Creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas abre debate sobre transparencia y participación en la definición de sitios prioritarios
La puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), creado por la Ley 21.600, ha abierto un amplio debate sobre cómo el país protegerá su patrimonio natural sin comprometer el desarrollo de los territorios.
La discusión se ha centrado en la definición de los sitios prioritarios para la conservación, un instrumento clave del nuevo marco ambiental.
Durante la sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, parlamentarios y representantes de distintos sectores coincidieron en que el proceso debe avanzar con criterios técnicos claros, transparencia y participación efectiva de las comunidades.
"Escuchar a quienes habitan los territorios"
La diputada Carolina Marzán (Región de Valparaíso) señaló que “esta es una oportunidad para construir una mirada de país que proteja su naturaleza y, al mismo tiempo, impulse desarrollo con justicia territorial”.
La parlamentaria demás destacó que el debate sobre los sitios prioritarios “representa el desafío de cuidar lo irremplazable -el agua, los suelos, los bosques y los mares- sin frenar la vida productiva de las regiones”.
En esa línea, valoró la decisión del Ministerio del Medio Ambiente de extender los plazos del proceso, subrayando que ello permite “escuchar a quienes habitan los territorios: pescadores artesanales, pueblos originarios, agricultores, científicos, organizaciones ambientales y al mundo rural que convive día a día con la biodiversidad”.
Lugares que quedaron fuera de los sitios prioritarios
La controversia también se ha reflejado en la exclusión de ciertos espacios de alto valor ecológico, como los Acantilados de Quirilluca, en Valparaíso, que quedaron fuera de la propuesta preliminar de sitios prioritarios pese a su reconocimiento científico y ambiental.
En respuesta, más de 270 organizaciones de la sociedad civil han solicitado revisar los actos administrativos que definieron la cartografía inicial del SBAP.
Según plantean, el objetivo no es frenar el desarrollo, sino construirlo con coherencia, ciencia y respeto a la vida, entendiendo que proteger la biodiversidad también significa resguardar los suelos agrícolas, el agua para consumo humano y la salud de las comunidades.
Transparencia, participación ciudadana y revisión científica
Desde el Congreso se han propuesto tres acciones para fortalecer el proceso: Transparencia total: publicar los criterios técnicos, los polígonos incluidos y excluidos, y las razones de cada decisión; Participación vinculante: integrar a comunidades locales, academia, pueblos originarios y sectores productivos; y Revisión científica: reconsiderar los sitios excluidos, como Quirilluca, antes de posibles transformaciones irreversibles.
La creación del SBAP marca un hito en la política ambiental chilena. Su éxito dependerá, según coinciden diversos actores, de que el proceso de implementación combine rigurosidad técnica, justicia territorial y participación real en la toma de decisiones que definirán el futuro de la biodiversidad del país.
