, quienes son parte de la comunidad LGBTQI+, tienen una mayor probabilidad de enfrentarse a situaciones de discriminación e incidentes de odio que aquellas que no lo conforman, lo que trae consigo consecuencias psicológicas, entre ellas, la ideación suicida (Azabal & Arruabarrena, 2023).
En el caso de las niñeces y juventudes, las indagaciones nos expresan que la violencia y el maltrato, tanto físico, sexual como emocional, están relacionados a malestares mentales de diferente complejidad (Vare et al, 2012). Si prestamos atención a la situación de las infancias migrantes, la precariedad económica y el status migratorio (no tener documentos o tener calidad de refugiado, por ejemplo) implica riesgos específicos para su salud mental (Ureña-Molina, Mclaughlin-Anderson & González-Ortega, 2024).
La síntesis anterior, da cuenta de que caminar hacía un mayor “bienestar mental” trae consigo el desafío de transformar aquellos factores que dan lugar a amenazas y/o violencias, que favorecen la emergencia de malestares subjetivos*.
En razón de ello, si bien es importante garantizar una atención clínica oportuna en situaciones de salud mental y fortalecer las instituciones y profesionales con formación pertinente en este campo, se vuelve igualmente indispensable colocar esfuerzos integrales en políticas, iniciativas y acciones (comunitarias y/o colectivas) que se orienten a transformar las vulnerabilidades socio-estructurales que favorecen la afectación diferenciada de la salud mental de aquellos colectivos más afectados.
En esa línea, el impulso debiera dirigirse a continuar avanzando en el fortalecimiento de políticas abocadas a dar garantía de derechos en materia de género, personas mayores, disidencias sexuales y de género y niñeces (con especial atención a las niñeces migrantes).
Así, cuestiones como la ampliación de instancias programáticas que favorezcan el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres, fortalezcan su autonomía laboral y económica y brinden un adecuado acompañamiento integral ante situaciones de violencia, son fundamentales. En relación al segmento de personas mayores, es urgente que se puedan otorgar pensiones dignas que permitan que este grupo pueda continuar desarrollándose en esta etapa vital, abrir más espacios para que participen activamente, fomentar el ejercicio físico adecuado y propiciar entornos en los que puedan seguir explorando y descubriendo nuevos intereses.
En cuanto al colectivo LGTBIQ+, se deben impulsar medidas que favorezcan entornos educativos, laborales y de salud libres de violencias y discriminación, en razón de la orientación sexual y la identidad de género. Finalmente, sobre las infancias, es dable recordar que nuestro país tiene suscrita la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1990) y que los organismos internacionales han señalado la importancia de asegurar el acceso a la educación, la salud y la vivienda para aquellos niños y niñas migrantes.
Hablar de derechos es hablar de generar condiciones que permitan que nuestra vida y la vida de la comunidad de la que somos parte pueda desarrollarse de manera adecuada, permitiéndonos avanzar conjuntamente hacía un vivir que resulte más amable y satisfactorio para todas las personas.
*Para formular este enunciado me baso en el Marco PAS aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-1.pdf, según el cual los factores biológicos siempre están interrelacionados con aspectos psicológicos y contextuales, no actuando por sí solos ni siendo la “única causa” del malestar psíquico/mental.
